El jefe de servicio de la Dirección General Formación de Córdoba entre 2002 y 2012, Manuel Gavilán Jiménez, ha afirmado este martes que el informe especial sobre las ayudas a la formación realizado por el interventor provincial de la Junta en Córdoba, Antonio Escudero, "se estudiará con el tiempo en las escuelas de auditoría como ejemplo de mala praxis".
Gavilán Jiménez, que está imputado en la causa judicial de las ayudas a la formación, ha afirmado durante su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria que el informe del interventor provincial "no tiene fundamento" y que la conclusión a la que llega "se contradice con las salvedades que plantea".
"Con las limitaciones de alcance que hay y las salvedades que da no se puede concluir tajantemente que la entidad no ha cumplido con la normativa", ha apuntado. Si bien, ha dicho que no que no cree que la responsabilidad sea de Escudero, interventor provincial, de quien ha destacado su "rigor y conocimiento".
Gavilán Jiménez ha querido dejar claro que en los años en los que estuvo al frente de la Dirección General Formación de Córdoba todos los procedimientos se desarrollaron en "consonancia y cumplimiento riguroso" de las normas de aplicación, y siguiendo las instrucciones de la Intervención provincial.
Tras garantizar que no le consta que haya habido fraude y que si le hubiera constado lo habría denunciado, ha señalado que la investigación policial en la provincia de Córdoba ha puesto de manifiesto que todos los cursos se realizaron. Además, según ha subrayado, el seguimiento de los mismos fue del "cien por cien".
"Es imposible que sin la validación de cada paso el curso siga adelante", ha explicado Gavilán Jiménez, quien sí ha advertido de que sí había un "déficit" sobre la documentación legal que estableciera que se había realizado el seguimiento de los cursos. Según ha relatado, había una ficha de visita interna que cada técnico tenía que rellenar e introducir en los expedientes.
2.700 VISITAS A LOS CURSOS
Ha destacado, no obstante, que en el año 2010 el número de cursos de la provincia de Córdoba y de toda Andalucía fue "tremendo". Se impartieron 1.125 cursos y los técnicos "no eran más de once". Además, se realizaron más 2.700 visitas y en ese año, de manera excepcional, se dejaron sin visitar 10 o 12 cursos, "todos muy cortos" y que correspondían a la Diputación provincial, ha indicado.
"Se cumplió la normativa con creces, el seguimiento obligatorio por ley es del cinco por ciento y lo hicimos del cien por cien", ha insistido el ex jefe de servicio de Formación, quien ha defendido que el sistema de control del SAE es "más garantista" que el nacional y que la Cámara de Cuentas de Andalucía les felicitó por el "estado" de los expedientes.
Gavilán Jiménez, a preguntas de la portavoz de IULV-CA en la comisión, Elena Cortés, ha dicho que "el único error o irregularidad" que se detectado en la provincia, en relación a estas ayudas, es el relativo a la empresa Faasa y que, según ha tenido constancia, se ha abierto un expediente de reintegro. Dicha irregularidad se detectó "gracias" a un informe de Cámara de Cuentas.
LAS EXCEPTUACIONES NO PERJUDICAN A TERCEROS
Sobre las exceptuaciones en las ayudas, ha dicho que los miembros de esta comisión le da más importancia a este asunto de la que, en su opinión, tiene. Y es que, según ha indicado, se trata de una figura legal, que "beneficia" al beneficiario de la ayuda y a la administración y que "no perjudica" a ningún tercero.
"Sin exceptuaciones, no liquida nadie. El volumen es tan grande que es imposible llevarlo por los plazos que hay", ha señalado Gavilán Jiménez, a preguntas del diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien ha dicho no comprender que se exceptúe a alguien de una justificación "que ya ha cumplido".
Por su parte, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico ha sacado a relucir durante su intervención que el compareciente es militante del PSOE y le ha pedido que describa sus funciones desde julio de 2012 hasta su dimisión en abril de 2015 como vocal comarcal en la comisión ejecutiva provincial del PSOE en Córdoba.
Gavilán Jiménez ha respondido que entró en la Ejecutiva una vez que dejó el servicio de Formación y ha dicho que también fue en la candidatura a las municipales en 2011, "en el puesto 24 o 25". A este respecto, la portavoz del PSOE en la comisión, María Luisa Bustinduy, ha indicado que la afiliación a un partido es un "derecho constitucional" y que no entiende por qué se tiene que tener en consideración en este órgano.
"Desde el PSOE no le vamos a preguntar a nadie por su estado civil, afiliación o creencias religiosas", ha señalado la diputada socialista, quien también ha puesto en valor que el compareciente "haya tenido el buen gusto de dimitir" de su responsabilidad en el partido, tras su imputación, "dando ejemplo a quienes le han hecho esa pregunta".
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la comisión, Marta Bosquet, ha preguntado al compareciente por los medios materiales y profesionales que contaba su departamento para la tramitación de los expedientes, a lo que ha contestado que en muchas ocasiones han estado "desbordados" por la carga de trabajo, "como también le ha pasado a la Intervención".
Finalmente, Gavilán Jiménez ha negado que existiera un entramado deliberado en relación a estas ayudas y ha concluido su intervención pidiendo a los miembros de la comisión que hagan un esfuerzo por aclarar "todo lo que se ha ido diciendo" sobre este caso y, especialmente, por conocer "la verdad". "Estoy convencido de que harán su trabajo lo mejor posible", ha concluido.
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