El Seprona denuncia a una empresa extremeña por verter residuos ilegales en Zamora

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha presentado una denuncia ante el Juzgado de la localidad de Montijo (Badajoz) por un presunto delito contra el medio ambiente de forma continuada atribuido a la empresa Movilex Raee y, al parecer, sería Zamora el destino de una gran cantidad de residuos ilegales.   

Según han explicado en una nota de prensa, ha sido la empresa Recilec la que ha dado la voz de alarma ante esta presunta ilegalidad.   

Tal y como han relatado, los agentes han asegurado en las diligencias abiertas que la empresa extremeña, situada en la localidad pacense de Lobón,  ha triturado una importante cantidad de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Aparatos con gases refrigerantes) emitiendo a la atmósfera gran cantidad de gas CFC, un gas muy perjudicial para la capa de ozono y  notable contribuyente  al  calentamiento global  y el efecto invernadero, favoreciendo el cambio climático.   

Esta operación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se ha desatado tras la denuncia presentada por Recilec, empresa sevillana que dio la voz de alarma.

60 toneladas   

Además,  los agentes del Seprona habrían incluido en la denuncia que dicha empresa extremeña "se ha deshecho de 60 toneladas de la espuma resultante de la trituración de los aparatos de frío transportándolas a un vertedero de residuos no peligrosos en Zamora",  sin ningún tipo de notificación ni autorización como exige la legislación vigente.   

En las espumas es donde se concentran la mayor parte del gas que contienen los aparatos de frío, motivo por el que tienen consideración de Residuo Tóxico y Peligroso.   

Asimismo, han indicado que Movilexraee también ha sido denunciada anteriormente ante la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Junta de Extremadura en los meses de febrero y marzo.   

Para la empresa Recilec y su Consejo de Administración, esta sorprendente actitud de la Consejería favorece el "Dumping" (práctica en la que una empresa establece un precio inferior para los productos que comercializa buscando sacar del mercado a sus competidores) medioambiental al permitir con su "pasividad y permisividad" que se favorezca el tratamiento de Residuos Peligrosos sin los niveles adecuados para garantizar la protección del Medio Ambiente en favor de los intereses privados.   

El resto de empresas de España que tratan equipos de intercambio de temperatura bajo unos requerimientos que exigen importantes inversiones se verán muy afectadas a partir de ahora por tener que competir en condiciones claramente perjudiciales.   

Además, han recordado que el Gobierno ha redoblado el apoyo a esta actividad ilícita autorizando recientemente la actividad que esta empresa ha venido desarrollando de  forma ilegal durante varios meses.

Recurso contra la concesión administrativa   

Según han indicado, Recilec S.A. ha anunciado que recurrirá la autorización de la Consejería ante el Gobierno de Extremadura ante el Juzgado correspondiente, no descartando otras acciones que considere conveniente para defender la legalidad vigente.   

Esta empresa ubicada en la localidad sevillana de Aznalcóllar, aprecia "supuestos intereses privados para explicar la permisividad y pasividad con que el Gobierno extremeño ha actuado en este caso en un supuesto afán de proteger el  tratamiento y descontaminación irregular de aparatos eléctricos y electrónicos sin los niveles adecuados de control para garantizar la protección del Medio Ambiente".   

El resto de empresas de España que tratan y descontaminan equipos de intercambio de temperatura lo hacen bajo unos requerimientos que exigen importantes inversiones.   

Los costes de producción de una empresa cuya actividad no cumple con los requisitos legales son muy inferiores y, por tanto, la competencia no se desarrolla en igualdad de condiciones.   

El Gobierno prepara un nuevo Real Decreto sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE. Recilec S.A. espera que el texto unifique de forma más clara que el actual  los criterios que deben cumplir las Comunidades Autónomas a la hora de autorizar instalaciones que almacenen y traten RAEEs.