Los peritos del expresidente de Andalucía y exsenador José Antonio Griñán insisten en su último informe sobre la causa de los ERE, que ha sido ya entregado en el Tribunal Supremo, en que el instrumento presupuestario elegido para dotar las ayudas socio-económicas era de uso habitual y no se indujo error al Parlamento Andaluz. El documento ataca duramente a los profesionales de la IGAE, a los que llegan a acusar de construir una "maniobra conspiratoria", al igual que quienes niegan que el hombre pisó la luna.
Este informe se entrega en contestación a las conclusiones del último informe en el que la Intervención General del Estado (IGAE) cuestiona de forma rotunda el sistema de financiación elegido para dotar las ayudas presuntamente irregulares en Andalucía entre 2000 y 2010.
La remisión de este informe de parte, para el que el instructor del caso Alberto Jorge Barreiro dio un plazo de quince días a la defensa, está firmado igual que el primero por los catedráticos de Derecho Presupuestario de la Universidad Carlos III de Madrid Juan Zorzona y Miguel Ángel Martínez y obra en poder del alto tribunal desde este miércoles, cinco días antes de que venciera el plazo legal.
Se trata de una de las últimas pruebas que quedaba pendiente practicar por el instructor de la causa con respecto a Griñán, que en todo caso ya ha perdido su condición de aforado.
El informe fue presentado este miércoles pese a que el abogado de Griñán, José María Mohedano, ha pedido a la Sala que admitió este caso que se declare incompetente para seguir investigando a su cliente.
Los peritos inciden en las mismas conclusiones que sacaron en su primer informe. En síntesis, que no hubo ilegalidad ni en la aprobación de normas presupuestarias ni en la tramitación, que no se indujo a error al parlamento, que las transferencias de financiación son un instrumento no cuestionado y utilizado en múltiples administraciones, que no huno advertencias de ilegalidad por parte de los órganos de control y que, de haberse cometido actuaciones irregulares, no tuvieron lugar en las fases presupuestaria y contable, sino en los pagos.
El contrainforme es muy duro con la actuación de los peritos de la IGAE, de los que dicen en varias ocasiones que "no han estado atentos" o "han leído mal el "informe de los peritos de la defensa".
"HAY QUIENES NO SE CREEN QUE EL HOMBRE PISÓ LA LUNA"
Los catedráticos de la Carlos III llegan a decir que "es difícil sacar de su error a quien está totalmente convencido de algo" y añaden "hay quienes todavía no se creen que el hombre pisó la luna, que las fotos y el alunizaje fue simulado y construyen una maniobra conspiratoria con diversas teorías para sostener su tesis".
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que "no puede pretenderse que el uso de una determinada técnica presupuestaria -en este caso las denominadas transferencias de financiación- sea ilegal, cuando ha venido autorizada por las sucesivas Leyes del Presupuesto.
Para estos expertos "no parece asumible" que una reorganización de funciones en el seno de la Administración andaluz que, a fin de cuentas, se limitaba a trasladar a una entidad pública dependiente de la junta de Andalucía la realización de las subvenciones laborales estuviese guiada por propósitos como los que manifiestan los peritos de la IGAE", esto es, prescindir del procedimiento legal establecido.
"Una interpretación adecuada de los Presupuestos de Andalucía en el período examinado permite comprobar que el Parlamento aprobó el programa 31 L (el de estas ayudas) precisamente para que las agencia pública IFA-IDEA atendiera al pago de las ayudas sociolaborales concedidas por la Dirección General de Empleo", insisten los peritos de parte.
HURTO AL CONTROL, SEGÚN LA IGAE.
En su último informe, que ha sido contestado ahora con este escrito, los cuatro los peritos de la Intervención General señalan, en relación con el instrumento empleado para dotar las ayudas -las denominadas transferencias de financiación- que su "primer y principal efecto fue hurtar su fiscalización a la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo, posibilitando así el otorgamiento de subvenciones al margen del procedimiento legal establecido".
Señalaban que sus conclusiones "en la práctica totalidad de los temas tratados", son "radicalmente contrarias" a las obtenidas por los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Lago, autores del informe pericial de parte presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.
"En contra de lo indebidamente afirmado" por el informe de los catedráticos de la Universidad Carlos III, según la IGAE, "la naturaleza, el destino, la clasificación presupuestaria" y otros extremos de las transferencias de financiación han venido siendo regulados durante los últimos años por un total de 45 normas que avalarían su tesis de que no conforman un instrumento adecuado para arbitrar ayudas como las cuestionadas en este procedimiento penal.
Además, los peritos insistían en que la concesión de las ayudas tuvo su origen en la "fraudulenta elaboración por el Ejecutivo andaluz del anteproyecto y proyecto de presupuesto del organismo público denominado IFA (luego IDEA) y del de la Consejería de Empleo.
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