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La Junta primará a empresas que empleen a personas en riesgo de exclusión y sean activas en materia de conciliación
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La Junta primará a empresas que empleen a personas en riesgo de exclusión y sean activas en materia de conciliación

miércoles 04 de abril de 2018, 15:24h
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha avanzado que se primará el acceso a subvenciones en el ámbito de la contratación pública a aquellas empresas que empleen a más personas de colectivos desfavorecidos y a las que sean más activas en materia de igualdad y conciliación, al tiempo que se excluirán a las que hayan sido sancionados por incumplir sus obligaciones en esta materia.

Así lo ha señalado durante la inauguración de la jornada 'Oportunidades de Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público'. En este marco, el presidente del Ejecutivo regional ha hecho un repaso de los logros de la Administración en la materia y ha detallado los principales retos a los que se enfrenta.

En este punto, Herrera ha destacado la intención de su Gobierno de aprobar un nuevo acuerdo en materia de "responsabilidad social" en la contratación, dirigido a "mejorar los porcentajes de reserva", "establecer cláusulas obligatorias" en todos los contratos, en especial los de servicios, y "extender los proyectos de inserción socio-laboral" a todos los contratos de obra a partir de una determinada cuantía, a los que se exigirá "un mínimo de un dos por ciento de horas" por parte de trabajadores en inserción.

Además, ha ahondado en que buscará firmar un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias para que estas políticas se implanten en las entidades locales y poner "en común" modelos y pliegos-tipo que faciliten la extensión de estas prácticas.

El presidente de la Junta ha resaltado la necesidad de trasladar esta filosofía de la contratación administrativa al ámbito de las subvenciones públicas. Por ello, ha avanzado, que se pretende "primar" en el acceso a ellas a aquellas empresas que empleen a más personas de colectivos desfavorecidos o apliquen medidas más activas de igualdad y conciliación, así como excluir del acceso a estas subvenciones a las empresas que, por el contrario, hayan sido sancionadas por incumplir sus obligaciones en estas materias.

El presidente de la Junta ha recordado que este enfoque se ha aplicado, en interacción sobre todo con el Tercer Sector, en sus actuaciones ampliando hasta el diez por ciento la "reserva" a personas con discapacidad en las ofertas de empleo o con la promoción de convocatorias "específicas" para personas con discapacidad intelectual. Por esta vía, ha anunciado, en este mes se darán ya las primeras tomas de posesión de personal laboral fijo.

Una hoja de ruta, ha insistido, que ya se aplicó en 2012, ejercicio en el que se aprobó un acuerdo sobre directrices vinculantes para los órganos de contratación y que fijó una reserva del 6,5 por ciento de los contratos para los Centros Especiales de Empleo e introdujo cláusulas sociales.

Las medidas, ha continuado, se "reforzaron" en 2016, ampliando aquella reserva a un 6,8 por ciento de los contratos, incluyendo, además de los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción y estableciendo cláusulas sociales-tipo, para "facilitar" que los gestores las incorporasen en los pliegos, creando así, ha puntualizado, un "Banco de Buenas Prácticas".

Según ha destacado el presidente de la Junta, los resultados de todas estas medidas están siendo "muy positivos". Así, al cierre de 2017 y "después de navegar por los mares profundos de la crisis", existían en Castilla y León 209 Centros Especiales de Empleo, con cerca de 5.500 personas con discapacidad trabajando en ellos.

Desde 2012, la Junta de Castilla y León ha reservado a estos centros más de 2.150 contratos, por un importe total de 30,6 millones, y se ha incrementado del 50 al 75 por ciento la financiación pública de los nuevos contratos a las personas con discapacidad más severa por parte de los centros. Además, ha recordado, el 80 por ciento de los contratos adjudicados por la Administración autonómica incorporan ya cláusulas sociales, lo que en 2017 supuso más de 600 millones.

Herrera ha puntualizado que a finales de 2017 se licitó el primer contrato que incorporó un proyecto de inserción socio-laboral como es la ampliación y reforma del Hospital de Soria, que contempla la contratación de 14.600 horas de trabajo por personas en situación o riesgo de exclusión.

Un conjunto de esfuerzos, ha añadido, que ha supuesto el reconocimiento de entidades como el CERMI nacional.

Diálogo social

Dentro del marco del Diálogo Social, Herrera ha recordado que el pasado mes de febrero se firmó un acuerdo "por la calidad del empleo" en los contratos de servicios que licite la Junta, mediante el cual se refuerza el "carácter social" de sus pliegos para promover la contratación de más personas con discapacidad "de las que exige la ley", el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la protección de la salud laboral.

Además, y también fruto del Diálogo Social, se alcanzó un importante acuerdo en materia de conciliación, por el que se pacta un primer borrador de la futura Ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. "Las cláusulas sociales en el ámbito de la igualdad y de la conciliación son una herramienta importante para potenciar estas políticas", ha incidido el presidente de la Junta.

Esta normativa que supondrá, según ha valorado, la primera ley de esta naturaleza que se impulse en España, plantea la visión de un futuro Sistema Público de Conciliación aplicando la experiencia del Sistema de Atención a la Dependencia que Castilla y León que a nivel autonómico "lidera" Castilla y León en los últimos años.

Según ha explicado el presidente de la Junta, la clave está en el compromiso con los servicios profesionales, que también debe trasladarse al ámbito de la conciliación. Así, ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en marcha en España un sistema de conciliación que cree puestos de trabajo para jóvenes; que ayude a las familias en el momento de mayor dificultad en la crianza de sus hijos; que genere retornos a las arcas públicas; que contribuya a la lucha contra la despoblación y actúe sobre uno de los principales factores de la brecha laboral entre mujeres y hombres.

Herrera ha recordado el amplio consenso político alcanzado en la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que acaba de entrar en vigor y supone "un paso de gigante hacia un sistema de contratación pública más avanzado, moderno y solidario".

Por último ha señalado, al recordar que la contratación de las administraciones públicas supone aproximadamente un 20 % del PIB español, que la aplicación de políticas de responsabilidad social en este amplio ámbito supone que la Administración estará cumpliendo "mejor sus fines y, por tanto, siendo más eficaz y eficiente".
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