Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Valladolid a indemnizar con 200.000 euros a otro propietario del edificio Zorrilla

Una nueva sentencia obliga al Ayuntamiento de Valladolid a indemnizar a otro propietario del edificio Zorrilla con 200.000 euros por el derribo de su ático, según ha informado este viernes el Grupo Municipal Socialista.   

Según la información facilitada por Asesoría Jurídica a petición del Grupo Municipal Socialista, ya se han confirmado cuatro sentencias sobre reclamaciones de los dueños de los áticos mientras que hay otros tres procedimientos pendientes por la reconversión de oficinas a viviendas.   

Una de ellas, del Juzgado de lo Contencioso número 2, no indica la cantidad a pagar por el Ayuntamiento al particular damnificado y se remite a la tasación que de la vivienda derribada debe hacer un perito designado por los tribunales en base al valor de los áticos en octubre de 2010.   

Según han advertido las mismas fuentes, se trata del mismo perito que tasará la vivienda del propio arquitecto que elaboró el proyecto de obra ilegal, "que curiosamente también reclamó a los tribunales y a quien estos, en la otra resolución, rebajan la cantidad a percibir al 50 por ciento".   

La sentencia del Juzgado número 2 considera, asimismo, indemnizables para esa familia por valor de otros 20.000 euros y al margen de la tasación de la vivienda, los alquileres, frutos civiles, mobiliarios y daños morales consecuencia del desalojo y posterior demolición de su vivienda.   

Sin embargo, la otra sentencia que obra en poder del PSOE, del Juzgado de lo Contencioso número 3, sí señala el importe de la indemnización a pagar, que asciende casi a 200.000 euros, "cantidad resultante de sumar los 185.000 euros en que calcula el valor del ático, a los más de 12.000 que los propietarios gastaron en concepto de escrituras y trámites administrativos a la hora de la compra y los 1.180 que costó la mudanza de enseres cuando se produjo el desalojo".   

Según esta misma información de la Asesoría Jurídica municipal, hay, además, otros tres procedimientos ordinarios abiertos por reclamaciones de propietarios de seis oficinas que la sentencia inicial del TSJ que anuló las licencias de obras ilegales en 2008 obligó a reconvertir en viviendas, puesto que ese debía ser su uso según el proyecto original del edificio.   

Para el portavoz del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, la "cascada" de sentencias judiciales contrarias a los intereses del Ayuntamiento "y, por tanto, a las carteras de los ciudadanos, empieza a convertirse en una catarata del Niágara" y en "una auténtica epidemia".   

Izquierdo ha advertido a este respecto de que cuando una epidemia empieza a extenderse "hay que atajarla sin esperar a que devore a la población entera" por lo que ha insistido en que hay que pedir que se asuman responsabilidades políticas o, de lo contrario, patrimoniales, "puesto que entre lo que dejamos de cobrar en sanciones que caducan y lo que los tribunales nos obligan a pagar por actuaciones ilegales, el alcalde de Valladolid lleva camino de dejar al Ayuntamiento en pelota picada".