Castilla y León contará con comisiones de seguridad para aumentar la protección de las víctimas de violencia de género

Comisiones de seguridad garantizarán el seguimiento a víctimas de violencia de género en Castilla y León aún sin haber denuncia previa en casos de especial riesgo, como ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien ha avanzado además que todas las víctimas contarán con un profesional de referencia para lo que se contratarán a 100 nuevos profesionales que atenderán desde los CEAS.   

Juan Vicente Herrera ha avanzado estas novedades en una jornada en la que se ha analizado el modelo 'Objetivo Violencia Cero', donde ha insistido en la creación de estas comisiones de seguridad para abordar el problema de forma conjunta entre el profesional de referencia, la policía, los profesionales del sistema de atención social, sanitario, judicial y todos aquellos que puedan aportar información en casos de especial riesgo con independencia de que exista o no denuncia de la víctima.   

Junto a estas comisiones, la Junta va a impulsar la figura del profesional de referencia para cada víctima de violencia de género que trabajará desde los servicios sociales de proximidad, CEAS, y para cuyo impulso se contratará a 100 profesionales por parte de las corporaciones locales y diputaciones, para lo que se garantizará financiación suficiente dentro del acuerdo marco de Servicios Sociales que se aprobará en el primer trimestre.   

El presidente ha anunciado estas y otras medidas con el fin de lograr la erradicación de la violencia de género que ha dejado en 2014 tres víctimas mortales en la Comunidad --53 en el ámbito nacional--. "La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad, es una lacra social que hay que erradicar con el compromiso de todos", ha aseverado.   

De este modo, Herrera ha insistido en la implantación de un nuevo modelo para abordar este problema y que se centra en primer lugar en el fomento de la coordinación de todas las instancias, un enfoque proactivo para la detección precoz de una situación de maltrato, la asignación de un profesional de referencia que acompañe a la víctima y el apoyo integral a través de la comisiones de seguridad.   

Así, el presidente de la Junta ha destacado que uno de los objetivos de este modelo es la integración social de las víctimas para dar a las mujeres la posibilidad de "abandonar" el ámbito del abuso y posibilitar a la mujer "volver a ser dueña de su vida".   
 Para lograr estos objetivos Herrera ha avanzado que el Ejecutivo regional ha asumido el compromiso de convocar ayudas anuales para las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género para lograr al menos un mínimo de 50 contratos anuales.   

En este sentido, Herrera ha apuntado que durante el año 2014 un total de 168 víctimas accedieron a la Renta Garantizada de Ciudadanía, 370 mujeres recibieron ayudas económicas para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y más de 100 personas -35 mujeres, con sus hijos y personas dependientes- accedieron a viviendas normalizadas e iniciaron su vida autónoma gracias a estas ayudas combinadas.

Registro unificado   

La historia social de la víctima, sus hijos y personas que de ella dependan recogida por el profesional de referencia estará integrada en la Comunidad en una única fuente de información: el Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género, en el que ya figuran más de 1.900 expedientes de mujeres víctimas y cuyo decreto de regulación ha sido  publicado este viernes en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León para recabar aportaciones y sugerencias.   

La información social recopilada podrá ser intercambiada posteriormente con el resto de agentes sociales, miembros de seguridad del Estado, policías locales o del sistema judicial, merced a los convenios -únicos en España- que la consejería ha suscrito desde el pasado mes de julio con el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial, así como con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Fiscalía de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias y con los ayuntamientos que disponen de policía local.   

Este intercambio de información comenzará en febrero, como ha anunciado Herrera, sin perjuicio de que la Comunidad está trabajando en el diseño de una plataforma informática (Pawla), de "gran complejidad" de programación, que sustente todo el trabajo en red de profesionales de los Servicios Sociales, jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales y profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a víctimas de violencia de género.

Sensibilización   

Herrera ha destacado que la formación contra la violencia de género es básico para erradicarla, así ha destacado que Castilla y León fue pionera en incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género de modo normalizado en la ESO, y ahora extiende esta iniciativa al ámbito universitario.   

Para ello, como ha recordado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suscrito convenios con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad para impulsar la inclusión de contenidos específicos en todas las titulaciones cuya salida profesional tenga alguna relación con la atención a las víctimas y promover la presencia de la mujer en titulaciones.   

Las universidades se han comprometido, asimismo, a promover estudios específicos sobre el problema e incluso trabajos de investigación que permitan hacer un seguimiento de las medidas adoptadas y de los modelos de comportamiento. Esos parámetros posibilitarán una mejora continua del sistema 'Objetivo Violencia Cero', tal y como ha explicado el presidente de la Junta.   

Para que las mujeres mayores, especialmente aquellas que viven en el medio rural, cuenten con información especializada, el Gobierno autonómico pondrá en marcha un programa de sensibilización, a través de las asociaciones de mayores del ámbito rural. Y, además, desarrollará en colaboración con Feaps un proyecto piloto para formar en violencia de género a las mujeres con discapacidad intelectual.