El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha reducido a siete empresas y 1.547.000 euros el presunto fraude en el uso de subvenciones para los cursos de formación en la provincia de Sevilla, todo ello después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizara inicialmente un atestado donde constaban 29 empresas investigadas y 53 imputados y donde cifraba el fraude en 3,7 millones.
En este sentido, fuentes del caso han informado de que el juez instructor ha atendido así la petición realizada por la Fiscalía de Sevilla y ha dictado un auto, con fecha de 14 de octubre, en el que archiva la causa respecto a 22 de las 29 empresas porque, o bien no se ha demostrado que haya delito, o bien las subvenciones recibidas no superan la cuantía mínima de 120.000 euros.
De este modo, el magistrado ha acordado continuar la causa por un presunto delito de fraude de subvenciones contra un total de siete empresas que recibieron subvenciones por parte de la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla, entre las que destaca la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), vinculada al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y que habría recibido 239.000 euros.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, las otras seis empresas habrían recibido ayudas de 310.000 euros, 263.000, 230.000, 178.000, 165.000 y 162.000 euros, lo que hace un montante total de 1.547.000 euros.
PIEZAS SEPARADAS
En el auto, el instructor señala que "la persecución de infracciones administrativas en la que se pueden encuadrar algunas empresas investigadas se ha de realizar por los organismos administrativos correctores en aplicación del principio de intervención mínima, rector del Derecho Penal".
De este modo, el juez acuerda continuar la instrucción de la causa en relación a las empresas "con un volumen de defraudación" superior a 120.000 euros, han indicado las fuentes, que han precisado que el instructor formará una pieza separada por cada una de estas siete empresas, mientras que "la investigación de la falta de vigilancia y control por la Administración" quedará en el ramo principal.
Esta investigación se deriva de la llamada operación 'Edu', iniciada en Málaga, en la que la UDEF detectó irregularidades de este tipo en todas las provincias andaluzas, por lo que se repartieron las diligencias por juzgados de Instrucción de toda la comunidad autónoma, según han informado a Europa Press fuentes del caso, que han añadido que, en el caso de Sevilla, la Policía tomó declaración a más de 800 personas.
PRESUNTA TRAMA
Esta investigación, que es independiente de la que instruía la juez Mercedes Alaya y ahora investiga María Núñez Bolaños, aborda una presunta trama en la realización de cursos de formación para parados, convocados con fondos de la Junta de Andalucía, desde la Delegación Provincial de Empleo.
Y es que, tras iniciarse esta causa en el Juzgado hace ahora más de un año, el instructor, Juan Gutiérrez Casilla, solicitó a la Policía una ampliación del atestado elaborado inicialmente, que cifró el fraude en 3,7 millones de euros, para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos denunciados.
En la ampliación de atestado, la Policía concluía que eran 29 las empresas sevillanas que estaban siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 los imputados en este proceso por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.
HASTA 13.000 FOLIOS
El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios, a los que se adjuntaron en su envío a la Fiscalía otra documentación, ésta con un volumen aproximado de 150 tomos --parte de ella en soportes informáticos--.
En esta causa, en la que por el momento sólo esta personada la Junta de Andalucía como acusación, se va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal o bien administrativa o fiscal y los presuntos responsables de estos delitos.
Las irregularidades descritas indican "múltiples y diversos usos fraudulentos" de fondos de la Junta de Andalucía, partidas cuyo uso normativo "era para ser destinados a la formación y la consecución de empleo" por parte de trabajadores en paro.
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