UPyD quiere que un perito determine si los directivos de Caja Segovia se procuraron prejubilaciones privilegiadas

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera necesario que sea un perito objetivo el que determine si los directivos de la extinta Caja Segovia se procuraron prejubilaciones privilegiadas con respecto al resto de la plantilla, así como concluya qué cuantías cobraron finalmente, ya que según asegura hay importantes variaciones en las cifras aportadas por la propia entidad, el Banco de España y la aseguradora Caser.   

Así lo ha trasladado este lunes el abogado Andrés Herzog, responsable jurídico del caso de las retribuciones millonarias de Caja Segovia, tras la declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital segoviana del exdirector de Recursos Humanos Enrique Quintanilla, quien ha comparecido ante el juez en calidad de imputado.   

Además de ser responsable de Personal, Quintanilla forma parte del grupo de ocho altos cargos que se repartieron 34 millones de euros en concepto de prejubilaciones y planes de pensiones, según las estimaciones de UPyD, impulsor de la demanda.  
Andrés Herzog ha insistido en que su grupo considera que existe relevancia penal en este caso, pero que su complejidad técnica está sirviendo a los imputados "como escudo" y para presentar las decisiones tomadas como un "sacrificio".   

"Eso es lo más increíble, transmiten la idea de que el Comité de Dirección tenía un sistema de prejubilaciones peor que el de la plantilla. Entonces, ¿para qué lo crearon y lo dotaron aceleradamente?", se ha preguntado.   

Herzog ha insistido en que los directivos aceleraron la dotación del plan de jubilaciones al percatarse de que el Consejo de Dirección carecía de sentido por la inminente integración de la Caja en Bankia. De esta forma, se procuraban mayores cantidades a las que les hubieran correspondido por sus años de trabajo.   

El abogado de UPyD ha advertido de que la "barra libre de prejubilaciones" llegó en diciembre de 2010, cuando ya estaba firmada la integración, y que unos meses antes se externalizaron las pólizas en la aseguradora Caser por el riesgo de que la Caja no pudiera asumir los pagos por falta de liquidez. Eso demuestra, a su juicio, que los directivos querían "cobrar a toda costa" y que estos antepusieron sus intereses personales a los de la entidad.   

Herzog ha señalado que se han incorporado nuevos documentos a la causa que revelan que las cifras aportadas por Caja Segovia, Banco de España y Caser "no cuadran", algo que según ha dicho supone una "constante" en el proceso y hace necesario un perito experto que determine qué dotaciones se aprobaron y si los directivos accedieron a un sistema de retribuciones más ventajoso.   

El representante de UPyD ha manifestado por otra parte que la declaración de Quintanilla ha sido "decepcionante", pues se ha negado a contestar a las acusaciones que ejercen su partido e IU, al tiempo que se ha presentado como un mero "subordinado" del director general, a quien ha señalado como el ideólogo del sistema de prejubilaciones.   

El director de Personal se ha mostrado además muy crítico con UPyD, al que ha acusado de "dañar su reputación", "vulnerar su intimidad" e impulsar un procedimiento "lleno de falsedades".

"Legales y sin objeciones"   

El propio Quintanilla, quien ha acudido al Palacio de Justicia hacia las 11.00 horas escoltado por tres abogados, ha eludido hacer declaraciones a los periodistas. En su lugar lo ha hecho el letrado Joaquín Rodríguez, uno de los representantes del despacho que defiende a otros cuatro imputados en el caso, entre ellos los que fueran presidente y vicepresidente de la Caja, Atilano Soto (PP) y Manuel Agudíez (PSOE).   

Rodríguez ha relatado que el exdirector de Recursos ha asegurado ante el juez que las cuantías aprobadas para los directivos son legales y se autorizaron con "luz y taquígrafos", sin objeción alguna por parte de los auditores, el Banco de España y la Junta de Castilla y León.   

Según ha dicho, Quintanilla ha rechazado responder a las acusaciones al entender que las cuestiones planteadas "no persiguen finalidad legítima". Su declaración, en todo caso, ha transcurrido en consonancia con la versión aportada por el resto de directivos y consejeros, quienes aseguraron igualmente que las decisiones tomadas fueron legales y transparentes.   

El directivo ha explicado asimismo que el sistema prejubilaciones de la Caja data de 1996 y que fueron muchos los empleados y directivos que quedaron sujetos a ese régimen, que fue modificado en 2006 para evitar una jubilación anticipada masiva de los miembros del Comité de Dirección, ya que todos cumplían las condiciones y los requisitos para ello.   

Quintanilla ha insistido en que la modificación obedeció exclusivamente al interés de Caja Segovia, que todas las decisiones vinculadas con las retribuciones se tomaron de forma transparente "sin objeción ni llamada de atención alguna" y que las pólizas contratadas pretendían garantizar la liquidez y el cumplimiento de los compromisos. Ha negado que se suscribiera una póliza para incrementar las dotaciones.   

El abogado ha incidido en que a medida que discurren las comparecencias se entiende cada vez menos que exista naturaleza penal en el caso, pues no se han tomado decisiones "ocultas, fraudulentas o perjudiciales para la Caja".   

"En tiempos de crisis todos sabemos lo que pasa, pero desde el punto de vista jurídico-penal no se entiende bien lo que se están investigando ni cuál es el hecho delictivo que se está tratando de esclarecer, ni siquiera se vislumbra", ha aseverado.   

Rodríguez, quien ha precisado que Quintanilla solo intervenía en la Comisión de Retribuciones cuando su asesoramiento era requerido, ha indicado que durante su intervención ante el juez no se le ha preguntado por su prejubilación en particular.