El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz, tras declarar responsable civil subsidiaria del mismo a la Junta de Andalucía, le reclama un informe "por no seguimiento en relación a subvenciones de formación profesional para el empleo y el informe de actuación por menoscabo", debiendo incluir en éste último el borrador remitido por el interventor provincial "donde se especifican cantidades que determinan el menoscabo sufrido".
Según reza en una providencia judicial, fechaza el 22 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda la práctica de una serie de actuaciones, entre las que destaca la petición a la Junta para que, en el plazo de diez días, entregue un informe ordinario previo al emitido como ampliación del 'Informe especial de subvenciones de formación profesional para el empleo, ejercicio 2009-2012', con fecha del 30 de abril de 2015.
A su vez, le solicita informes individualizados relativos a una serie de empresas que ha sido investigadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo la dirección del citado juzgado, entre las que figura 'El Paraíso S.L', que perteneció al exalcalde de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado, que ha declarado recientemente por estos hechos.
Cabe recordar que el 7 de marzo el interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, compareció ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad y reconoció que ha habido una "relajación" en los mecanismos de control en las subvenciones de los fondos de formación, lo que ha provocado, a su juicio, que hubiera "menoscabo" de fondos públicos.
En cuanto a la declaración de la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiaria por parte del juzgado, cuestión que el Gobierno andaluz está estudiando para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva, que ya está en fase de elaboración, contra el citado auto, según reza en el mismo, el juez ha tomado esta decisión, a raíz de las declaraciones que prestaron el 10 de marzo los cuatro últimos detenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación 'Eduende'.
Entre estos figuran el exdelegado de Empleo Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como director provincial del SAE; José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, y José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, que este lunes, precisamente, compareció ante la comisión del Parlamento.
Todos ellos, junto a los técnicos Enrique Márquez de la Vega y Concepción Vela Ariza, han sido imputados por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Tras esas diligencias, el juez considera que "queda claro que en el presente caso existen indicios de infracción penal en la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos". En consecuencia, la personación de la Junta de Andalucía, que el pasado 30 de abril de 2015 se admitió en el presente procedimiento, lo será en calidad de responsable civil subsidiario.
Desde hace meses están declarando ante este juzgado un centenar de investigados, además de 1.000 testigos. Todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que ha estado investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Esta causa fue archivada el año pasado, sin embargo el juez optó por reabrirla después de que le llegara "nueva información ampliatoria del atestado policial". No obstante, antes de que el juzgado tomara esta decisión, la Fiscalía llegó a recurrir el sobreseimiento en reforma de la misma, que finalmente se reabrió.
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