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- La juez Núñez impone una fianza civil de 353.000 euros a un exdirigente de CCOO-A incluido en cuatro pólizas

viernes 02 de octubre de 2015, 19:41h

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 353.353,96 euros al exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e impone dicha fianza civil a Florido al considerar que "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas --la contratada como consecuencia del ERE de Hytasal y otras tres pólizas individuales más--", cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.

La juez Núñez, que recuerda que el exdirigente de CCOO-A permanece imputado en la causa por sendos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, advierte al imputado de que, en caso de no prestar dicha fianza en el plazo de un día, ordenará el embargo de bienes "previa relación de bienes efectuada por el inculpado".

Al hilo, resalta que Florido, como secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A, mantuvo una "estrecha relación" con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".

"PAQUETE COMPLETO"

De este modo, "y merced a sus relaciones" con los comités de empresas "gracias al cargo que ostentaba en CCOO", el imputado "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un 'paquete completo' que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".

Según la juez, en el año 2003 el imputado "se encuadra entre los trabajadores afectados" por el ERE acometido en Hytasal, "siendo beneficiario" de la póliza suscrita para el pago de las prejubilaciones de los afectados por el ERE, la cual fue financiada "fundamentalmente" por la Junta y "en la que resulta mediadora Vitalia".

Al año siguiente, Florido "vuelve a ser dado de alta" en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta de Hytasal, "llegándose a determinar" que el encausado "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas" por las que ha cobrado "al menos" la cantidad de 265.015,47 euros.

Inicialmente, la juez Mercedes Alaya impuso al imputado una fianza civil de 353.353,96 euros, aunque posteriormente la anuló y dejó sin efecto al considerar que había que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le imputan, tras lo que la Fiscalía insistió en que le impusiera una fianza, lo que ahora ha llevado a efecto María Núñez.

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