El Consejo de Diálogo Social firma un acuerdo en materia de mejoras sociales con los recursos del Fondo de Facilidad Financiera

Los miembros del Consejo del Diálogo Social ha acordado este viernes destinar los 20 millones de euros ya disponibles del Fondo de Facilidad Financiera, cuya adhesión reportará un total de 94,8 millones, a mejorar la atención a la dependencia, flexibilizar la Renta Garantizada de Ciudadanía, ampliar las becas universitarias y los programas de conciliación, impulsar las ayudas al alquiler de viviendas y mejoras en el sector forestal.   

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, el secretario general de CCOO, Ángel Hernández y el secretario general de UGT, Agustín Prieto, han rubricado el acuerdo en una reunión interna del Consejo de Diálogo Social celebrada en la Presidencia de la Junta, ya que se ha suspendido el acto público de firma tras el accidente sucedido ayer en el Pozo Salgueiro, en el municipio leonés de Santa Cruz de Montes, que se ha cobrado la vida de un minero.   

La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales han acordado que los recursos adicionales derivados del Fondo de Facilidad Financiera se reviertan en aquellas actuaciones de carácter social "más prioritarias".   

Así, los 20 millones ya disponibles en el Presupuesto se destinará a mejorar atención a la dependencia -5 millones de euros-, a flexibilizar la renta garantizada de ciudadanía -3,5 millones de euros-, acciones de "equidad" en el Sistema Educativo con becas para universitarios y ampliación de las ayudas de comedor y del programa de conciliación 'Madrugadores' -1,5 millones de euros-, ayudas al alquiler de vivienda -5 millones de euros-, y actuaciones de mejora en el sector forestal -5 millones de euros-.   

Además, el acuerdo compromete otros 20 millones, de los 73,8 restantes, a la atención a la dependencia y la renta garantizada de ciudadanía, según han informado fuentes de la Junta.

El reparto   

En primer lugar, el acuerdo abre la posibilidad de compatibilizar la prestación de la dependencia de cuidados en el entorno familiar con otras prestaciones de servicios profesionales. Una mejora de la que se beneficiarán unas 37.000 personas dependientes y que fortalecerá el empleo en el sector, ya que se calcula que 8.000 nuevos profesionales se vincularán al sistema a lo largo del año.   

En cuanto a la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía el acuerdo permitirá también una nueva flexibilización, ya que que amplía su acción protectora a aquellas personas y familias que, cumpliendo el resto de los requisitos, están percibiendo el subsidio parcial por desempleo, haciendo compatibles ambas prestaciones hasta el importe máximo de la Renta. Es una modificación que las Cortes de Castilla y León han tramitado y que tiene 7.000 beneficiarios potenciales.   

Se destinarán también fondos a avanzar en la equidad en el sistema educativo. Será a través de la mejora del programa 'Madrugadores' que reducirá sustancialmente el precio público para todos los usuarios -de 26,22 euros al mes a 16 euros al meses- y aumentan las bonificaciones a las familias monoparentales -50 por ciento para el primer hijo y no solo a partir del segundo como ahora-.   

Igualmente se mejorará el régimen de ayudas de comedor escolar, elevando el umbral de renta de los perceptores de la ayuda, con lo que se podrá pasar de los 20.000 a los 25.000 beneficiarios. Además, también en el ámbito de la educación se mejorará el programa propio de becas de la Junta de Castilla y León, a través de la introducción de una ayuda de 350 euros a los alumnos que no superen el 'umbral 1' de renta fijado por el Ministerio de Educación y sean beneficiarios de sus becas. La previsión es la de beneficiar a 4.300 estudiantes, mejorando las cuantías para los jóvenes con menos recursos.   

En cuarto lugar, otros 5 millones de euros irán destinados a ayudas al alquiler de viviendas. El acuerdo de hoy compromete la publicación inmediata de una convocatoria extraordinaria para personas y familias con ingresos inferiores al IPREM, que tendrá aproximadamente unos 10.000 beneficiarios. Además, se adquiere el compromiso de desarrollar, en la próxima Legislatura, un parque público de vivienda en alquiler como servicio público de interés general, que dará prioridad a las personas más "frágiles" como son los perceptores de Renta de Ciudadanía o quienes hayan sufrido lanzamientos y ejecuciones hipotecarias.   

Por último, se establece un Pacto para el impulso del sector forestal, que tiene como punto de partida el Programa de Movilización de Recursos Forestales, con la pretensión de contribuir al desarrollo económico en el medio rural, a la creación de empleo y a la mejora de las condiciones del empleo en el sector. Con un planteamiento amplio y a medio plazo, el pacto supone como medida inmediata el refuerzo del operativo de lucha contra incendios forestales en 5 millones de euros para este año 2015, con un aumento del 10 por ciento respecto del año anterior.

Procedencia de los fondos   

De este modo, a través de estos cinco acuerdos, quedan repartidos los 20 millones de euros procedentes del ahorro en gastos financieros. Los mayores ingresos, por importe de 73,87 millones de euros, derivados de la condonación de la anualidad correspondiente a la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómico de los ejercicios 2008 y 2009, serán objeto de negociación en el seno del Diálogo Social en el momento de la disponibilidad de esos recursos, aunque en el presente acuerdo se fija el compromiso de destinar otros 20 millones a Dependencia y Renta Garantizada de Ciudadanía.   

El resto de fondos hasta completar los 93,8 millones de 2015 se destinarán también a políticas sociales que se pactarán en el Diálogo Social y los 36 millones de euros que se ahorrarán cada año, en 2016 y 2017, se destinarán a consolidar lo pactado en Dependencia, Renta de Ciudadanía, Educación y Vivienda.