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El PP rechaza un recurso al Constitucional contra la reforma local

Aprobada la Ley de Centros Museísticos con las críticas del PSOE por la falta de participación ciudadana

Aprobada la Ley de Centros Museísticos con las críticas del PSOE por la falta de participación ciudadana

Por Redacción/Agencias
miércoles 26 de marzo de 2014, 16:19h
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos en solitario de la bancada 'popular' y la abstención de PSOE e IU -el procurador por UPL, Alejandro Valderas, ha estado ausente por enfermedad aunque su intención era favorable-- la nueva Ley de Centros Museísticos que ha cosechado las críticas de la oposición, principalmente de los socialistas, por considerar que el nuevo texto "siega con la guadaña" la participación ciudadana en lo que el procurador José Ignacio Martín Benito ha considerado un intento de la Junta por "seguir mangoneando" en los museos de la Comunidad, con el ejemplo concreto del MUSAC de León.   

Este ha sido el principal debate en torno a las enmiendas parciales que habían quedado vivas (15 del PSOE, 29 de IU y 2 de UPL) con las que los grupos en la oposición pretendían incluir criterios de participación ciudadana acordes, a su juicio, con la museología del siglo XXI, a través de consejos de participación social y comisiones con funciones asesoras de carácter técnico que no habrían generado gasto para la Administración, según la propuesta de Martín Benito, que de esta forma ha rechazado el argumento en contra del PP sobre ese incremento del gasto para las arcas públicas.   

Martín Benito ha advertido de la "carga ideológica" de la nueva Ley de Centros Museísticos, ya que, "en una mala copia" de la andaluza "poda" esa participación ciudadana en la gestión de los museos de la Comunidad como muestra, según sus palabras, de que al PP y a la Junta les importan "un bledo" los consejos de la sociedad civil en esa voluntad de "segar con la guadaña todo lo que huela a participación ciudadana".   

El socialista ha cuestionado asimismo la carencia de la nueva Ley en todo lo relacionado con el concepto de industria cultural que suponen los museos de Castilla y León y ha reclamado que cuestiones como un posible cese de actividad de un museo de titularidad autonómica sea regulado por decreto y por acuerdo de la Junta y no por orden y por decisión de la Consejería.    

"Claro que tiene letra pero le falta música", ha resumido Martín Benito, quien ha advertido de que la Ley de Centros Museísticos de Castilla y León nace sin financiación y supeditada a unos medios que no se cuantifican "como en el malogrado plan de museos que está en el dique seco".   

Por parte de IU, José María González, ha admitido que estaba por "una mayor participación" pero ha significado algunos de los avances logrados en las fases de ponencia y de comisión en el objetivo de consensuar una ley "de toda la Comunidad" que "podría ser aún mejor" y para la que ha reclamado hasta el último momento la capacidad de la Junta sobre decisiones privadas que afecten a  obras de interés para la Comunidad.

Velar sin sovietizar la cultura   

"Que la Junta vele por dónde van a acabar y en qué condiciones", ha puesto como ejemplo en el caso de que desaparezca un museo que albergue una obra de interés especial para la Comunidad, una actuación que ha diferenciado de un intento de "sovietización de la cultura". En este sentido, ha abogado por una mejora de la colaboración público-privada y ha pedido un esfuerzo para que la nueva norma sirva no sólo para conservar obras de arte sino para que estas sean un componente fundamental de la cultura y un elemento dinamizador social y económico.   

Por su parte, la consejera de Cultura, Alicia García, ha destacado el espíritu de servicio y de consenso de la Ley de Centros Museísticos de Castilla y León, una norma "de futuro" que se asienta sobre criterios técnicos y que, según ha asegurado, servirá para prestigiar y potenciar la presencia de los museos en el entorno cultural y para favorecer la participación de los museos al progreso social de los ciudadanos de Castilla y León.   

La nueva Ley, que sustituye a la Ley de Museos de 1994, ordenará la estructura museística y la adecuará a los patrones museológicos actuales, clarificará a los centros museísticos en tres categorías (museos, colecciones museográficas y centros de interpretación del patrimonio cultural) y proporcionará un procedimiento de gestión, organización y colaboración entre los centros encaminado a mejorar la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de funciones y en la prestación de servicio público.    

Así, tendrán la consideración de museos, las instituciones y centros de carácter permanente abiertos al público que, cumpliendo los requisitos de la ley, reúnen, conservan, documentan, investigan, comunican y exhiben de forma científica, didáctica y estética, sin fines lucrativos y al servicio de la sociedad y de su desarrollo, conjuntos de bienes con valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier otra índole cultural. Será misión de los museos la protección, estudio y comunicación de los conjuntos de bienes culturales que custodian, con fines de educación y disfrute de los mismos.   

Por su parte, se clasificarán como colecciones museográficas, las instituciones y centros abiertos al público que, cumpliendo los requisitos de la ley, exponen al público de forma permanente y sin fines lucrativos conjuntos estables de bienes culturales conservados por una persona física o jurídica. En este caso, su misión será proteger y exponer los conjuntos de bienes culturales que custodian de forma coherente y ordenada.   

En la categoría de centros de interpretación del patrimonio cultural estarán las instalaciones permanentes abiertas al público que, sin exponer necesariamente bienes culturales muebles y cumpliendo los requisitos de la ley y sin fines lucrativos, se encuentren vinculadas a bienes a los que se aplique el régimen de protección correspondiente a los bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.   

También entran aquellas instalaciones asociadas a expresiones o actividades del patrimonio documental, bibliográfico o lingüístico y al patrimonio de la cultura popular y tradicional, productiva o inmaterial, que tienen por objeto revelar al público el significado cultural de esos bienes, expresiones o actividades. Será misión de los centros de interpretación del patrimonio cultural prestar información, divulgar, conservar y valorizar los bienes, expresiones o actividades a los que se encuentran vinculados o asociados.   

García ha destacado por otro lado que la nueva ley va a suponer un "notable aumento" de su ámbito de aplicación, al pasar de los 71 centros que han sido reconocidos hasta la fecha a todos los centros museísticos ubicados en Castilla y León y que no sean de gestión estatal, lo que supone un censo de 354 centros.   

Este sistema se basa en la autorización previa a la creación, un proceso que requiere la acreditación del cumplimiento de una serie de requisitos mínimos en función de la categoría a la que optan con la finalidad última de salvaguarda y conservación del patrimonio cultural custodiado en los centros museísticos y la consecución de los objetivos de política cultural y social propios de la Administración de la Comunidad.   

Finalmente, ha significado que la nueva Ley hace un "importante énfasis" en la sostenibilidad de los centros museísticos al establecer un marco mínimo para su gestión a través de la planificación "como norma básica de trabajo en los centros" y la profesionalización del personal al recoger las funciones y los requisitos del personal técnico con tres áreas de trabajo que atenderán las labores científicas sobre las colecciones, las de difusión, divulgación y comunicación y las relativas a la pura administración. En el caso de los centros gestionados por instituciones públicas también será exigible un programa de accesibilidad.

Reforma local

Por otra parte, el Grupo Popular ha rechazado  sendas propuestas de acuerdo presentadas en el Pleno de las Cortes por el Grupo Socialista y por el Grupo Mixto para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local, al considerar que el Gobierno central está cumpliendo "su objetivo de dejar atrás la crisis heredada"  tras ocho años de Gobierno del PSOE en el que se prometió mejorar la financiación local "pero no se hizo nada".    

Así lo ha aseverado el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio durante el debate de sendas propuestas de acuerdo para recurrir al Tribunal Constitucional que  han presentado PSOE y Grupo Mixto y que se han debatido de forma conjunta y que han defendido Francisco Ramos y José María González.   
Sanz Vitorio ha reconocido que existe un problema "de financiación que limita la autonomía local" del que considera "responsable al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que durante ocho años "hizo promeras de mejora" que no se llevaron a cabo, al tiempo que  ha defendido que esta ley es "tremendamente ambiciosa e innovadoras".   

Asimismo, ha recordado que durante su etapa como alcalde "jamás" se quejó de competencias "sino de financiación" de esas competencias y ha querido "desmontar algunas de las mentiras" que el PSOE "repite" de forma reiterada creyendo que "alguna vez se convertirá en verdad" y así  ha tachado de "falso" que vayan a desaparecer ayuntamientos, que se supriman concejales, que se eliminen prestaciones sociales o que se privaticen servicios públicos.   

Por ello, ha pedido a la bancada socialista que tenga "una actitud más positiva" para poner en marcha los  instrumentos recogidos en esta reforma local y en la Ley regional de Ordenación del Territorio "que permitirán  mejorar la financiación incondicional" de los ayuntamientos y las entidades locales, ya que, según ha apuntado, ambas leyes "en planos distintos pero compatibles" coinciden en la "voluntariedad para garantizar la prestación de servicios de calidad" a los ciudadanos.   
"Les invito--en referencia a Ramos y a González--  a que trabajen de forma activa en sentido positivo en la construcción de la Castilla y León del siglo XXI", ha precisado Sanz Vitorio, quien ha recordado que en el texto legal aprobado se recogieron el 95 por ciento de las demandas planteadas por Castilla y León durante el proceso de tramitación.   

Por su parte, el  procurador socialista Francisco Ramós considera que el recurso al TC es "en defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía" de Castilla y León pero sobre todo cree que dicho recurso "es un acto de autoestima en defensa del patrimonio institucional  y la calidad de vida y formas de autogobierno local" de la Comunidad.   
Así, Ramos ha recordado el juramento que  hacen los procuradores cuando toman posesión de su acta de defender la Constitución y cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía, por lo que para el socialista el apoyo a esta petición de presentación de recurso de inconstitucionalidad permitirá "comprobar si esa promesa tiene algún valor político".

Para el procurador socialista , la reforma local  "es un virus de efecto diferido inyectado" con el fin de debilitar el estado social y el estado territorial, "señas de identidad" de la Comunidad, además de que busca "debilitar" los servicio sociales que prestan los ayuntamientos "y todo lo que sea crear futuro desde la política local" y ha augurado que así habrá "dos clases de ciudadanos", los que vivan en municipios con ayuntamientos ricos y los que vivan en pueblos con ayuntamientos pobres.   

Asimismo, Ramos cree que la reforma busca acabar con los ayuntamientos y con las entidades locales menores además de que se trata de una ley "centralizadora" de competencias en las diputaciones lo que conlleva "un desapoderamiento del mundo rural" lo que tendrá "consecuencias gravísimas en términos de población" porque los pueblos "se vaciarán un poco más".   

Otra de las pretensiones de esta reforma según Ramos es que el Estado acaparará "inconstitucionalmente las competencias regionales en materia local", lo que supone quitar capacidad de decisión y lo hace " al margen de cualquier procedimiento constitucional y estatutario", además de que "deja en suspenso el Estatuto de Autonomía".   
Para Francisco Ramos, "la amenaza al sistema local de Castilla y León es igual a la amenaza a lenguas cooficiales propias" de otras comunidades, y se ha preguntado si el PP lo va a tolerar, además de que les ha hecho responsables de "cada cierre, cada recorte o cada despido" que esta ley conlleve.  
 Por su parte, José María González ha augurado con esta reforma un "desmantelamiento de la democracia local" además de que supone "un ataque claro a la Constitución y al Estatuto de Autonomía" al tiempo que ha explicado que "elimina el poder" de las instituciones más cercanas y traslada a la Junta "unas obligaciones que no vienen acompañadas de apoyo económico".   

Por ello, el portavoz del Grupo Mixto cree que esta ley convertirá a los alcaldes "en meros floreros" y ha recordado que la Constitución se asienta sobre tres patas: un Estado central, el estado de las autonomías y el municipalismo, por lo que considera que "cargarse" esta tercera pata supone ir contra "los derechos de los ciudadanos".   

Una vez conocida la postura en contra del PP, Francisco Ramos ha recriminado a la bancada popular que hasta hoy no haya hecho una defensa de esta ley y ha asegurado que hoy la defienden "pero no creen en ella y eso se nota" y ha insistido en que la reforma se asienta sobre unos principios "corrosivos" como son "la economía de escala", lo que "perjudica" a la Castilla y León por ser la Comunidad "con más inframunicipalismo" y lo que ha definido como "esa tontería de una administración, una competencia".   

"Qué pena" ha dicho José María González al saber la posición del PP.
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