Estudiantes venezolanos acuden a la CIDH por crisis de divisas

“Unas de las personas más débiles son los estudiantes...hay más estudiantes presos [en Venezuela] que presos políticos”, dijo Carlos Moreno, coordinador mundial de EVE. “Tenemos miles que quedaron ilegales en diferentes países, queremos tratar de subsanar ese asunto, de que ellos puedan cambiar su estatus”.

Moreno explicó que gran parte de los 25,000 venezolanos que cursan estudios de posgrado fuera del país perdieron sus visas de estudiante a finales del 2014, tras una negativa masiva del gobierno a entregarles sus divisas.

Algunos han podido continuar sus estudios gracias a las bondad de sus instituciones educativas de aplazar los pagos de sus matrículas tras entender la situación por la que pasan.

Otros no han tenido esa suerte, y al no poder pagar sus clases semestrales sus permisos de residencia no fueron renovados. Sin embargo se rehúsan a repatriarse para no perder el tiempo y dinero ya invertido en una carrera, y además temen represalias por parte del chavismo si vuelven al país caribeño.

“Las deudas de las universidades son astronómicas, incluso yo debo casi $6,000”, dijo Moreno, estudiante de Ciencias Políticas en el Salt Lake Community College de Utah. “No puedes trabajar, no puedes hacer muchas cosas”.

De acuerdo a datos de EVE, unos 18,000 estudiantes dependen del visto bueno del gobierno para poder convertir sus propios bienes a dólares o euros a un cambio preferencial, y así costear el precio de su formación universitaria.

De ellos, alrededor de 10,000 cursan estudios en Estados Unidos — cerca de 4,000 se encuentran en Florida.

Desde finales del 2014, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), órgano encargado de entregar las divisas, ha denegado la mayoría de las solicitudes de los estudiantes, argumentando una falta de disponibilidad de parte del Banco Central de Venezuela o diciendo que la carrera escogida no es una de las “áreas y subáreas de formación determinadas como prioritarias para la nación”.

Ángelo Torrealba, el abogado y activista por los derechos humanos que está llevando adelante el caso de EVE, dijo que ha consignado casi 200 pruebas (testimonios, correos electrónicos, reportes de diferentes organizaciones) que muestran que a los estudiantes “se les han violado sus derechos desde el punto de vista que no tienen protección de parte del Estado por no recibir el dinero para pagar sus estudios, y la violación al derecho a la educación”, dijo.

Torrealba espera que además de admitir una medida cautelar, la CIDH emita un informe detallado sobre las violaciones que sirva de base para que el gobierno entienda que “la gravedad del asunto es certera”.

Los estudiantes esperan también que la legitimación de sus denuncias ante la CIDH sirva de base para buscar algún tipo de visa temporal o estatus legal ante las autoridades migratorias de los países donde están varados.

“Estamos hablando de un grupo de personas que se encuentran en un situación en la que no se les ha enviado el dinero necesario para subsistir, estás deudas le traen a ellos consecuencias”, dijo Torrealba. “No tienen ni un seguro si han estado enfermos, el Estado no les ofrece la protección debida a los ciudadanos”.

El abogado dijo que el lapso de tiempo de la CIDH para emitir una respuesta es usualmente de cuatro meses, aunque “si se considera la urgencia en un mes podría emitirse una medida”.