Aumenta un 163% el número de familias atendidas por el servicio de apoyo a personas en riesgo de desahucio

El servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio ha atendido a fecha de 30 de abril a un total de 2.221, un 163 por ciento más en comparación con el número de familias atendidas hace un año, según los datos aportados este jueves por la Junta de Castilla y León que ha atendido ya a más de 6.300 castellanoleoneses en esta situación.   

Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, esto demuestra que el servicio "va siendo conocido" por los ciudadanos de la Comunidad "que cuentan en él una tabla de salvación para afrontar sus problemas con los préstamos hipotecarios".   

Además y según ha precisado, los datos del perfil de las familias atendidas en el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio indican un promedio de 2,9 miembros por unidad familiar.   

El portavoz ha facilitado estos datos tras la aprobación este jueves en el Consejo de Gobierno de las directrices de funcionamiento de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis con las que fijan unos "protocolos únicos y homogéneos de actuación" que deberán regir el trabajo de todos los agentes implicados, "lo que permitirá agilizar el funcionamiento de una muy compleja red y ofrecer una respuesta ágil e integral a las familias más vulnerables de la Comunidad, siempre en función de sus necesidades y residan donde residan".   

De este modo, ha continuado el portavoz, se articula un "innovador modelo de trabajo" de los Servicios Sociales de Castilla y León "y se da un paso definitivo para que todos los agentes trabajen en red".   

En concreto, con el paso de hoy se crea el registro de entidades de la Red y se establece quiénes serán los agentes implicados. Así, formarán parte de este engranaje las administraciones y entidades públicas responsables de los recursos de la Red, las entidades privadas que reciban financiación directa o indirecta de la Administración autonómica para desarrollar la Red y aquellas que firmen conciertos, convenios y contratos en este ámbito.   

También están invitadas a participar en este dispositivo entidades colaboradoras. Además, todas aquellas entidades que reciban financiación por parte de la Junta de Castilla y León para desarrollar programas de la Red estarán sometidas a estas directrices de funcionamiento y podrán utilizar el logotipo acreditativo.   
Los agentes de la Red contarán con unos modelos, criterios de valoración, metodología, prestaciones e información homogéneos para toda la Comunidad, a través de 10 protocolos y guías de actuación consensuadas, que servirán para armonizar los procedimientos y las actuaciones. "Todos intercambiarán información para que cada caso sea conocido por cuantos agentes deban de intervenir", han indicado desde la Junta.   

Para ello, compartirán una misma plataforma de información, alojada en el entorno web profesional de la Junta de Castilla y León, "para lo que será necesario proceder a una adecuada interconexión entre sus respectivos sistemas de datos".   

Se regula, además, la figura del profesional de referencia, correspondiente a los equipos de acción social (CEAS), que será el encargado de guiar en todo momento a las familias más necesitadas por el conjunto de prestaciones y servicios que puedan recibir, de forma simultánea o sucesiva.   

"Su proximidad con la familia le permitirá elaborar un proyecto individualizado de atención, que será un instrumento de intervención única para dar cobertura a las necesidades básicas", ha defendido el portavoz que ha indicado que se determinarán qué recursos y actuaciones precisa la familia en cada momento y qué agente o agentes deberán intervenir. Además, se abren "nuevas puertas de entrada al sistema de Servicios Sociales" ya que cualquiera de estos agentes facilitará el acceso a la Red "y, por ende, garantizará la entrada al sistema de Servicios Sociales".  
 El objetivo es ofrecer una "acogida personalizada y profesional, facilitar información y orientación sobre el conjunto de prestaciones y recursos, y canalizar la demanda de la familia".   

Las directrices regulan, asimismo, la figura del Comisionado para la Red, que recaerá en el gerente de Servicios Sociales. Asumirá la responsabilidad de coordinar la Red "y, por tanto, a todos los agentes implicados, tanto en el ámbito regional como provincial". Junto a esto, tendrá la capacidad para incorporar nuevos programas a una Red "que nace con una vocación abierta para dar respuesta a necesidades cambiantes".   

"Todo esto permitirá que la Red opere como una maquinaria donde todas las piezas (agentes públicos y privados, recursos, prestaciones y servicios) formen un engranaje para lograr que cualquier familia castellanoleonesa que se encuentre en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social cuente con las mismas oportunidades para tratar de lograr su inclusión social, personal y laboral, con independencia de a qué entidad pública o privada llame pidiendo ayuda", ha explicado el portavoz.   

De Santiago-Juárez ha considerado que este nuevo modelo de trabajo no sólo garantizará que las familias necesitadas cuenten con una respuesta planificada, individualizada, unificada, integral y profesionalizada, sino también ágil, ya que con la aprobación de las directrices de funcionamiento de la Red se podrán acortar los plazos de respuesta.   

Mapa de recursos de la red   

Las directrices de funcionamiento definen el mapa de recursos de la Red, tanto públicos como privados, para conocer de forma explícita su titularidad y ámbito territorial de actuación. Aunque la Red es permeable y abierta a nuevas respuestas, nace con 23 recursos distribuidos en cinco tipos, en función de las necesidades que tratan de cubrir.   

En primer lugar, las familias más necesitadas tendrán a su alcance recursos orientados a atender las necesidades de información sobre los derechos y prestaciones de la Red, de orientación laboral a personas desempleadas, y de valoración y planificación del caso.   

Según ha explicado el portavoz, una vez que la familia es informada, orientada y valoradas sus necesidades, "llega el momento de dispensarle el recurso que necesita para cubrir las necesidades básicas de subsistencia". En este apartado se engloban nueve prestaciones: la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social, el servicio de entrega de alimentos para garantizar una alimentación básica o el trabajo de la Red Centinela para alertar en situaciones de desnutrición infantil.   

La alimentación es prioritaria, como también lo es que ninguna familia pierda su vivienda. Así, la Red cuenta con el Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria o alojamientos alternativos o de emergencia social, así como otras medidas en materia de viviendas dirigidas a favorecer su acceso.   

El tercer apartado se refiere a los recursos dirigidos a aumentar las capacidades personales y familiares para mejorar su autonomía, su inclusión social y la participación en la vida comunitaria. La Red habilita así tres recursos de apoyo técnico para dotarles de herramientas que les permita superar sus carencias.   

La Red dispone de tres programas relacionados con el acceso al empleo: programas de formación para el empleo dirigido a que trabajadores desempleados y ocupados mejoren su capacitación profesional; ayudas económicas para impulsar el autoempleo, y fomento de los contratos de inserción en empresas o centros especiales de empleo.   

La Red se completa con otros cinco recursos adicionales, como son el Fondo de Solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ayudas económicas dirigidas a la realización de contratos indefinidos, transformaciones de contratos temporales en indefinidos o la contratación del primer trabajador por parte de pequeños emprendedores.

Servicios de proximidad

Los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad recibirán 57,9 millones de euros de la Junta de Castilla y León para prestar servicios de proximidad, según se ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno.   
En concreto, se ha dado el visto bueno a sendos acuerdos para distribuir el fondo para la financiación global de los municipios con más de 20.000 habitantes y los municipios con 20.000 habitantes o menos de la Comunidad. Con ello, el Ejecutivo autonómico materializa el acuerdo político en materia de Ordenación Territorial en Castilla y León alcanzado con el Partido Popular y el Partido Socialista el 10 de octubre de 2012.   

De esta forma, los municipios de Castilla y León reciben a partir de esta aprobación una cuantía total de 41.873.130 euros para el año 2014, cifra que supone un incremento del 10 por ciento respecto a la aprobada en 2013.   

Además, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha firmado este jueves una Orden por la que las diputaciones provinciales percibirán 16.082.156 euros para políticas sociales y gasto corriente.   

Así, el Boletín Oficial de Castilla y León publicará este viernes, 30 de mayo, el contenido íntegro de estos acuerdos de Consejo de Gobierno así como la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que las diputaciones provinciales serán beneficiarias de más de 16 millones de euros.   

Los expedientes aprobados recogen los criterios de asignación de las cuantías concretas para los 2.248 municipios de Castilla y León.

Acuerdos de abril   

Precisamente la Consejería de la Presidencia suscribió el pasado mes de abril sendos protocolos con las diputaciones provinciales, los municipios con más de 20.000 habitantes y la Federación Regional de Municipios y Provincias en los que se establecieron las líneas de colaboración y los criterios de distribución de los fondos incondicionados para el año 2014.   

Los municipios de Castilla y León con más de 20.000 habitantes van a recibir una cuantía total de 12.069.123 euros, un 10 por ciento superior a la cantidad que les fue asignada en 2013. El total se distribuye siguiendo los criterios estipulados en los protocolos rubricados entre la Consejería de la Presidencia y los 15 consistorios.   

Concretamente, el 60 por ciento de esos más de 12 millones de euros --7.241.473 euros-- se ha distribuido en partes iguales --482.764 euros-- y el 40 por ciento restante, en función de la población registrada con fecha 1 de enero de 2013.   

A partir de estos cálculos, el Ayuntamiento de Ávila recibe 705.752 euros; el de Aranda de Duero (Burgos), 607.911 euros; el Ayuntamiento de Burgos 1.156.705 euros; el de Laguna de Duero (Valladolid), 567.771; el Ayuntamiento de León 974.215 euros; el de Medina del Campo (Valladolid), 563.880 euros; el de Miranda de Ebro (Burgos), 624.434 euros; el Ayuntamiento de Palencia 786.246 euros; el Ayuntamiento de Ponferrada (León), 739.104 euros; Salamanca 1.045.437 euros; el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), 602.661 euros; el Ayuntamiento de Segovia 687.129 euros; el de Soria 632.355 euros; el Ayuntamiento de Valladolid 1.648.216 euros; y el Ayuntamiento de Zamora 727.307 euros.  
 De todos estos municipios, Laguna de Duero y San Andrés de Rabanero han solicitado que sus respectivas cantidades no sean consideradas como fondos incondicionados sino específicos para diversas inversiones.

Primeros fondos en junio   

El Gobierno autonómico transferirá a cada municipio de más de 20.000 habitantes las cantidades correspondiente en cuartas partes, por cada trimestre del año 2014. Teniendo en cuenta la fecha del presente acuerdo, la primera y segunda transferencia se efectuarán el próximo mes de junio, y el tercer y cuarto trimestre en julio y octubre, respectivamente.   

Por otro lado, los fondos incondicionados para los 2.233 municipios de la Comunidad con 20.000 habitantes o menos ascienden a 29.804.007 euros, cantidad también incrementada en un 10 por ciento respecto a 2013. Su distribución se realiza a partir de una cuantía mínima --este año 3.300 euros-- y la suma de otras cantidades a partir de la aplicación de unas variables como población, el nivel competencial y la dependencia del municipio o no de entidades locales menores.   

Para facilitar la transferencia y la gestión administrativa en cada caso, la Junta de Castilla y León cuenta con la colaboración de las nueve diputaciones provinciales.   

Las diputaciones provinciales son intermediarias entre el Ejecutivo autonómico y 2.233 municipios de la Comunidad para canalizar la gestión de fondos incondicionados, según los protocolos firmados en el mes de abril y los acuerdos de Consejo de Gobierno validados este jueves.   

Por ello, la Diputación Provincial de Ávila gestionará 2.623.881 euros; la de Burgos, 3.591.584 euros; la Diputación Provincial de León 6.046.186 euros; la de Palencia 2.321.744 euros; la Diputación Provincial de Salamanca 4.508.289 euros; la de Segovia 2.503.821 euros; la Diputación Provincial de Soria, 1.524.822 euros; la de Valladolid 3.902.009 euros; y la Diputación Provincial de Zamora, 2.781.671 euros.   

La Junta de Castilla y León transferirá las respectivas cantidades antes de 30 de junio a las nueve diputaciones provinciales y estas, a su vez, harán llegar las cuantías respectivas a cada municipio con 20.000 habitantes o menos en el mes siguiente.   

Además, estas instituciones provinciales resultan beneficiarias de la Orden firmada por el consejero de la Presidencia y que permitirá que todas ellas dispongan de un total de 16.082.156 euros como recursos económicos para gasto corriente y desarrollo de políticas sociales.   

En definitiva, la Junta de Castilla y León ha extendido el compromiso político inicial a las diputaciones provinciales pues con ello se refuerza la capacidad de cada una de ellas para ofrecer a los ciudadanos unos mejores servicios públicos de proximidad y calidad.   

La Diputación de Ávila obtendrá unos recursos que ascienden a 1.468.857 euros; la Diputación de Burgos 1.535.807 euros; la de León 3.122.106 euros; Palencia 1.850.272 euros; la Diputación Provincial de Salamanca 1.647.345 euros; la de Segovia 1.382.718 euros; la Diputación Provincial de Soria 1.692.506 euros; la de Valladolid 1.342.450 euros; y la Diputación Provincial de Zamora 2.040.094 euros.