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La Junta apunta que los vertidos en Aznalcóllar estaban "autorizados por la CHG"

viernes 17 de julio de 2015, 16:51h

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha apuntado que los vertidos en Aznalcóllar hasta la cota cero "estaban autorizados" por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Fuentes de esa dirección general se manifestado en torno a las últimas informaciones relativas a un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía, y han indicado a Europa Press que "desde el abandono de la mina de Aznalcóllar, la Junta de Andalucía ha asumido las actuaciones de gestión de los pasivos ambientales como consecuencia de la ejecución del Plan de adecuación ambiental de las labores de desmantelamiento y restauración final de las instalaciones de la mina de Aznalcóllar del año 2001".

Para ello, según han explicado, ha venido encomendando a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa) --que posteriormente se transformó en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya)--, la gestión de estos pasivos ambientales.

Ha indicado que la primera encomienda de gestión se firmó en el año 2002 y la última ha finalizado en 2015, tras la asunción de esta gestión por la entidad adjudicataria del concurso, como establecía la resolución de 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se selecciona a la entidad que ha resultado adjudicataria del concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la zona Aznalcóllar (Sevilla).

La Junta ha explicado que las labores de mantenimiento de los pasivos ambientales "son los que se recogieron en el Plan de Abandono que quedó pendiente tras la caducidad y paralización de la actividad productiva de la Mina Los Frailes". En cuanto a los vertidos, las principales actuaciones van dirigidas a "encauzar las aguas de contacto y las remanentes de la balsa siniestrada la corta de Aznalcóllar, controlando su nivel para que no sobrepase la cota de seguridad establecida".

Ha recordado que para evitar sobrepasar este nivel, "cuando el nivel de agua se acerca al de seguridad, se desvían las mismas a la planta depuradora para su tratamiento antes del vertido".

En ese sentido, la dirección general ha dejado claro que el vertido "está autorizado por la CHG", toda vez que "en la autorización de vertidos de la CHG del 4 de marzo de 1999, tras la rotura de la balsa y para la reanudación de las labores mineras, se autorizó el vertido a la corta de Aznalcóllar, hasta la cota cero, de los estériles del concentrador, fangos de depuradora y ocasionalmente, aguas procedentes de escorrentías". Esa cota cero se estableció sobre la base de un estudio del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Posteriormente, en 2014, el Instituto Geológico y Minero de España evacuó un nuevo informe en el que elevaba esta cota de seguridad a la cota '+20'.

NO HABRÁ QUE DEPURAR AGUA ANTES DE LA REAPERTURA

Asimismo, las fuentes han precisado que en este momento, el agua de la corta "está muy alejada de ese nivel (+2), por lo que no ha sido necesario depurar agua desde la recepción de este informe del IGME ni se prevé la necesidad de depurar agua antes de la reapertura de la mina, que llevará consigo una revisión y adecuación de todo el pasivo ambiental".

La Junta ha explicado que el 25 de febrero del 2015 se remitió escrito a la CHG solicitando su colaboración sobre cualquier circunstancia que deba ser considerada en el ámbito de las competencias de esa institución "para el buen fin de la actividad que se pretende, en particular sobre el cambio de titularidad de la autorización de vertido".

La Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía ha elevado al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, un informe que refleja que una inspección acometida en las instalaciones de la antigua mina ha revelado "un vertido directo de aguas altamente contaminadas al río Agrio", que desemboca en el Guadiamar, perteneciente a su vez al área de influencia del espacio protegido de Doñana.

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