La Ley andaluza de Cambio Climático llegará al Parlamento antes de abril

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno un informe sobre las medidas que lleva a cabo la Junta para combatir los efectos del cambio climático en la comunidad y ha anunciado que la futura Ley andaluza del Cambio Climático llegará al Parlamento en el primer trimestre de 2016.

Fiscal, que encabezará la delegación de la administración autonómica en la Convención Marco de Naciones Unidas que aborda este fenómeno en París, ha recordado que la Junta desarrolla desde 2002 políticas de mitigación para disminuir las emisiones de efecto invernadero y políticas de adaptación dirigidas a minimizar sus consecuencias en el territorio andaluz, considerado una de las zonas más vulnerables de Europa.

Ha recordado que Andalucía, referente nacional en la lucha contra el cambio climático, fue la primera comunidad que puso en marcha una estrategia global. El Programa de Mitigación alcanzó con un año de adelanto el objetivo inicial planteado para 2012 de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 19% respecto a 2004. Esa reducción fue del 21%, lo que supuso situar en 6,13 toneladas de dióxido de carbono (CO2) la emisión por habitante y año, un 15% menos que la media de España y un 32% menos que la europea.

El titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha destacado que la estrategia desarrollada se consolidará con su plasmación jurídica en la futura Ley Andaluza de Cambio Climático, cuyo anteproyecto ha superado ya el trámite de información pública.

La norma fijará nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero y se centrará sobre todo en las denominadas "emisiones difusas", hasta ahora reguladas de forma insuficiente al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo básico de no rebasar en 2020 el nivel registrado en 2005 de 4,13 toneladas equivalentes de CO2 por habitante y año.

Según ha expuesto el consejero, el proyecto establece techos de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan este tipo de contaminación difusa, fundamentalmente el agrario, el transporte, el residencial y el comercial e institucional, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea. Estos límites, denominados "presupuestos de carbono", serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas previstas.

SISTEMA DE COMPENSACIÓN EN SECTOR PRIVADO

Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el anteproyecto incluye, entre otras novedades, la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado; la regulación de las medidas para incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2 (fundamentalmente espacios forestales que absorben este tipo de gas); la obligación de incorporar a la planificación sectorial la consideración del impacto de cambio climático, y la integración de todo el conocimiento científico generado sobre el fenómeno en los centros de investigación andaluces.

La primera de estas medidas se concreta en la consolidación del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), un instrumento pionero en España que facilitará la participación en la lucha contra el cambio climático de todos aquellos establecimientos e instalaciones que no se incluyen en el Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. El SACE se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, previsiblemente dentro de dos años desde su entrada en vigor, y tendrá dos regímenes, uno obligatorio y otro voluntario. Este último, existente desde 2009, cuenta con medio centenar de empresas adheridas.

Respecto al objetivo de incrementar el efecto sumidero de los bosques y la agricultura para la absorción del carbono, en Andalucía se han gestionado en los últimos años más de dos millones de hectáreas de zonas forestales y más de 120.000 hectáreas de agricultura ecológica, producción integrada y cultivos leñosos.

A estas iniciativas se suman el Programa de Comunicación y distintas iniciativas en el ámbito local, entre las que destacan el Pacto de los Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, suscrito ya por 549 ayuntamientos andaluces, y el programa 'Huella de Carbono Municipal', herramienta para conocer las emisiones del municipio y calibrar el efecto de las políticas locales.

Por otro lado, el Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos 2010-2019 prevé una reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, lo que supondría más de 12 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el periodo.

Finalmente, en otro ámbito fundamental para la lucha contra el cambio climático, el pasado 27 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó la Estrategia Energética de Andalucía 2020. El documento plantea, entre otros objetivos, aportar con fuentes renovables el 25% del consumo final bruto (actualmente 19,5%); reducir en un 30% las emisiones de CO2 asociadas respecto a los niveles previos a la crisis económica; disminuir en un 25% el consumo tendencial de energía primaria hasta 2020; descarbonizar en un 30% el consumo, y mejorar en un 15% la calidad del suministro.

Actualmente, el 38,8% de toda la potencia eléctrica proviene de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 40,4% de la electricidad que consumen los andaluces (6,6% en 2006). En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 20,1% (5,5% puntos por encima de la media española). Ello ha contribuido a reducir en un 43% las emisiones de dióxido de carbono por cada unidad de generación eléctrica producida en los catorce primeros años de esta década.

Durante su participación en la Convención Marco de Naciones Unidas, el consejero mantendrá una reunión con la directora de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y firmará un memorando de entendimiento con la Comisión Oceanográfica intergubernamental de la Unesco, lo que permitirá el acceso de la administración autonómica a datos sobre comportamiento del mar y de las costas.