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Segovia destinará casi 80.000 euros para demoler a primeros de octubre los 'miniapartamentos' ilegales

Segovia destinará casi 80.000 euros para demoler a primeros de octubre los 'miniapartamentos' ilegales

El derribo llega tras ocho años de una polémica que provocó la dimisión de un edil 'popular'

jueves 11 de septiembre de 2014, 15:16h
El Ayuntamiento de Segovia dirigirá 79.000 euros a la demolición de los 'miniapartamentos' construidos de manera ilegal en un muro de contención en el valle del Eresma, en suelo rústico de especial protección, hace ahora ocho años.   

Será a primeros de octubre cuando está previsto que se derriben los alojamientos proyectados a acoger estudiantes de la antigua Universidad SEK, promovidos por Hontanilla de Santo Domingo S.A, titularidad del exconcejal del PP Ángel Sancho y participada por el exdiputado 'popular' Manuel González Herrero.   

La demolición fue fijada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que condenó además a la promotora y al arquitecto Tomás Arranz Sanz a pagar sanciones de 210.000 y 122.500 euros respectivamente por una falta administrativa muy grave.   

Sin embargo, dado que Hontanilla de Santo Domingo no respondió al requerimiento para destruir los apartamentos, será el Consistorio el que de manera subsidiaria asumirá los trabajos para después reclamar el importe de los mismos a la empresa.   

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero (PSOE), ha indicado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local (JGL) que serán casi 80.000 euros los que se dirigirán a acometer el derribo, una cuantía costosa por la necesidad de mucha mano de obra, pues hay que mantener la parte externa, autorizada en la licencia de obras, pero acabar con el interior, al que resulta complicado acceder con máquinas.   

Según ha explicado, el interior de los 'miniapartamentos' conserva incluso el alicatado y la instalación de calefacción. Además, hay que llenar de tierra y sellar cada uno de los cubículos para restablecer la normalidad.  

La regidora ha señalado que no confía demasiado en recuperar los casi 80.000 euros que el Ayuntamiento destinará a la demolición, aunque ha resaltado la importancia de este derribo, pues supone restaurar la legalidad y es, a su juicio, un "ejemplo para todos los que piensan que se pueden saltar las leyes y hacer lo que les apetezca sin más, por interés o beneficio privado o personal".   

"Es algo ejemplar que hay que hacer, no podemos permitir que en un espacio protegido intervenga cualquiera y se salga con la suya", ha manifestado Luquero, quien ha incidido en que se ha esperado mucho tiempo y ahora existe ya un fallo judicial que hay que cumplir.   

La primera edil ha expresado por otra parte que los condenados aún no han abonado la multa impuesta por el Tribunal, al tiempo que ha informado de que para hacer frente a los 79.000 euros del derribo se hará una transferencia de crédito.

Dimisión de Sancho   

La polémica de los 'miniapartamentos' ilegales saltó a la esfera pública en 2006 y provocó la dimisión del concejal Ángel Sancho, quien no obstante se desvinculó del caso y llegó a asegurar que él no era propietario de la promotora cuando surgió el escándalo, al tiempo que atribuyó el problema urbanístico a la concesión de la licencia, que a su juicio fue "lesiva".   

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia decretó en un primer momento la demolición de los 'miniapartamentos' al considerar que carecían de interés público alguno y tras constatar que se dio un destino vividero a estas construcciones con vistas a una modificación del planeamiento urbanístico futuro.   

Además, sancionó a la empresa constructora y el arquitecto con multas  de 40.500 y 23.625 euros, respectivamente, cuantías ambas rebajadas con respecto a la propuesta del Consistorio, que pidió sanciones de 540.000 y 315.000 euros y optó por tanto por recurrir las cantidades.   

En una sentencia dictada en enero del pasado año y por falta muy grave, el TSJ condenó no obstante tanto al exconcejal como al resto de artífices a pagar una sanción de 350.000 euros, hasta la fecha la multa más cuantiosa interpuesta en Segovia en el ámbito urbanístico, según aseguró entonces el que fuera alcalde, Pedro Arahuetes.   

El Tribunal estimó que los promotores ejecutaron la obra con intención "perversa" y de forma "maliciosa" y estableció unidad de criterio en futuros procesos judiciales vinculados a este caso. Aquella resolución se completa ahora con el nuevo fallo que obliga a demoler los alojamientos, dado a conocer el pasado mes de abril.
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