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Privados de libertad dos extrabajadores de Pdvsa-Güiria por hecho de corrupción
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Privados de libertad dos extrabajadores de Pdvsa-Güiria por hecho de corrupción

miércoles 17 de enero de 2018, 21:05h
En virtud de la solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad Rainelis Bastardo González (31) y su esposo Brevi Aguilera Caraballo (32), por presuntamente incurrir en irregularidades mientras se desempañaban como líder de servicios logísticos y analista de seguridad industrial de Petróleos de Venezuela-Güiria, estado Sucre, respectivamente.
La situación fue detectada en julio de 2017 cuando la Unidad de Asuntos Internos de Pdvsa, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Industrial, inició tres investigaciones contra Bastardo González durante el desempeño de sus funciones.

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 5ª de esa jurisdicción con competencia en materia contra la corrupción imputó a las dos personas por los delitos de evasión de procedimientos de licitación, aprovechamiento fraudulento de fondos de la administración pública y agavillamiento.

Ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 3° de Control de la referida jurisdicción dictó la medida privativa de libertad contra la mujer y el hombre, quienes permanecerán recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Carúpano.

La pareja fue capturada tras una orden de aprehensión acordada el 27 de diciembre de 2017 por el Tribunal 6° de Control, luego de la denuncia interpuesta el 14 de noviembre de ese año por un funcionario de la estatal petrolera ante la Fiscalía Superior de Sucre.

Las averiguaciones de la empresa petrolera determinaron que la mujer habría incurrido en desviaciones administrativas en el proceso de licitación para el servicio de transporte del Plan Vacacional de Güiria 2017; así como durante la contratación del servicio de taxi a través de Aguilera Caraballo.

Asimismo, habría aprobado el ingreso indebido de una persona para ejercer funciones en el área de verificación y facturación a las diferentes empresas que prestan servicios a Pdvsa, a pesar de que la misma tenía orden de aprehensión por el delito de extorsión.
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