Alaya ordena investigar si Mercasevilla pagó nóminas de Carmelo Gómez

La juez Mercedes Alaya, que investiga delitos societarios en Mercasevilla, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe "urgentemente" sobre el supuesto pago por parte de Mercasevilla de las nóminas del exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento hispalense y actual parlamentario andaluz Carmelo Gómez, del también exedil socialista José Antonio García, y de María del Carmen Rodríguez Borrego, nuera del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

En un auto fechado el 9 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pide a la Guardia Civil que informe, "con todo detalle" y "a los efectos de ampliar en su caso la imputación inicialmente formulada" contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, "sobre el supuesto pago por Mercasevilla" de las nóminas de las tres personas citadas "aprovechando el entramado empresarial" del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas.

Según la juez, Carmelo Gómez, que es también vicesecretario general del PSOE de Sevilla, "aparece dado de alta" en la empresa 'Maginae Solutions', José Antonio García en 'Al Andalus Mass Media Chanel' y la nuera de Rivas en 'Consulting Social Siemur', vinculadas al entorno de Lanzas.

La juez ha tomado esta decisión tras incorporar a la causa un atestado de la Guardia Civil que constaba en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en torno a la actividad del entramado societario vinculado a Juan Lanzas, ya que "los hechos que se desprenden del mismo pudieran tener relación con las operaciones societarias de dicho entramado con Mercasevilla".

"FACTURACIÓN FALSA"

En virtud de este atestado, la instructora ordena también ampliar la pericial inicialmente acordada, "que deberá extenderse a que por los peritos designados se examine la documentación relativa a las nuevas entidades que, relacionadas directa o indirectamente con Juan Lanzas, habrían mantenido operaciones comerciales simuladas con Mercasevilla, debiendo verificar si el importe de dicha facturación falsa asciende a 801.557,07 euros".

En un atestado elaborado en marzo de 2014 en el marco del caso ERE, la Guardia Civil ya señalaba que, de acuerdo con la declaración del modelo 190 presentada por la empresa 'Maginae Solutions', Carmelo Gómez habría percibido retribuciones por importe de 8.390,55 euros de esta sociedad, que le dio de alta en el régimen general de la Seguridad Social durante 133 días, entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto del mismo año. De ese dinero, 4.705,85 euros fueron abonados en concepto de empleado por cuenta ajena y 3.684,70 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, precisa el atestado.

Asimismo, y en el caso del exconcejal José Antonio García, que estuvo imputado en el caso de las facturas falsas del distrito Macarena --causa que se archivó contra él--, recibió 9.321,65 euros como trabajador de la empresa 'Al Andalus Mass Media Channel' entre los años 2007 y 2008, al haber figurado de alta durante 326 días (entre el 21 de junio de 2007 y el 11 de febrero de 2008).

El atestado recoge igualmente los pagos realizados por importe total de 23.850,13 euros a María del Carmen Rodríguez Borrego, pareja de un hijo de Antonio Rivas y que está relacionada con las sociedades 'Al Andalus Mass Media Channel' y 'Consulting Social Siemur'. De estas empresas, Borrego habría recibido 19.084,72 euros en los años 2008 y 2009 de la primera empresa; y 4.765,41 euros en 2007 y 2008, de la segunda.

Además, figuró de alta en el régimen de la Seguridad Social en la empresa 'Consulting Social Siemur' durante 365 días (entre el 12 de febrero de 2007 y el 11 de febrero de 2008) y durante 453 días por 'Al Andalus Mass Media Channel', entre el 1 de abril de 2008 y el 27 de junio de 2009.

La Guardia Civil concluye que, teniendo en cuenta la "escasa actividad económica" de 'Maginae Solutions' y 'Al Andalus Mass Media Channel', así como el "desconocimiento de su labor como trabajadores" por el resto de empleados de estas sociedades, se podría inferir que los presuntos pagos declarados en relación con las tres personas "pudieran no corresponderse con la prestación de un servicio real".