La magistrada de Instrucción número 13 de Málaga ha pedido al Congreso que certifique la condición de diputado del número dos de Podemos, Iñigo Errejón, dentro de las diligencias abiertas por la querella presentada por la relación laboral de éste con la Universidad de Málaga (UMA).
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes jurídicas, quienes han apuntado que la magistrada ha pedido dicha certificación al Congreso de los Diputados después de habérselo solicitado la Fiscalía malagueña.
La magistrada abrió diligencias previas sobre la querella presentada por Manos Limpias por un presunto delito de estafa contra Errejón. En un auto, señaló que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", aunque "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos".
Además, requirió a Manos Limpias que prestara una fianza por importe de 4.000 euros antes de decidir sobre la admisión o no a trámite de la querella.
La Universidad de Málaga suspendió el pasado 4 de diciembre de 2014 de forma cautelar de empleo y sueldo a Errejón mientras estudiaba si incumplió sus obligaciones laborales y la Ley de Incompatibilidades de la Administración Pública al simultanear su contrato con su labor en el partido.
QUERELLA DE MANOS LIMPIAS
Manos Limpias presentó el pasado marzo en los juzgados de guardia de Madrid una querella por presuntos delitos de estafa y contra la Seguridad Social para esclarecer si el dirigente de Podemos actuó con "malicia, engaño y maquinación, se aprovechó de la Administración y la Universidad y se apropió de una fuente de ingresos de dinero público" de forma indebida.
Según su querella, en marzo del pasado año Errejón firmó un contrato de trabajo por obra o servicio a tiempo completo con la Universidad de Málaga, a través del cual se obligaba a realizar tareas centradas en el análisis de políticas en materia de vivienda e investigación en materia de geografía política y en materia de políticas públicas comparadas sobre vivienda.
Este contrato se encontraba vinculado al contrato de servicios suscrito por el centro universitario con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, para el desarrollo del proyecto de I+D+i, titulado 'La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda'.
El director de dicho proyecto de investigación era Alberto Montero Soler, "a quien precede una excelente relación" con Errejón, según apunta la querella, "que se ha ido estrechando con el transcurso del tiempo, concretamente en los años 2013 y 2014, años en los que ambos dos han compartido presidencia y secretaría, respectivamente, dentro de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS)".
Los querellantes sostienen en su escrito que ambos "cooperaron activamente en diferentes campañas y actos como miembros de la Dirección de Podemos, desde la creación de este partido el pasado 17 de enero de 2014".
En contraprestación por su trabajo, se estableció que Errejón cobraría de 1.825 euros brutos mensuales, que efectivamente percibió desde la firma del contrato, el 17 de marzo de 2014, hasta el 16 de diciembre del mismo año.
A pesar de la incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas y la obligatoriedad de realizar el trabajo de investigación en las instalaciones del Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho, el sindicato afirma que Errejón estuvo realizando "trabajos remunerados para Podemos, al tiempo que cobraba la retribución correspondiente al contrato" con la Universidad de Málaga.
Y ello fue, según la querella, por su "especial relación" con Alberto Montero, que permitió además a Errejón soslayar los términos y cláusulas establecidas en el contrato suscrito con la Universidad de Málaga.
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