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La Comunidad lidera un proyecto europeo de investigación para predecir riesgos de exclusión con datos como se hace con terremotos
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La Comunidad lidera un proyecto europeo de investigación para predecir riesgos de exclusión con datos como se hace con terremotos

martes 10 de abril de 2018, 17:13h
La Junta de Castilla y León lidera un proyecto europeo de investigación para intentar predecir riesgos de exclusión y oportunidades de las personas que pueden acudir a los Servicios Sociales mediante el manejo de datos como se hace en campos como el de los terremotos o la aeronáutica con el fin último de mejorar la Red de Protección con la que cuenta en este ámbito.

Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, durante una jornada de presentación de este proyecto, denominado 'Modelo de gestión proactiva del caso' (PACT por sus siglas en inglés), el cual está cofinanciado por la Unión Europea tras su selección de entre más de 1.300 solicitudes.

Este proyecto, aún en fase de investigación y cuyos datos se obtendrán previsiblemente a finales de año, se lleva a cabo en asociación con los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid, la Diputación de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN).

El objetivo, ha señalado la consejera, es buscar, a través del trabajo en red, soluciones a personas en riesgo de exclusión o que ya se encuentren en esta situación, para lo que se trabaja en un ámbito organizativo mediante un modelo colaborativo público-privado; a través del plano profesional, con la intervención tanto del Tercer Sector como de las administraciones; y el uso de ingeniería de datos y otras técnicas para orientar el sistema hacia la prevención y la proactividad.

A este respecto, Alicia García ha señalado que se trata de lograr un modelo predictivo a la hora de ver cuándo una persona va a necesitar o no la atención de los Servicios Sociales.

En estos momentos el proyecto está en fase de investigación --trabajan en el mismo 100 profesionales de entidades públicas y privadas--, para lo que se trabaja en estos ámbitos con 184 casos de personas que perciben Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de comparar los resultados entre este grupo de estudio y otros casos para comprobar si existen diferencias significativas en cuanto a la integración sociolaboral entre las personas con las que se ha trabajado en este proyecto y el resto de casos de comprobación.

Avances

A pesar de que los resultados no se conocerán hasta finales de año, la consejera ha incidido en que se ha avanzado en dos ámbitos, por un lado en el enfoque poblacional, que permite analizar, investigar y conocer los riesgos y oportunidades de las personas antes de que se produzcan, lo que serviría para lograr un sistema "más eficaz y eficiente" para predecir las situaciones y "preparar" a las personas y no sólo "reparar".

Así, ha señalado que se hace un trabajo con datos que ya tienen y la ingeniería de datos que permiten dotar de herramientas a los profesionales para lograr ser "predictivos" en la atención a las personas, de una manera similar a la que se utilizan los datos en la aeronáutica o en la predicción de terremotos, de manera que se vaya "con las largas" y se pueda anticipar.

Alicia García ha agregado que se trata de innovar en un proyecto para mejorar la Red de Protección a las Familias y ha destacado la importancia de dotar de herramientas a este sistema, que ya cuenta con herramientas como el manual de intervención, la historia social o el trabajo en red, entre otras.

Aunque este trabajo es piloto, la idea es que se pueda extender a toda la Comunidad y no sólo a los ayuntamientos que participan y, al tratarse de un proyecto europeo, también sirva para otros países de la Unión.

Precisamente el presidente de EAPN, Daniel Duque, ha valorado este proyecto porque considera que la protección social ha "cambiado" y es necesario tener herramientas que permitan también modificar los protocolos de intervención.

Trabajo de la red

Precisamente la consejera ha aportado algunos datos de balance de la Red de Atención durante el año 2017, cuando se atendió a 190.539 personas, 6.400 más que en 2016. La Junta destinó a esta Red de 2017 un total de 191 millones de euros, lo que supone un incremento de 8 millones de euros respecto al año anterior.

Según estos datos, descienden las prestaciones relacionadas con la subsistencia, ya que se atendió a través de este tipo de prestaciones a 110.945 personas, lo que supone un descenso del 1 por ciento respecto a 2016, en el que se atendió a 112.090 personas.

Dentro de este tipo de prestaciones de subsistencia descienden las personas que han necesitado ser atendidas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un 4 por ciento de las 38.060 en 2016 a las 36.643 personas en 2017; descienden un 3 por ciento las personas que han necesitado atención a través de ayudas para necesidades básicas de urgencia social, de las 30.776 en 2016 a las 29.827 en 2017, aunque el descenso más acusado, con un 14 por ciento, se experimenta en el servicio de entrega de alimentos, tanto el urgente como el ordinario, que pasa de ser requerido en 2016 por 27.013 personas a las 23.145 de 2017, 3.868 menos.

Lo que más incrementa son las prestaciones profesionales, un 20 por ciento, pasando de atender a 46.690 personas en 2016 a las 59.586 en 2017. En este ámbito se incrementa un 25 por ciento el uso del servicio de información y orientación laboral a personas desempleadas, que pasa de atender a 10.360 personas en 2017 a las 13.012 personas en 2017; y crecen también la utilización de los servicios de apoyos técnicos para personas vulnerables que pasan de 37.040 usuarios de los mismos en 2016 a 39.120 usuarios en 2017, un 6 por ciento más.

También crecen las prestaciones destinadas a favorecer el empleo, un 2 por ciento, con un total de 20.008 personas apoyadas para promover su empleabilidad en 2017 frente a las 19.600 de 2016. En estos programas de empleo destacan los contratos de inserción, que han permitido la contratación de 5.570 personas, un 13 por ciento más que en 2016, y también el programa personal de integración y empleo, que apoyó a 636 personas, 438 más que en 2016, duplicando el apoyo ofrecido en 2016.

Aumentan programas como el de medidas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, que pasa de los 8.870 en 2016 a los 10.643 en 2017, lo que supone 1.773 personas más atendidas, o las prestaciones económicas para necesidades básicas de la vivienda como luz o agua, que atendieron a 8.916 personas en 2016 y a 10.076 en 2017, 1.160 personas más.
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