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Posibilita que unos terrenos clasificados como suelo urbanizable puedan retornarse a suelo rústico

La Ley de Rehabilitación y Renovación urbana apuesta por una ciudad 'dynamica' y por el desarrollo sostenible

La Ley de Rehabilitación y Renovación urbana apuesta por una ciudad "dynamica" y por el desarrollo sostenible

Por Redacción/Agencias
jueves 03 de abril de 2014, 15:43h
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana que apuesta por una ciudad "dynamica" y favorece el desarrollo sostenible, además de avanzar en la simplificación de la tramitación administrativa.   

Según ha informado el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno esta norma incide en avanzar en una ciudad consolidada frente a la dispersión, así la norma establece la posibilidad de que unos terrenos clasificados como suelo urbanizable pudieran retornarse a suelo rústico.   

Esta acción se centra en la apuesta de la Ley por el crecimiento dynamico de las ciudades, ya que, como ha explicado Silván, esta situación favorece un urbanismo de proximidad en cuanto a la movilidad y a la garantía de los transportes.   

Como ha explicado Silván, la Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo establece nuevos objetivos en cuanto a la estrategia para el desarrollo de las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI, así, el texto fija medidas complementarias de sostenibilidad, coordinación, simplificación y movilidad.   

Para el consejero esta ley supone un cambio "cualitativo" en cuanto al concepto de las ciudades haciendo más "vivibles" los barrios y las  viviendas y favoreciendo una gestión administrativa "eficaz y eficiente" que redunde en el beneficio de las personas.

Desarrollo dynamico   

La rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana se incorporan como objetivos de la actividad urbanística de las Administraciones Públicas en las ciudades de Castilla y León. Según los datos aportados por el consejero el 51 por ciento de la población de Castilla y León reside en las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes y otro 21 por ciento reside en los municipios de más de 5.000 habitantes o en el entorno de las capitales.   

Además, la mitad de la población urbana reside en los barrios construidos entre mediados de los años 50 y finales de los 70 del siglo pasado. Es decir, uno de cada cuatro castellanos y leoneses reside en estos barrios que han envejecido a lo largo de los últimos años. Por este motivo, la ley fija como objetivo prioritario las actuaciones en estos espacios conocidos como "espacios urbanos vulnerables".   

En este sentido, la ley prioriza la rehabilitación de edificios, incluidas sus instalaciones y sus espacios privativos vinculados cuando exista insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad. Asimismo, se considera esencial actuar en la mejora de la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad del entorno urbano de esos edificios, incluyendo los espacios libres, servicios urbanos e infraestructuras siempre que exista, situaciones de vulnerabilidad o situaciones graves de pobreza. También se considera esencial las actuaciones de renovación y mejora de los equipamientos y demás dotaciones urbanísticas.  

Otro aspecto esencial en la nueva normativa es el impulso de las políticas de accesibilidad, favoreciendo la instalación de ascensores, aparcamientos adaptados y otros servicios comunes, y la consideración de los riesgos en el urbanismo, con previsiones respecto a los terrenos inundables.

La declaración responsable sustituye a la licencia urbanística   
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa, en sintonía con la legislación europea, es que la licencia urbanística como tal se reserva a los actos más relevantes regulándose para los demás el régimen de declaración responsable, un acto administrativo "más sencillo" que beneficia a los ciudadanos y agiliza la tramitación.   
Actuaciones urbanísticas consideradas menores como la modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones (de carácter integral o parcial), el cambio de uso de construcciones e instalaciones (una vivienda que pasa a tener uso comercial), cerramientos y vallados, vallas y carteles publicitarios visibles en la vía pública, instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares, el uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones, la ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo (cuando no afecten a elementos estructurales o no sean de obra nueva), obras menores de sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas, e incluso trabajos previos a la construcción (sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de solares) no requerirán licencia urbanística municipal sólo una declaración responsable ante la autoridad municipal que automáticamente dará permisomunicipal reservándose el derecho a inspección posterior, no previa como ocurre actualmente.   

Este cambio es "fundamental", según Silván, pues la licencia urbanística en estos casos puede conllevar meses de tramitación. Con la declaración responsable se agiliza la tramitación administrativa facilitando la actividad de las personas residentes en el municipio.   

La licencia urbanística seguirá siendo necesaria en las actuaciones relevantes: construcciones de nueva planta, demolición de construcciones e instalaciones (salvo en caso de ruina inminente), actividades mineras y extractivas, construcción de presas, desmontes, excavaciones, explanaciones y movimientos de tierra, corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable, entre otras actuaciones.

Simplificación administrativa  
 Otra de las novedades del nuevo texto legal es la apuesta por la simplificación administrativa en consonancia con el entorno europeo. En este sentido, se generaliza el procedimiento de firma electrónica en los trámites urbanísticos (el caso de la declaración responsable citada anteriormente) lo que supone un ahorro económico y de tiempo. También se contempla la simplificación en la gestión urbanística favoreciendo planes de carácter estratégico y se favorece la colaboración de los profesionales, a través de los colegios.
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