Con la derrota de la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, pareciera que estamos como al principio (después de las pasadas elecciones). Sin embargo, nada menos cierto. Hace solamente dos semanas no estaba nada claro que Sánchez tuviera límites para conseguir su ansiado acceso a la Moncloa. La posibilidad de que hiciera un pacto con Podemos y los independentistas estaba sobre la mesa. Y la baronía socialista se sentía consecuentemente inquieta. Hoy sabemos que Sánchez no ha tenido más remedio que aceptar la realidad: era falso que el resultado electoral fuera favorable a un bloque de izquierdas y tenía que ponerse límites a su deseo de ser Presidente de Gobierno, (aunque fuera sólo por un día).
La firma del pacto con Ciudadanos ha reflejado todo eso. Porque no se trata del conjunto de medidas acordadas con el partido de Rivera, sino de algo mucho más denso: Sánchez ha tenido que alejarse del aventurerismo, que hubiera dividido su partido, para aceptar su ubicación definitiva en el centro-izquierda. El secretario general del PSOE sabía de sobra que pactar con Ciudadanos era decirle adiós al pacto con Podemos. Y aunque haya sido forzado por las circunstancias ha tenido que dar ese paso. Es decir, parece que el país ha superado lo peor que podría pasarnos: tener un gobierno con Podemos que sumiera la economía en una crisis de caballo, sobre la base de un gobierno precario, contradictorio, polarizador y de corta duración.
Por tanto, a menos que el PSOE y su candidato dieran marcha atrás, se ha dado un primer paso clarificador. Ahora el abanico de opciones ya no es tan abierto. Excluida la opción de un pacto con Podemos, sólo hay tres posibilidades: a) un acuerdo reformista sin estridencias (PSOE-Ciu) que podría ser apoyado parlamentariamente por otras fuerzas políticas (incluido el PP); b) un candidato que se propone a partir del hecho de encabezar la fuerza más votada (PP), y que necesitaría de una negociación programática para ser apoyado, y c) ir a nuevas elecciones.
Ahora bien, obtener una alternativa pactada que evite las elecciones (opciones a y b) presenta una dificultad: la idea falsa de que no es posible un gobierno constitucionalista que suponga un cambio respecto a la acción de Gobierno de Rajoy en los pasados cuatro años. Lamentablemente, ni PP ni PSOE aceptan claramente esa posibilidad y Ciudadanos, que la aceptaba hace un mes, ahora se ha dejado arrastrar por el rechazo al candidato del PP.
Es rotundamente falso que las medidas planteadas en el acuerdo PSOE-Ciudadanos estén en las antípodas de los cambios que eventualmente estaría dispuesto a aceptar el PP en una próxima legislatura. Es cierto que hay todavía una apreciable distancia entre ambos discursos y programas, pero no podemos saber si sería posible un acercamiento precisamente porque los principales partidos (PP y PSOE) no quieren meterle cabeza. Desde luego, como ya han dicho diferentes voces políticas y económicas, hay espacio para variar la política de la anterior legislatura: abandonando la financiación restrictiva, mejorando las condiciones laborales, eliminando muchos recortes, robusteciendo servicios sociales, sin necesidad de darle la vuelta a la política económica como a un calcetín. Y eso es igual de válido para otras reformas del sistema político. Es decir, hay espacio sustantivo para una política diferente a la de los pasados cuatro años, sin ir a la ruptura radical que propone Podemos.
La posibilidad de operar dentro de ese espacio sustantivo está bloqueada no por el alcance de las medidas, sino por algo que es de común conocimiento: la falta de sentido de Estado de nuestras principales fuerzas políticas. Tanto el PP como el PSOE se niegan a admitir que el oponente llegue a formar gobierno. Primero fue el PSOE quien se negó en redondo a negociar que el candidato de la fuerza más votada pudiera formar un gobierno minoritario (mediante la abstención socialista) y después ha sido el PP el que ha hecho exactamente lo mismo. En ambos casos ha contado más la lucha interna por la supervivencia de ambos líderes en sus respectivos partidos, que su aceptación del hecho de que hay veces en que el bien común exige sacrificios personales y políticos.
Mientras tanto, el escenario del Congreso de los Diputados está sirviendo también para otras cosas complementarias; por ejemplo, mostrar la catadura de los emergentes. Iglesias se ha retratado como un semiculto inclinado hacia la banalización permanente, que le fascina hacer de chico ingenioso centro de mesa. Y eso hay que agradecerlo: ahora sabemos a qué atenernos. Y los diputados independentistas han mostrado su primitivismo sectario, especialmente en ERC. La intervención del señor Rufián ha sido antológica, no sólo por su rudimentaria oratoria, sino por la sarta de mentiras en que se basa. Tiene rostro de palo decir, usando su experiencia personal, que los charnegos –emigrados de otras regiones a Cataluña por razones principalmente económicas- son mayoritariamente independentistas, algo que niegan todas las votaciones y las encuestas. Incluso decir que el término charnego es una imposición castellana, cuando hasta el más iletrado sabe que es una expresión exclusivamente catalana. Nunca llegaré a entender como una causa, que se supone justa, puede mantenerse a base de falsedades groseras y representantes trogloditas. Más bien me parece un síntoma de que la causa defendida quizás no sea tan justa.
Si (
No(
