Otros cuatro miembros del equipo de Méndez siguen la directriz de negarse a declarar por usurpación de funciones

Otros cuatro integrantes del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), acusados, junto al alcalde, José Manuel Méndez, de un delito de usurpación de funciones, se han negado a declarar hoy ante el juez instructor, en la línea de lo que ya ocurriera el pasado día 22 de septiembre con el regidor y otros tres ediles de IPAE.   

Si aquel día Méndez y sus acompañantes se acogieron a su derecho de no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, siguiendo la directriz marcada por el letrado Javier Gómez de Liaño, los cuatro citados para hoy, Luis Busnadiego Cartón, María Concepción Matías Pérez, Isabel Mansilla Blanco y José Ángel Delgado Ávila, han hecho lo propio y han abandonado el edificio de los juzgados sin responder a pregunta alguna del juez y del resto de partes personadas, según informaron fuentes jurídicas.   

Todos ellos, quienes han estado acompañados en la sede judicial por el propio Méndez, se escudan en que la testifical debe posponerse debido a a la existencia de un recurso de apelación, aún pendiente de ser resuelto por la Audiencia de Valladolid, contra la admisión a trámite de la querella y dado que la Sala de lo Penal del Supremo ha fijado para el próximo día 14 de octubre una vista con el fin de ver el recurso de casación que el alcalde tiene presentado contra la condena que la Sección Segunda de lo Penal le impuso por el 'caso Arroyo' de corrupción urbanística.

Jara no permanecerá mudo   

Para mañana han sido fijados, con idéntico fin, los también ediles de IPAE Rocío de Fuentes Chillón, José Antonio de Frutos Velasco y Virginia Ingelmo Rubio, al igual que el ya exconcejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Nuevas tecnologías por esta misma formación y hoy no adscrito, Luis Miguel Jara de Castro, quien, tal y como ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas, romperá el 'pacto de silencio' de sus excompañeros y responderá a todas las preguntas que se le formulen.   

Jara presentó el pasado día 22 de septiembre su dimisión alegando que no deseaba "ser cómplice de los delitos a los que ha sido condenado en el caso Arroyo".   

La Fiscalía vallisoletana ve en la conducta de los querellados un posible delito de prevaricación por omisión y el abogado José María de la Red, que ejerce como acusador particular en representación de Arroyo Siglo XXI, les imputa también un delito de usurpación de funciones públicas.   

El Juzgado de Instrucción número 1 admitió a trámite antes del verano la querella que el referido colectivo interpuso por delitos de usurpación de funciones y prevaricación, al considerar la parte querellante que el munícipe viene usurpando el cargo desde hace ya diez meses desde que fuera condenado por el denominado 'Caso Arroyo' de corrupción urbanística.   

La querella, dirigida contra el alcalde y los once miembros de Independientes por Arroyo (IPAE), fue presentada el pasado día 9 de junio por el referido colectivo, que ejerció como acusación popular en el juicio seguido en la Audiencia de Valladolid contra Méndez y que concluyó con la condena de éste a tres años de prisión y dieciséis de inhabilitación por delitos de prevaricación y cohecho.   

El motivo de la misma obedece al nulo éxito obtenido por las reiteradas peticiones de la asociación, tanto al secretario municipal como a miembros de su equipo de gobierno, para el cese inmediato del condenado, pese a que su condena esté recurrida ante el Supremo.   

Así, De la Red sostiene que el munícipe se encontraría incurso en incompatibilidad para ostentar los cargos de alcalde y concejal, con lo que correspondería al Pleno, a través de su secretario municipal, la toma en conocimiento de la condena y, en consecuencia, la posterior remisión a la Junta Electoral Provincial de su baja y el alta, en su sustitución, del que le sigue en la lista electoral.   

De forma paralela, el acusador popular solicita que José Manuel Méndez reintegre los haberes percibidos del Ayuntamiento desde la fecha de la sentencia hasta su cese definitivo, así como la revisión de todos los actos administrativos en que hubiera participado.