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Otra Navidad con presos políticos
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Otra Navidad con presos políticos

jueves 24 de diciembre de 2015, 16:42h
Pese a las intenciones de la oposición, Venezuela pasará la Nochebuena con 77 privados de libertad. La promulgación de la Ley de Amnistía es la única esperanza de presos como López y Rosales.
Llegada la Nochebuena, Venezuela no tiene nada que celebrar en materia de derechos humanos. A pesar del intento de la oposición venezolana por tener una Navidad sin presos políticos, no hubo ningún gesto de reconciliación por parte del Gobierno nacional que, pese a la contundente derrota del pasado 6 de diciembre, se negó a darle el indulto a los 77 detenidos por razones políticas que hay en el país.

Ante este escenario de radicalización por parte de los líderes de la denominada revolución bolivariana, el proyecto de ley de Amnistía que intentará promulgar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que será mayoría en el Parlamento nacional con 112 diputados (dos terceras partes), es la única luz en el horizonte de estos venezolanos, víctimas de un Poder Judicial que, según algunos voceros de oposición, está arrodillado al partido de Gobierno.

Perfiles de presos

Leopoldo López, dirigente político de Voluntad Popular

Abogados: Francisco Santana y Juan Carlos Gutiérrez.

Lugar de reclusión: Ramo Verde

Quizás cuando Leopoldo López se entregó a la justicia venezolana nunca se imaginó que sería condenado a 13 años, nueves meses, siete días y 12 horas de prisión. No se lo imaginaba, de seguro, porque, tal como se demostró en las 58 audiencias de su juicio, no había ni una prueba que lo inculpara de los cuatro delitos que le imputaron: asociación para delinquir, instigación a delinquir, incendio y daño. Pero a pesar de su inocencia, la jueza Susana Barreiros lo culpó el pasado 10 de septiembre de usar “el arte de la palabra” para participar e instigar las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 venezolanos y cientos de heridos.

Pese al intento del Gobierno nacional por responsabilizar al líder opositor de un delito que, a simple vista, no cometió, Franklin Nieves, fiscal del caso, desveló el pasado 27 de octubre que recibió presiones del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República para montar pruebas falsas y culpar a López, encarcelado desde el 18 de febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, donde ha recibido tratos crueles e inhumanos y se le han violado sus derechos humanos, según ha denunciado su esposa Lilian Tintori.

Manuel Rosales, dirigente político de Un Nuevo Tiempo

Abogados: Jesús Ollarves, Magaly Vásquez y Morris Sierralta

Lugar de reclusión: El Helicoide

Manuel Rosales, exgobernador del Zulia, decidió ponerle fin a su exilio de siete años el pasado 15 de octubre. Ese día puso fin a siete años de exilio y se entregó de manera voluntaria a las autoridades venezolanas en el aeropuerto internacional de La Chinita y, desde entonces, está recluido en la misma celda que ocupó el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos en la sede del Sebin de El Helicoide, en Caracas.

Jesús Pérez Farías, juez del Tribunal 19 de Control de Caracas, ratificó un día después de la detención de Rosales la medida privativa de libertad por el delito de enriquecimiento ilícito y fijó para el 12 de noviembre la audiencia preliminar, que fue diferida luego para el 10 de diciembre porque “no hubo despacho” (esta última también se postergó).

Los abogados del fundador de Un Nuevo Tiempo, perseguido político desde la época del expresidente Hugo Chávez, esperaban que el dirigente fuera, en el peor de los casos, enjuiciado en libertad, pues en el “destierro”, como Rosales calificó el exilio, hubo tres hechos que “demostraron” la inocencia del exgobernador del Zulia: El exmagistrado Eladio Aponte Aponte confesó que el Gobierno nacional mandó a aniquilar a Rosales a toda costa, el tribunal de la Interpol declaró el caso como político y José Luis Pirela retiró la denuncia que había hecho en 2007 su contra.

Daniel Ceballos, dirigente político de Voluntad Popular

Abogados: Ana Leonor Acosta y Juan Carlos Gutiérrez

Lugar de reclusión: casa por cárcel

Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, durmió, nuevamente, con su familia después de 510 días encarcelado. El Tribunal 15 de Juicio le dio el pasado 11 de agosto una medida cautelar de arresto domiciliario, una medida humanitaria que se produjo por petición de la defensa y la Fiscalía, que solicitaron que el exmandatario permaneciera en Caracas y no en su estado, Táchira. Pero a pesar de recibir el beneficio, el dirigente de Voluntad Popular continúa siendo uno de los presos políticos del Gobierno de Nicolás Maduro, pues casa por cárcel es cárcel.

El exalcalde, quien estuvo recluido en El Helicoide, sede del Sebin, en Caracas, concluyó este año su pesadilla penitenciara, que comenzó el pasado 19 de marzo de 2014 con su detención y que incluyó tres cambios de centros de reclusión (uno de ellos, una cárcel de presos comunes, en Guárico), una huelga de hambre de 20 días, el deterioro de su salud, decenas de requisas violentas, persecución psicológica y la humillación de que sus hijos lo vieran preso por un delito que no cometió.

Aunque los abogados esperaban que su proceso culminara rápidamente, por no haber ningún hecho que lo inculpara, la decisión sobre el caso de Ceballos ha entrado a la nevera del retardo procesal, donde se enfrían los casos políticos en el Poder Judicial.

Antonio Ledezma, dirigente político de Alianza Bravo Pueblo

Abogados: Omar Estacio

Lugar de reclusión: casa por cárcel

El pasado 10 diciembre, el Tribunal 6° de Control de Caracas difirió por novena ocasión la audiencia preliminar del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue detenido el 19 de febrero por una comisión del Sebin, que irrumpió de forma violenta en su oficina en Caracas.

Pese a que el Código Orgánico Procesal Penal establece que la audiencia preliminar debe realizarse a más tardar 40 días después de que el Ministerio Público hace la acusación, el dirigente de Alianza Bravo Pueblo (ABP) tiene 256 días sin saber si será enjuiciado por los delitos de “conspiración y asociación” que el Gobierno nacional le achaca y por su supuesta vinculación en “planes conspirativos en contra del país”.

Ledezma estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde hasta que el 24 de abril, cuando el Ministerio Público solicitó una medida cautelar sustitutiva para la intervención quirúrgica de una hernia reproducida que necesitaba ser tratada a la brevedad posible. En cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal de la causa ordenó el traslado a un centro asistencial para recibir tratamiento médico urgente y desde entonces ha tenido casa por cárcel.
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