La interventora de la Junta en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, ha asegurado este martes que la administración autonómica no ha tenido "la diligencia debida" en la verificación de la justificación de las ayudas concedidas a los cursos de formación y que todos los expedientes que ha analizado su departamento tenían "excedido" el plazo de justificación.
López Gutiérrez comparece este martes ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad, después de que ya lo hayan el resto de interventores provinciales.
Durante su intervención, ha explicado que es el órgano gestor el que debe proceder a la comprobación de todas las justificaciones cuyos plazos estén excedidos y que esta es la recomendación "más importante" que incluyó en el informe especial que realizó para las ayudas concedidas entre 2009 y 2012.
La interventora ha asegurado que este informe fue remitido a las consejerías de Empleo, Empleo y Comercio, a la de Educación y a la de Hacienda y que será la que tenga las competencias, --ahora la de Empleo--, la responsable de adoptar las medidas y cumplir las recomendaciones recogidas.
Si bien, según ha señalado, las recomendaciones que su departamento realizó en el citado informe no fueron cumplidas en el plazo de seis meses establecido y, fruto de ello, se elevó un informe de actuación por parte de la Intervención General, a propuesta suya.
Según ha relatado López Gutiérrez, "en fecha reciente" --el pasado mes de febrero-- el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha dado conformidad a este informe y también las órdenes necesarias para que se dé cumplimiento a las medidas que se recogían en el mismo.
Junto a ello, ha dicho que no ha podido obtener "las evidencias suficientes" para dar una opinión sobre si la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha cumplido con la legalidad. Así, ha explicado que en el citado informe especial sobre las ayudas a la formación denegó opinión, "dada la relevancia de las salvedades y limitaciones de alcance".
La interventora ha afirmado que la muestra de expedientes les llegó "incompleta" con fotocopias "ilegibles y desordenadas". Dentro de los incumplimientos "más relevantes", ha destacado que dentro de la documentación había información "contradictoria", lo que hacía "imposible" determinar el dato correcto y que algunas carpetas venían vacías o incluían documentos relativos a otros expedientes.
NO DESCARTA QUE HAYA EXPEDIENTES QUE PRESCRIBAN
Preguntada por distintos miembros de la comisión sobre el posible menoscabo de fondos públicos, López Gutiérrez ha dicho que, "a día de hoy" no puede afirmar que haya habido. "Hasta que no haya un daño real, efectivo y cuantificable no se podrá decir", ha precisado la interventora, quien ha indicado que antes hay que llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para recuperar el dinero. Si bien, no ha descartado la posibilidad de que haya expedientes que prescriban.
Durante su turno de preguntas, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha pedido a la interventora que diga quién sería el "responsable" ante los "incumplimientos" de preceptos normativos en relación al control de los fondos de formación, a lo que ha respondido que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
También le ha cuestionado sobre si en los años de carrera profesional en la Intervención ha visto "algo semejante" a lo sucedido con los cursos de formación, en relación al "descontrol" de los fondos, y ella ha respondido que el informe especial sobre este asunto es "el primero" que realiza de este tipo.
Por parte del PSOE, el diputado Rodrigo Sánchez ha preguntado a la interventora si, "como han apuntado otros grupos", cree que había una "intencionalidad" por parte del órgano gestor al no mandar los expedientes completos o en las condiciones que se requerían. "Yo no juzgo la intencionalidad, pero sí el resultado", ha respondido.
El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe se ha interesado, entre otras cuestiones, por la opinión de la interventora sobre si se debería haber hecho un informe también especial de los fondos concedidos entre 2002 y 2008 y no solo a partir de 2009 porque "nada nos hace suponer que no sucediera lo mismo". A este respecto, López Gutiérrez ha señalado que ella está acostumbrada a trabajar con "evidencias" y que no le gustan las "suposiciones".
La portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha abordado durante su intervención distintos aspectos del contenido del informe especial elaborado por la interventora y le ha preguntado sobre las resoluciones de exoneración existentes en los expedientes que analizaron. Si bien, según ha indicado López Gutiérrez, en dichos expedientes no constaba tales resoluciones, "aunque no dudo de que existieran".
Finalmente, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha preguntado a la interventora qué le parecería que si cuando los responsables del SAE declaren ante esta comisión dicen que no ha habido la diligencia debida en el control de estos fondos por parte de los interventores. "No podrán decir eso. Cada uno tenemos nuestro campo de actuación y nuestras responsabilidades y los interventores hacemos lo que nos dice la ley", ha apostillado.
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