La Junta reclama incorporar la dispersión, además del criterio poblacional, al reparto del fondo contra la pobreza

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha destacado que el Fondo destinado a menores en situación de pobreza y exclusión social "se va a mantener el año que viene", pero ha reclamado que, además del criterio poblacional, se tenga en cuenta también la dispersión de los núcleos de población "e incluso del esfuerzo previo que han hecho muchas comunidades autónomas para que nuestros indicadores de pobreza estén muy por encima de otras comunidades".   

Tras asistir al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Marcos ha subrayado que "lo importante" es que el fondo destinado a menores en situación de pobreza y exclusión social "se va a mantener el año que viene" y que "por primera vez" se ha creado "para atender a quienes más lo necesitan".   

En esta línea, ha valorado que en el "primer momento que hay un atisbo de recuperación económica" el Gobierno dedique un "incremento presupuestario" a la atención de menores en situaciones complicadas y en condiciones de pobreza.   

En su opinión, "se deben tener en cuenta" factores como la dispersión de la población con "vistas al reparto del próximo año" en el que, según ha dicho, "se incorporarán todos los criterios que sean necesarios". En cualquier caso, para la consejera "es positivo que se abra un periodo de diálogo entre las comunidades para que haya consenso" en un tema tan "importante" como el reparto de este fondo.   

En  todo caso, Castilla y León ha estado entre las comunidades que, como también Madrid y Extremadura, han aplaudido el fondo de 16 millones de euros anunciado por el Estado para combatir la pobreza en la infancia que se repartirá entre todas las comunidades, al mismo tiempo que han destacado el "compromiso" y "la sensibilidad" del Gobierno con este colectivo y con las personas dependientes.   

Frente a ellas, se han situado comunidades como Galicia, Andalucía o Cataluña, que han cuestionado el criterio para la distribución del dinero --aplicando el indicador internacional AROPE, que tiene en cuenta el índice de pobreza de los territorios--.   

El consejero madrileño de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, ha manifestado que "lo importante no es el reparto" y sí la "sensibilidad" del Gobierno de Mariano Rajoy, que "a mitad de este ejercicio" ha acordado destinar 16 millones de euros "para que las comunidades autónomas lo dediquen a las familias que tienen menores y que pueden estar en riesgo o en situación de exclusión".   

En su opinión, el indicador AROPE --que marca la población bajo el umbral de la pobreza, privación material severa y con baja intensidad de trabajo por hogar-- "es absolutamente objetivo" de cara a establecer el reparto del fondo. Con este indicador, previsiblemente no recibirán más las comunidades con mayor población, sino las proporcionalmente más empobrecidas.   

Según el consejero madrileño, desde Madrid están "abiertos" a que se valoren otros indicadores, aunque ha matizado que no debe valorarse sólo la población, como piden algunas comunidades: "Favorecer a las grandes poblaciones significa perjudicar a las que tienen menos población y hay que buscar equilibrio", ha zanjado al respecto.   

"Se pueden intentar otros indicadores pero tenemos la experiencia de que cuando se empiezan a valorar la dispersión, la insularidad, la renta per cápita y la población, casi nunca se llega a un acuerdo", ha añadido, para a continuación aclarar que intentar que en este momento exista un acuerdo entre las comunidades "hubiese sido perder el tiempo" al "no poder ejecutar" los 16 millones de euros.

Trabajar por la dependencia con consenso   

Por su parte, el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández, ha subrayado el "compromiso del Gobierno y de las comunidades autónomas" de mantener la Ley de Dependencia. "En estos años de reforma de la ley de la Dependencia se ha hecho un gran trabajo, se ha permitido salir de una situación de insostenibilidad de la ley para hacerla sostenible y viable de cara al futuro", ha señalado, sin entrar a valorar el sistema de reparto económico.   

En esta línea, ha asegurado que a raíz de este Consejo Territorial y de "la senda de la recuperación económica" se ha conseguido que la norma "siga siendo viable" y que "se sigan incorporando personas" al sistema de dependencia. A su juicio, a partir de ahora las comunidades tienen que seguir trabajando en el modelo de dependencia "sobre la base del consenso".   

Asimismo, ha destacado que se han puesto en marcha medidas que "están mejorando la transparencia" y que los datos presentados este miércoles "evidencian un incremento del empleo en el entorno de la dependencia" y un "aumento de las cotizaciones de las personas que cuidan a los dependientes".