La Comunidad asume la gestión de seis estaciones de autobuses, tres institutos y dos inmuebles hasta hoy propiedad del Estado

Castilla y León asumirá la gestión de seis estaciones de autobuses, tres institutos de enseñanza secundaria y parte de dos inmuebles ubicados en Zamora y Valladolid, según se ha acordado este martes tras la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias de la que forman parte la Junta y la Administración general del Estado.   

En el encuentro mantenido este lunes en Valladolid han estado presentes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, y el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez.   

Con el traspaso de estos bienes, como ha destacado Del Olmo, la Comunidad amplia sus medios patrimoniales en transporte terrestre, enseñanza no universitaria y Cultura.   

En concreto la Junta asume la gestión de las estaciones de autobuses de Béjar, Cuidad Rodrigo, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid y los institutos de enseñanza secundaria de 'Tierra de Campos' ubicado en Villalpando, el de Fuentesaúco y 'Los Valles' en Camarzana de Tera, los tres en Zamora.   

A estos nuevos traspasos hay que sumar una pequeña parte de la sede administrativa autonómica de la avenida Requejo 2 de4 Zamora, donde se instalará la Gerencia del Servicio Público de Empleo y una cuota de la superficie del edificio de la Plaza de Madrid 5, donde se ubicaba la antigua sede de la Agencia Tributaria.   

Como han informado tras la reunión los traspasos no incorporan medios personales, carecen de coste efectivos y tendrán efectividad a partir del día siguiente de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial de Estado (BOE), a excepción del inmueble ubicado en Valladolid que será efectivo el 1 de enero de 2015.

Administración 'sin papeles'

Por otra parte, Castilla y León ha avanzado para lograr una administración 'sin papeles' con la puesta en marcha de distintos sistemas, entre ellos el servicio ORVE a través del que los ciudadanos podrán presentar y enviar la instante su documentación desde cualquier registro público y que se espera que se pueda implantar en todos los ayuntamientos de la Comunidad y que puede llegar a suponer un ahorro de 800.000 euros al año.   

De este modo, el Gobierno central ha puesto a disposición de los ciudadanos de Castilla y León esta Oficina de Registro Virtual (ORVE) a través de un convenio rubricado entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas,  la consejera de Hacienda y el consejero de la Presidencia. Un sistema que ya se ha implantado en Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha y que, como ha destacado Beteta, se espera que se pueda implantar en todas las autonomías.   
 Beteta ha señalado que con el acuerdo rubricado este lunes con la Junta "se pone a disposición de la Comunidad Autónoma los programas informáticos y documentos de los que dispone la Administración General del Estado y con ello se garantiza un uso en común de todas las autonomías".   

La firma de este convenio permitirá unir a más de 2.500 oficinas de registro de Castilla y León y puede suponer un ahorro de alrededor de 800.000 euros al año, una cifra que en el conjunto del país puede alcanzar los seis millones de euros.   

Beteta ha apuntado que "garantiza eficacia, eficiencia y ahorro en los gastos, sin que exista minoración del servicio", al tiempo que ha manifestado que sirve para "romper esa brecha que había que favorecía más a quien vivía en una gran ciudad, y tenía perjuicio para quien vivía en un pequeño municipio, que ahora con Internet hace que todos los ciudadanos estén a la misma distancia de las administraciones públicas".   

Como ha explicado Del Olmo, el acuerdo rubricado este lunes hace posible la integración electrónica de los registros del Gobierno de España, la Junta y las nueve diputaciones provinciales y municipios de la Comunidad. Esto supone que cualquiera de ellos se podrá utilizar para remitir documentación a las cuatro administraciones con total garantía de que llegará a su destino.   

Así, el escrito que entregue el ciudadano en cualquier registro de la Comunidad se escanea y la copia electrónica resultante se envía telemáticamente en ese mismo momento. Ese proceso tiene plena validez jurídica, porque cuenta con la seguridad que aporta la firma digital y al mismo tiempo permite devolver los originales de los documentos a la persona que los registra.  

Con la implantación de este sistema se evitará que los ciudadanos de la Comunidad tengan que acudir obligatoriamente a las dependencias de la administración concreta con la que quieran relacionarse.   

La implantación de la Oficina Virtual de Registro también tiene  beneficios para la Administración. El primero es que el Gobierno, la Junta y las entidades locales podrán usar la aplicación para comunicarse entre sí, lo que trae aparejada la unificación de los procedimientos y una gran celeridad. Junto a esto, supone eliminar el papel de las oficinas -y con ello la necesidad de custodiar y almacenar un volumen elevado de documentos-, además de minimizar los costes de mensajería y transporte.   

La aplicación se extenderá progresivamente por toda la Comunidad. Como es lógico, primero llegará a los 234 registros que dependen de la Junta. También se implantará en la Red de Oficinas Integradas, que agrupa a las 257 dependencias de entidades locales donde ya se puede entregar documentación para otras administraciones, si bien ahora se traslada a su destino por el conducto ordinario.   

Esto es posible en virtud de otro convenio marco de colaboración suscrito el 31 de octubre de 2013 por el secretario de Estado de Administraciones Públicas y la consejera de Hacienda, al que podrán adherirse las diputaciones, municipios y otros entes que deseen incorporarse a ORVE.