El PP asegura que antes de que acabe el año habrá un decreto para el consumo de carbón autóctono en 2015

El portavoz 'popular' de Industria en el Congreso, Ovidio Sánchez, ha asegurado que antes de que finalice el año el Gobierno habrá aprobado un decreto fijando el porcentaje obligatorio de carbón autóctono que deben utilizar las centrales térmicas el año próximo.   

Durante la Comisión de Industria del Congreso, el diputado asturiano ha defendido el papel que el PP y este Ejecutivo han desempeñado en defensa de la minería del carbón, y ha negado que haya ninguna intención de cerrar el sector.   

No obstante, ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió con Bruselas a que las explotaciones que a partir de 2018 no sean rentables sin ayudas públicas tengan que cerrar, y ha pronosticado que algunas de ellas sobrevivirán a ese periodo, en parte gracias a los acuerdos alcanzados por el actual Ministerio de Industria con los sindicatos mineros.   
"La minería no se cierra. Tiene problemas, pero hay un compromiso del Gobierno de que el 7,5% del consumo de carbón será autóctono y eso se va a cumplir. Antes de que finalice el año habrá un real decreto para el consumo del carbón autóctono en 2015", ha añadido.

Cumplir la ley y respetar los acuerdos   

Sin embargo, el socialista Antonio Trevín cree que en este momento "especialmente complicado" el Gobierno no está poniendo en práctica las medidas acordadas con el sector y tampoco está cumpliendo la ley, como a su juicio demuestra el hecho de que sólo se haya producido a partir de carbón nacional el 60% del 7,5% reservado a esta fuente de energía para este año.  

"¿Por qué? Porque el Gobierno debería ser el que dirija la política energética y no empresas concretas que están en contra de la producción energética con carbón nacional y que están poniendo palos en la rueda sistemáticamente, y están imponiendo al Gobierno una política energética que no es la que el Gobierno ha acordado y la que está legislada", ha recriminado.   

Por eso, ha defendido una iniciativa para instar al Gobierno a que "cumpla los acuerdos firmados, que mantenga las ayudas a la producción acordadas en el Marco de Actuación 2013-18 para la minería del carbón y que cumpla el real decreto para el procedimiento de resolución de restricciones de suministro según las cifras y previsiones acordadas.   

También exigía al Ejecutivo que sustituya la obligación de compras mensuales según las estimaciones del operador del sistema por una obligación de compra por doceavas partes, y que tome medidas para que a partir del 1 de enero próximo se pueda consumir carbón que se ha dejado sin usar este año. Asimismo, reclama legislación que incremente el porcentaje reservado al carbón nacional.

No llegarán a 2018   

La iniciativa ha recibido el respaldo de ERC y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo diputado Chesús Yuste teme que el carbón español deje de utilizarse a partir del próximo año y que muchas explotaciones tengan que "echar la persiana" incluso antes de 2018.  

"Ésta ha sido una legislatura negra por el desmantelamiento de las comarcas mineras, el cierre de las minas, el recorte de los compromisos adquiridos y la falta de inversiones en el desarrollo alternativo de las cuencas. Y tras las minas de carbón hay una dimensión social de miles de familias que viven de esos recursos y que, mientras no se apueste de verdad por un desarrollo alternativo, tienen derecho a seguir viviendo de ese recurso", ha añadido.   

Por contra, el portavoz adjunto de UPyD en la Cámara Baja, Carlos Martínez Gorriarán, ha rechazado la iniciativa al considerar "una completa incoherencia" reclamar que se use más carbón sin tener en cuenta sus efectos medioambientales. "Esta proposición no habla del carbón, sino del uso de los votos de las cuencas mineras", ha acusado.   
Y es que a su entender esta petición "no tiene ni pies ni cabeza" desde el punto de vista de una política energética con visión medioambiental, "salvo que se apoye en cada sitio lo más popular". "No puede ser que se dejen caer o se sacrifiquen sectores porque no tienen influencia política y otros sean intocables por intereses básicamente electorales", ha añadido.