La Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla ha admitido "definitivamente" la solicitud promovida por la sociedad limitada Ingeniería y Consultoría en Recursos del Subsuelo, para acometer una "investigación" en 12 cuadrículas mineras de los términos municipales de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas, a la búsqueda de nuevos recursos mineros, según una resolución firmada el 9 de noviembre y recogida por Europa Press.
Esta solicitud de permiso de investigación se encuadra en el concurso de derechos mineros convocado en 2013 por la Junta de Andalucía, para ofertar 61 derechos correspondientes a las provincias de Huelva (40) y Sevilla (21), de los que 38 eran concesiones sobre yacimientos mineros como tal y 23 eran permisos de investigación de posibles nuevos yacimientos. La convocatoria incluía un total de 61 derechos establecidos sobre 80.930 hectáreas.
Mientras la sociedad Minera Los Frailes, derivada de la agrupación empresarial México Minorbis, prepara ya la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, el alcalde de dicho municipio, Juan José Fernández (IU-CA), ha explicado a Europa Press que los terrenos conocidos como Tintillo II, a los que alude la citada solicitud de permiso de investigación, "son ricos en cobre y cinc", explicando que el citado permiso de investigación consiste en "sondeos y exploraciones" a la búsqueda de "un nuevo yacimiento minero".
Juan José Fernández ha recordado que la comarca de Aznalcóllar es "muy rica en minerales", celebrando que "haya empresas interesadas" en acometer "exploraciones" a la búsqueda de nuevos recursos mineros. Y es que es su deseo "que haya más minas" en la zona y revitalicen el tejido socioeconómico del entorno, duramente castigado por la crisis.
LA MINA DE AZNALCÓLLAR
Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina que por aquel entonces explotaba Boliden-Apirsa en 1998, esta multinacional sueca de la minería abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que supuso el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros durante varios años.
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998, toda vez que los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, la corta de Los Frailes, han sido adjudicados a la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la sociedad andaluza Magtel, para reabrir la mina 17 años después de aquella catástrofe, dado que el yacimiento posee unas reservas constatadas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo, zinc oro y plata) de 35 millones de toneladas y otros 45 millones de toneladas de probables nuevos recursos.
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