El jefe de servicio de Formación señala que el sistema de auditoría no le daba "mucha tranquilidad"

El jefe servicio de la Dirección General Formación de Cádiz entre 2006 y 2013, Antonio Juan Vidal Agarrado, ha puesto de manifiesto este martes que el sistema de auditoría en la justificación de los expedientes de los cursos de formación, aunque era un procedimiento "legal y establecido", no les daba "mucha tranquilidad", lo que puso en conocimiento de su superior.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Vidal Agarrado, que está imputado en el caso de las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta, también ha señalado que respecto a la normativa que regulaba las subcontrataciones y las vinculaciones, "que es bastante complejo en formación", pidieron informes al gabinete jurídico "para tener garantía y un respaldo.

También ha hecho hincapié en que los recursos humanos y materiales con los que contaba su departamento "se han ido reduciendo paulatinamente", si bien ha incidido en que lo más grave en este sentido ha sido la falta de formación de los funcionarios que trabajaban con estos expedientes. "Siempre hemos pedido más medios y herramientas informáticas que hubieran permitido actuar de manera más ágil más que punteando todo en un Excel", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que a finales del 2008 se reforzó el servicio con la Consultora Ámbito, que aportó un auditor experto, una jurídica y personal con experiencia laboral en temas sociolaborales que ayudaban con las tareas de revisión de las labores justificativas, cuya adjudicación fue por concurso y publicado en el BOJA, como ha explicado a preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero. Vidal Agarrado ha lamentado que se recurriera a una consultora para reforzar al servicio en vez de contar con funcionarios.

También cuestionado por la popular, Vidal Agarrado ha señalado que cuando conocieron por la prensa las presuntas irregularidades del entramado de empresas del exconsejero Ángel Ojeda por la formación, "nos hacía tener más celo con estos expedientes".

Preguntado por la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet si consideraba válidos los informes de auditoría, el compareciente ha explicado que "tenía que aplicar las normas" y que el sistema de justificación empleado era sin presentación de justificante, "sino únicamente con una cuenta justificativa que estuviera visada por el auditor". "Estos informes de auditor cuando llegaba intentábamos adecuarlo lo máximo posible a nuestra normativa, y no tenemos más remedio que darle curso", ha agregado.

Así, ha proseguido explicado que estos informes fueron a Intervención, en fiscalización previa, de manera que si ésta hubiera visto que los informes que usaban no eran suficientemente correctos, "nos podía haber alertado de ello". "La Intervención puede pedir, informar o exigir cuantas cosas quiera y considere oportuno", ha apuntado.

De otro lado, Vidal Agarrado ha explicado que no contaban con ningún sistema, herramienta ni aplicación que permitiera controlar que los expedientes pendientes de reintegro no prescribieran, sino que "el trabajo era el del técnico de turno y los recordatorios que pudiéramos tener cada uno en nuestra agenda para hacer las revisiones oportunas". No obstante, ha asegurado que se han tramitado una "infinidad" de expedientes de reintegro, así como que ninguno de los que trabajó habrían prescrito.

EL 2013, "UN AÑO FATÍDICO"

Vidal Agarrado también ha indicado que el 2013 fue un año "fatídico" para la gestión, sobretodo por el traspaso de las competencias de formación de una consejería a otra. Ante de llegar a Educación, de manera provisional, el servicio fue a Innovación, dándose la circunstancia que en el mes de abril, cuando se traspasan las competencias, "dos tercios del servicio se quedaron en Innovación porque no termina el traspaso".

"Nos quedamos al frente doce personas, algunas de baja de larga duración, y en gestión de subvenciones solo estaban el jefe del departamento con dos personas nuevas sin experiencias", ha puesto de relieve el jefe de servicio de Cádiz antes de apuntar que con estos medios, "tuvimos que abordar el 2013, que fue el año de los controles de la Cámara de Cuentas, cuando se judicializó el caso o cuando se elaboraron los informes de las intervenciones".

También ha señalado que había reuniones de coordinación entre los jefes de servicios de Formación de todas las provincias, aunque se redujeron "drásticamente" desde 2009, y que en las mismas pedían instrucciones para cumplimentar la norma de 2009 y las convocatorias que se iban programando, puesto que la normativa era "extensa, compleja y llena de matices" y querían saber "cómo encajaban unas normas con otras".

Asimismo, ha defendido el seguimiento que se hacía a los cursos en Cádiz, que se visitaban tres veces como media durante su duración, y ha explicado que si se detectaba alguna anomalía por parte del técnico, de alumnos o docentes, "se hacían visitas más continuas". No obstante, ha incidido en que "cuando llega la programación 2009 y se suma la de 2010, las proporciones fueron desproporcionadas y cada técnico tenía una media de cien cursos que visitar".

Por el PSOE-A, el parlamentario Rodrigo Sánchez Haro ha preguntado a Vidal Agarrado cómo acreditaban que las entidades que prestaban los cursos estuvieran inscritas en el registro de centros, ante lo que el compareciente ha expuesto que este registro está contemplado como registro de los centros colaboradores a nivel nacional y que en éste se insertan aquellas entidades que estén dadas de altas en el registro de entidades colaboradoras a nivel andaluz.

Respecto a las exceptuaciones, preguntado por el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe por el origen de esas resoluciones, Vidal Agarrado ha señalado que en la esfera de su actuación, "la Delegación provincial nos pedía una lista de qué entidades que habían entrado en la programación pudieran tener ese problema", mientras que ha agregado que "la normativa recoge que es competencia del consejero y de la Dirección general" dictarlas.

A preguntas de la representante de IULV-CA en este órgano, Elena Cortés, sobre Delphi, Vidal Agarrado ha manifestado que no participó en este convenio dado que desde su servicio "no se instruyó procedimiento alguno" relativo a los ex trabajadores de la referida empresa.