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El juzgado reconoce parcialmente un recurso y abre la puerta a nuevas reclamaciones

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 160.000 euros por los daños causados en un ático del edificio Caja Duero

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 160.000 euros por los daños causados en un ático del edificio Caja Duero

Por Redacción/Agencias
jueves 24 de abril de 2014, 13:46h
El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que una sentencia que reconoce parcialmente la indemnización solicitada por uno de los propietarios de viviendas del edificio de la Plaza de Zorrilla afectados por las obras de restitución de la legalidad en el inmueble supondrá que el Consistorio tendrá que indemnizar a quienes reclamen la responsabilidad patrimonial.   

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid, fechada en octubre de 2013, y de la que el Grupo Socialista ha tenido conocimiento por una modificación de créditos, la número 2 de 2014, establece una indemnización de 160.453 euros para la propietaria de uno de los áticos que, como consecuencia de las obras, pasó de 86,80 a 63,29 metros cuadrados de superficie.   

Cabe recordar que la actuación del Ayuntamiento ante las sentencias que declaraban la ilegalidad de las licencias de obras concedidas a este inmueble por exceso de edificabilidad ha conllevado que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, --propietario de una vivienda en el edificio-- esté imputado por un presunto delito de desobediencia.   

Según ha explicado Puente, el Ayuntamiento se ha visto obligado a transferir 162.774 euros de una partida correspondiente a Personal, "para hacer frente a los gastos derivados de la sentencia de 4 de octubre de 2013 para la que no existe consignación presupuestaria".   

De esta manera se conoció el fallo de este Juzgado, que estima parcialmente el recurso de la demandante, propietaria en su momento de un ático y una vivienda en el séptimo piso del inmueble, a la que el Juzgado reconoce parcialmente el derecho a ser indemnizada por el Ayuntamiento en la cantidad de 160.453,59 euros en concepto de daños y perjuicios producidos en una de las viviendas, un ático, que fue parcialmente demolido --perdió 23 metros cuadrados-- a raíz de la anulación, por la Sala de lo Contencioso, de la licencia de obras concedida en su día a Edificasa 2000 para rehabilitar el edificio.   

Puente ha aseverado que la sentencia es firme, pues no fue recurrida ni por el demandante pese a que reclamaba una cantidad mayor ni por el Ayuntamiento, que entendía que de existir una indemnización sería de 105.000 euros. Todo ello, a juicio del presidente del Grupo "apunta la dirección que va a tomar este asunto en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, por tanto, económica, del Consistorio".   

La demandante reclamaba una indemnización mayor --el valor íntegro de una de las viviendas, del portal de la calle Santiago y daños en otra, de la calle María de Molina, en total 707.329,85 euros-- pero finalmente, el Juzgado reconoció sólo daños en uno de los pisos, el de la calle Santiago. De este modo, se desestimaron tanto la metodología de cálculo a la que se recurrió para solicitar la cantidad por el ático, como toda indemnización --160.000 euros-- reclamada judicialmente con respecto a la vivienda del séptimo piso, ya que considera que "ha tenido una transformación mínima que no ha generado ningún perjuicio".

"El Ayuntamiento ni siquiera respondió"   

La solicitud de indemnización se llevó a cabo mediante un recurso contra el silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial registrada en octubre de 2011. "El Ayuntamiento ni siquiera respondió", ha aseverado Puente.   

Los representantes del PSOE han advertido de que esta reclamación es la primera sobre la que se pronuncian los tribunales, pero creen que "probablemente no la única" y que "al coste de las numerosas obras a las que han obligado los tribunales en los últimos años a desembolsar un millón de euros para restaurar la legalidad del edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla empiezan a sumarse ahora los costes de las indemnizaciones que han ido reclamando los propietarios de las viviendas afectadas por este proceso".   

En definitiva, ha apuntado que si por 23 metros se condena al Ayuntamiento a pagar 160.000 euros, "se pueden echar cuentas de por cuánto puede salir la indemnización de la demolición de áticos completos", ya que dos de ellos tuvieron que eliminarse como consecuencia de la sentencia de ilegalidad.   

A ello ha sumado las posibles reclamaciones de otras viviendas que se vieron afectadas en menor medida y de los propietarios de inmuebles de oficinas que han tenido que quedar destinados a residencia también como consecuencia de la resolución judicial. En este sentido, el portavoz del Grupo, Javier Izquierdo, ha apuntado que el valor del suelo para oficinas en el centro de Valladolid es notablemente superior al de viviendas.   

Así, Puente ha augurado que todo ello "le va a salir muy caro a los ciudadanos de Valladolid", puesto que "quienes tengan intención de reclamar daños y perjuicios, una vez conocida esta sentencia, pueden argumentar que el Ayuntamiento ha reconocido su responsabilidad".   

Puente ha añadido que su Grupo pedirá al Ayuntamiento toda la información que conste en sede municipal sobre las reclamaciones presentadas por propietarios en vía administrativa, los importes que se reclaman y a qué viviendas corresponden, así como las respuestas que se han dado o van a dar a las mismas desde el Consistorio.   

Por su parte, Javier Izquierdo ha recordado que toda esta situación es consecuencia de las licencias "ilegales" que otorgó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento un viernes presidida por el alcalde, quien "el lunes siguiente" firmó la compra de la vivienda en la que reside en dicho edificio y la hipoteca para su pago. "Para sus asuntos personales, el alcalde sí que es un buen gestor", ha apostillado.   

A todo ello, tanto Puente como Izquierdo han añadido el hecho de que se ha tardado más de seis meses en conocer esta sentencia, y han reclamado que el equipo de Gobierno dé a conocer este tipo de resoluciones aunque salga perjudicado.
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