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Archivada la denuncia contra la alcaldesa de Segovia por el callejero franquista

Archivada la denuncia contra la alcaldesa de Segovia por el callejero franquista

Por Redacción/Agencias
martes 12 de mayo de 2015, 15:52h
El Juzgado de primera instancia e instrucción 6 de Segovia ha archivado la denuncia contra la alcaldesa segoviana, Clara Luquero (PSOE), por delito de desobediencia al consentir el mantenimiento de nombres franquistas en las calles de la ciudad.   

En un auto, la magistrada Beatriz Rico considera que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito, por lo que ha procedido a acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, pudieran corresponder al perjudicado.   

La alcaldesa fue denunciada el pasado 16 de abril por el abogado Eduardo Ranz por no retirar del callejero una veintena de nombres vinculados con el Franquismo, en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica. Por ese mismo motivo, el letrado presentó querellas contra otros 80 alcaldes, entre ellos el de Cantalejo (Segovia), y contra una quincena de obispos y arzobispos, entre ellos el de Segovia, Monseñor César Franco.   

Ranz ha señalado que se están archivando todas las denuncias contra alcaldes y alcaldesas, al tiempo que ha informado de que no prevé presentar recurso al dictamen de los magistrados.       

En la capital segoviana, el letrado advierte al menos una veintena de calles con denominación franquista, entre ellas la avenida Fernández Ladreda, una de las principales arterias comerciales de la ciudad; las calles General Varela y Sargento Provisional, así como una quincena de calles del barrio de San José.   

Según recordó en el escrito registrado en el Juzgado, la Ley de la Memoria Histórica impone a las administraciones públicas adoptar las medidas para que se proceda a la retirada de monumentos conmemorativos que supongan exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978, y evitar la permanencia de vestigios que puedan causar enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia.   

Consideró por tanto que la alcaldesa de Segovia debería haber adoptado ya las medidas oportunas para la supresión de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura, al tiempo que advierte de que el Ayuntamiento no ha elaborado un catálogo de vestigios relativos a estos episodios.  
 Tras archivarse la querella, Ranz mantiene el derecho de petición en el Ayuntamiento, acerca del cual no ha recibido respuesta.

La responsabilidad, del PP   

Al conocer la denuncia, Luquero derivó en el Grupo Municipal Popular la  "responsabilidad real" de no aplicar la Ley de la Memoria Histórica, pues "por motivos ideológicos" no ha permitido el cumplimiento.   

De hecho, en el Pleno del 30 de enero, gracias al voto de calidad de la regidora, salió adelante una moción para retirar parte de las placas con nombres vinculadas al Franquismo. El acuerdo fue no obstante impugnado por los 'populares', que solicitaron su suspensión, y el expediente quedó además paralizado al salir adelante en febrero con el apoyo del PP una moción del concejal no adscrito Javier Arranz, hasta el mes de diciembre edil socialista, quien propuso pararlo y mejorarlo.   

Luquero siempre ha sostenido que su voluntad es la de cumplir la Ley, pues además de ser una obligación considera que es una "deuda" que hay que pagar.   

La retirada del callejero, que suscitó hace unas semanas la polémica entre vecinos y comerciante, además de grupos políticos, está asimismo recogida en el acuerdo que PSOE e IU firmaron en las pasadas elecciones, cuando IU se convirtió en llave del gobierno municipal.

El obispado, "un ejemplo"   

El abogado denunciante ha indicado por otra parte que se mantiene la denuncia contra el Obispado segoviano, que no obstante ya ha mostrado su disposición de suprimir los símbolos que se conservan, respuesta esta que Ranz valora como un "ejercicio de admiración desde cualquier valor democrático".   

Ante la buena disposición demostrada, el letrado ha decidido solicitar formalmente una audiencia con César Franco para proponerle trabajar conjuntamente en la retirada de la simbología y el cumplimiento de la Ley.
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