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La permanente prisión mediática

viernes 16 de marzo de 2018, 15:37h
La verdad es que no acabo de tenerlo claro. Conmovido como cualquier persona que tenga hijos o no los tenga, ni siquiera sé si la pena en cuestión está diseñada para un caso como el que ha sucedido en estos días y si sería eficaz, salvo para que la culpable no volviera a delinquir fuera de la prisión. Esto ya es algo, pero al observar el modo de proceder de varios medios de comunicación y la crueldad desconsiderada de ciertos parlamentarios, he preferido no imaginar lo que ellos mismos serían capaces si la ley se lo permitiera.

De entre los argumentos en contra de la cadena perpetua, se incide en la reinserción individual. Se dice que la anula como uno de los fines de la pena, y en contra, que pretende aplicarse de modo excepcional y que es discutible que ninguna cárcel del mundo pueda ser la mejor escuela de reinserción. ¿Tienen derecho a ella ciertos delincuentes?. Porque se trata de eso, y se discute si sirve o no el carácter revisable de la pena. Estoy seguro que quien haya llorado estos días, lloraría también viendo a Burt Lancaster en el hombre del Alcatraz. Nuestras cárceles están entre las mejores de Europa y hay públicos casos de sujetos que han conseguido –no sin mucho esfuerzo- volver a una vida normal. En nuestra vida profesional todos los abogados conocemos varios casos de cerca, y en ocasiones con cierta satisfacción por haber colaborado en la rehabilitación. Veremos si la medida da la razón a quienes arguyen que las leyes pueden cambiar la naturaleza humana. A pesar de esta polémica, personalmente creo que Tomás Moro tenía razón en su Utopía al concluir que cuando el delito es la única alternativa posible para el sujeto, no hay ley capaz de reprimirlo. Por eso no creo demasiado ni en la prevención general ni en la especial de la pena, sino más bien en la capacidad de aplicar la ley de los estados, que se basa más en garantizar una buena educación y estabilidad económica que en legislar a golpe de noticia. Por eso los estados fallidos suelen ser los lugares más peligrosos del planeta.

Me preocupa más la eficacia de la prisión permanente y su influencia en la Justicia. Es frecuente oír a un preso común que se “comió” tal o cual “marrón” de otro delincuente, pero que al fin y al cabo pena también por aquellos que “no se ha comido”. Se alega una y otra vez que las penas absolutas favorecen los crímenes en serie, porque quien sabe que la condena va a ser la misma le dará igual seguir cometiendo crímenes hasta que le pillen y tendrá un esfuerzo añadido en buscar en cada crimen el crimen perfecto. Además, los delincuentes pactan más de lo que se cree. Resulta inquietante que en la actualidad y debido a las redes sociales y la delincuencia organizada, pueda haber delincuentes que asuman crímenes no resueltos una vez que tengan la seguridad de la condena. Entre estas redes hay desde todo tipo de mafias de la droga hasta pederastas. No es descabellado pensar que esto pueda producirse o incluso extenderse, y sería un modo de conseguir una mejor vida en prisión si no se va a tener beneficio penitenciario alguno. Se sospecha que ocurre en otros países con la medida establecida, ocurre también en España sin ella, y me pregunto si no lo favorecerá.

El equilibro es muy difícil, porque también la medida podría causar una notable paradoja en el actual sistema penal y penitenciario. En cuanto a delincuencia común se refiere, nuestro sistema está diseñado para que también pacten jueces, fiscales y abogados la condena con el delincuente sin atender en absoluto a la víctima, provocando que los juristas cedan a la tentación de ni siquiera estudiarse el caso. Siempre me ha parecido una gran injusticia y desde luego en contra de nuestra constitución. Con la libertad no se debería negociar y con el sufrimiento de las víctimas menos aún. Es inútil acudir a las estadísticas de sujetos condenados para decir que el nuestro es un país seguro, sin saber en cuántos de tales casos se está cumpliendo condena o no. Se pacta siempre la condena sólo si queda después en suspenso, y no es raro ver en libertad a sujetos con una larga lista de antecedentes en delitos a los que se logra condenar sin que entren en prisión, calculando el modo de suspender la condena y evitando el tedioso juicio. El efecto llamada es notorio. La última vez que estuve en prisión –con una población reclusa foránea nada desdeñable- me contaba un policía cómo un ciudadano extranjero de 27 años no hacía más que halagos a nuestro país, porque después de pasar apenas tres años de cárcel, volvía al suyo donde se había construido un chalet a costa de nuestro sistema. Lo terrible es que estuvimos toda la mañana tramitando expedientes de expulsión, de una veintena de reos de graves delitos a quienes se les daba la oportunidad de volver a su país tras cumplir las tres cuartas partes de la condena, que suele ser el primer requisito que se observa para conceder el tercer grado.

Esto me lleva a otra conclusión, y es que nuestro sistema penal y penitenciario se concibió para nuestra cultura y para los delincuentes de nuestra entonces incipiente democracia, y no puede con un mundo globalizado en que un número importante de falsos inmigrantes –cuando no mafias diseñadas exclusivamente para ello- vienen a España con el único objetivo de delinquir, causando infinitud de problemas sociales, xenofobia incluida y manifiestos agravios para miles de trabajadores que simplemente buscan una vida mejor.

Así pues, no puedo estar de acuerdo con esta medida si no se cambian más cosas. Sin negar que ocurre en más ámbitos, está claro que en materia de política criminal se ha legislado deficientemente en muchas materias, a golpe de oportunidad política y obviando más de lo debido la Constitución, atendiendo sobre todo al clamor social que previamente se alimenta en los medios. Con ello tenemos un Código Penal rico en delitos que no se aplican, una ley de violencia de género que quizá debería ser simplemente de violencia doméstica; una política carcelaria que ha fluctuado dependiendo más de la política antiterrorista que de la propiamente penitenciaria; o una obsesión por los delitos contra la seguridad en el tráfico en carreteras donde los puntos negros siguen existiendo. A la par que noticiarios que dejan bastante que desear sobre su contenido, y que cada vez tienen menos escrúpulos con víctimas y culpables presuntos o confesos.

Tal como se ha planteado, una medida que pudiera ser útil podría llegar a convertirse en aplicable según la relevancia mediática que se dé al crimen, creando disparidades y dependiendo de la siniestra tentación que todos los regímenes de este mundo han tenido siempre por utilizar a sus culpables como chivos expiatorios. Porque eso será la prisión permanente si no hay un equilibro entre la política penal y la penitenciaria, y mientras nuestro país siga siendo un lugar donde el delito sea un negocio. El culpable siempre podrá decir que su juicio no fue imparcial y apelará hasta donde llegue con ello. Es políticamente incorrecto y lamento decirlo, pero esta medida en este contexto, sólo parece basada en un concepto excesivamente ejemplarizante e instrumental de la justicia, a gusto de los medios y al servicio de intereses dispuestos a todo menos a garantizar un juicio justo al culpable, al inocente y sobre todo a las víctimas.

Daniel Muñoz Doyague. Abogado y Politólogo.
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