La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos cifra en 800 millones el ahorro si se rescata el HUBU de manos privadas

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos ha cifrado en unos 800 millones de euros el ahorro que supondría para las arcas de la Junta de Castilla y León resolver el contrato de concesión del Hospital Universitario de la capital burgalesa (HUBU) y su recuperación para el sistema público, tal y como sostiene su portavoz, Juan Antonio Ayllón, quien ha registrado hoy en las Cortes el informe elaborado al respecto por dicho colectivo y que será una de las principales herramientas de estudio de la comisión parlamentaria de investigación creada al efecto.

Si precisamente esta comisión se constituyó en las Cortes gracias a la presión mediática de la plataforma, como así entienden los grupos de la oposición, su trabajo titulado 'Informe básico para la recuperación del HUBU' entregado hoy a sus integrantes marca ya el camino para la reversión de sus instalaciones a titularidad pública, fundamentalmente a través de un procedimiento administrativo, el menos gravoso porque evitaría pagar lucro cesante, que pasaría por que la Junta resolviera el contrato de gestión alegando el incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si bien existen otras vías, como el mutuo acuerdo de las partes o la iniciativa de la Junta por motivos de interés público, el portavoz de la plataforma, Juan Antonio Ayllón, entiende que la primera fórmula sería la más factible y la que menos dinero costaría a las arcas regionales.

"El hospital va a tener un sobrecoste de unos 800 millones. Si cortamos ese contrato tenemos ese dinero a ganar", ha apuntado Ayllón, quien sostiene que podría llegarse a esa cifra de ahorro en función del número de incumplimientos que la Junta logre demostrar que ha cometido la empresa concesionaria. De hecho, recuerda que en Francia se ha producido un hecho similar con un hospital privatizado y en ese caso se ha logrado ahorrar entre 600 y 900 millones gracias a que se han presentado hasta 8.000 actas de incumplimientos.

"Si allí se ha hecho, por qué no aquí, cuando además podemos presentar 80.000 actas de incumplimiento", ha enfatizado Ayllón, quien ha añadido que para eso es preciso además contar con la voluntad política de la Junta, "algo que por el momento no ha existido".

En cualquiera de los casos, la plataforma defiende que sea cual fuere la fórmula utilizada para la recuperación del HUBU de manos privadas, incluso aquellas que obligarían a indemnizar a la concesionaria por lucro cesante, en ningún caso la cantidad a desembolsar sería superior a la prevista durante los treinta años del contrato suscrito.

Edificio nuevo con patología de viejo

El portavoz de la plataforma ciudadana, quien tras registrar su informe en las Cortes ha comparecido ante los medios acompañado por los grupos de la oposición, ha recordado que el HUBU "no es sólo un problema local, pues supone un gasto anual de 40 millones por encima de lo previsto, más del doble", y ese dinero podría destinarse a la sanidad pública, al tiempo que ha denunciado que el hospital construido "es un inmueble nuevo con patología constructiva de edificio viejo, una infraestructura que no dura 30 años", en referencia a las múltiples deficiencias constructivas que presenta desde el día siguiente de su inauguración.

La llegada del informe al seno de la comisión ha sido acogido con entusiasmo por los grupos de la oposición, entre ellos José Sarrión, de IU-EQUO, quien ha destacado que vale su peso en "oro" por cuanto no sólo contribuirá a recuperar el HUBU sino que también permitirá depurar responsabilidades, ya que el trabajo constata que en este caso ha ocurrido lo mismo que con la trama eólica, "es decir, la existencia de una gran trama entre el PP y distintas empresas que se dedican a esquilmar los recursos públicos".

En la misma línea, el socialista Luis Tudanca ha aplaudido el trabajo de la plataforma y ha confesado que lo ocurrido con el HUBU es para él motivo de "lucha personal" durante los últimos diez años, cuando se advirtió entonces de los riesgos de un modelo de concesión que, como así denuncia, "tiene ya acumulado un sobrecoste de 650 millones, 80 al año, y ello está obstaculizando inversiones muy necesarias en el sistema sanitario público".

Por ello, ha anunciado su propósito de "no cejar en el empeño" hasta que el HUBU vuelva a manos públicas, en la línea de lo que ya está ocurriendo en otros territorios del Estado como Cantabria o Valencia.

Pablo Fernández y Manuel Mitadiel, de Podemos y Ciudadanos, respectivamente, se han sumado también al capítulo de loas dirigido al trabajo de la plataforma, a la que el primero de ambos ha calificado como "ejemplo de cómo la ciudadanía organizada es capaz de lograr sus objetivos" y en este caso concreto para demostrar que "la sanidad es un derecho, no un negocio, a diferencia de lo que piensan en el PP".

Mitadiel, por su parte, precisa que tan importante como analizar lo que ha pasado, algo que según añade aparece muy bien detallado en el estudio "eminentemente técnico" elaborado por el colectivo de Burgos, es también "sacar conclusiones para que la sanidad sea pública, eficiente y de mejor calidad".