La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición realizada por siete cargos y ex altos cargos de la Junta imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares para que la juez María Núñez Bolaños "aclare" el auto del pasado 30 de julio en el que acordó dividir la causa en tres grandes bloques, división a la que se opuso en reiteradas ocasiones su antecesora, Mercedes Alaya.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público entiende que "no procede" que la magistrada "aclare" el auto referido al entender que lo solicitado por los imputados "no es materia de aclaración", de manera "que lo que piden será objeto de otras resoluciones futuras".
De manera independiente a esta petición de aclaración, una decena de imputados han recurrido la decisión de la juez de dividir el caso ERE, entre ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que entiende que las penas para algunos de los imputados, al ser sometidos a varios juicios, "podrían exacerbarse al punto de --es así, puramente y sin exageración-- llegar a doblarlas".
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla dio un plazo de cinco días al Ministerio Público para que "alegue lo que a su derecho convenga" en relación a los escritos donde estos siete cargos y ex altos cargos de la Junta solicitaban una "aclaración y/o complemento" del auto del pasado 30 de julio.
En este auto, la magistrada dividió la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otro bloque con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
En tres escritos idénticos elevados al Juzgado, los abogados de estos siete ex altos cargos piden a la instructora, en primer lugar, que concrete "qué conductas, hechos o actuaciones deben ser incluidas en las piezas denominadas 'procedimiento específico' y cuáles en las piezas por 'cada ayuda socio-laboral o directa a empresas', delimitando objetivamente las mismas".
Los exaltos cargos son el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; el ex director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero; el exdirector de Industria de este departamento, Jesús Nieto González; el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz, Ana María Peña Solís, que fuera secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación, y Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.
A juicio de los letrados, "se trata de conceptos oscuros e indeterminados que deben ser necesariamente concretados para dotarlos de contenido", a lo que se añade que el auto "no refleja en su parte dispositiva el alcance subjetivo de las piezas en que se divide el procedimiento", por lo que sus clientes "ignoran en qué piezas separadas serán incluidos".
Por ello, solicitan a la instructora que "aclare, y, en su caso, complete el auto dictado, concretando qué imputados estarán en cada una de las piezas separadas" en las que acordó dividir el procedimiento por medio del auto dictado el pasado día 30 de julio.
Estas aclaraciones "se solicitan toda vez que sin las mismas no es posible determinar el verdadero contenido de la decisión judicial acordada --qué se entiende por procedimiento específico, qué conductas se incluyen en las piezas de ayudas, qué personas intervienen en las mismas--, y dado que la indeterminación de la resolución en estos extremos nos genera efectiva indefensión prohibida por el artículo 24 de la Constitución Española".
Tras ello, la secretaria judicial dictó una diligencia de ordenación en la que acordó suspender el plazo para recurrir el auto de 30 de julio en tanto en cuanto se resuelven los escritos presentados.
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