La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado a la Junta de Andalucía que entregue las "agendas del periodo 2000-2011" de hasta 12 imputados en la causa, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
En una providencia fechada el 2 de octubre, consultada por Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla da cumplimiento así al auto de 16 de septiembre donde la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla revocó una resolución de la juez Mercedes Alaya y aceptó la práctica de varias diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la aportación de las "agendas" al considerarlo "de utilidad para la instrucción".
De este modo, la juez requiere a la representación legal de la Junta de Andalucía "para que aporte a la presente causa agendas del periodo 2000-2011" de 12 imputados "de las que pueda disponer como cargo, empleado público o contratado externo" en relación con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Administración autonómica.
Estos imputados son, además de Magdalena Álvarez, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores generales de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el ex diputado Ramón Díaz Alcaraz y la ex asesora de Empleo María José Rofa.
De igual modo, la instructora cumple con lo acordado por la Audiencia y cita el próximo día 10 de noviembre "como testigos-peritos" a los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas, como son la coordinadora del trabajo y jefe de equipo de fiscalización, dos auditores y tres técnicos de auditoría.
La Audiencia ordenó la práctica de esta diligencia al entender que "la única argumentación" del auto dictado por Alaya para inadmitir esta declaración es que "el informe elaborado por el mismo no lo ha sido en virtud de solicitud de este juzgado, sino dentro de las funciones propias de dicha Cámara, sin perjuicio de los efectos que sus conclusiones hayan podido tener" en la causa.
Por el contrario, el hecho de que una pericia "haya sido elaborada sin haber sido acordada por el órgano jurisdiccional no es en principio razón para no judicializarla como prueba trayéndola al proceso a través de la declaración de los peritos", puesto que la pericia "prueba personal es y solamente de esa forma podría surtir en la causa los efectos aludidos en el inciso final de la argumentación", el cual "a su vez revela la relevancia del contenido de ese informe para el esclarecimiento del conjunto de hechos objeto de la instrucción: apunta, incluso, que sus conclusiones han podido tener efecto ya en la instrucción".
LETRADA JEFE DE LA CÁMARA DE CUENTAS
La Sección Séptima afirma que "la pericia extraprocesal incorporada al proceso con ratificación del perito, bajo juramento o promesa y con posibilidad de contradicción por las partes, es un supuesto que se produce diariamente en los tribunales. Piénsese si no, en las asistencias médicas extraprocesales a lesionados en accidentes de circulación convertidas posteriormente en pruebas periciales".
"De hecho, es comúnmente aceptada por el Tribunal Supremo en todos los órdenes siempre que, por supuesto, sean introducidas de forma contradictoria en el proceso --en este caso, además, proviene de un organismo público--", sostiene la Sala.
La juez, asimismo, resuelve la petición planteada por las defensas de tres imputados solicitando la citación de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas y acuerda que, "una vez sea practicada la pericial acordada del equipo de fiscalización de la Cámara, y a la vista del resultado de la misma, se acordará lo procedente".
La juez, además, ha librado oficio a la Agencia Tributaria "para que informe del estado actual de la pericia y auxilios jurisdiccionales acordados, en particular, de los informes de delito contra la Hacienda Pública imputados" en la causa, y ha requerido a la Intervención General de la Junta "para que remita informes relativos a las mercantiles Santana Motor e Hijos de Andrés Molina y al IFA/IDEA, así como documentación acreditativa de la persona y fecha y que los recibe".
Igualmente, la magistrada libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, en sus informes de seguimiento, recojan un apartado "que exponga la existencia o no de negocios realizados por los gestores de la sociedad en el momento de la percepción de las ayudas de transmisión de títulos o bienes que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla".
CITA A SEIS TESTIGOS
Esta práctica "tal como se propone, como forma de averiguación del destino dado a fondos presuntamente malversados y su ulterior recuperación, es igualmente útil y necesaria", sostenía la Audiencia en su auto.
Por último, la instructora cita a declarar el día 20 de octubre a seis testigos que fueron propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, diligencia que también fue acordada por la Audiencia al entender que estas testificales "se revelan como pertinentes atendidas las razones expuestas" por la Fiscalía y "no desdichas por la instructora, que ninguna razón da para su rechazo: son personas que ya han declarado" ante la UCO "y sus manifestaciones pueden ser de utilidad 'para poder delimitar la participación en los hechos de imputados en la causa, en particular de aquellos que han pertenecido" a IFA/IDEA'".
Un día después, el 21 de octubre, la juez ha citado a declarar a los ex interventores generales de la Junta Manuel Gómez Martínez --ya imputado en la causa-- y Rocío Marcos Ortiz, ésta en calidad de testigo.
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