El PNV obligará a Rajoy a pronunciarse sobre la reapertura de la central de Garoña este miercoles en el Congreso

La posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), tras el decreto aprobado a finales de febrero que abriría la puerta a esta posibilidad, ha suscitado que el PNV aproveche su pregunta al presidente del Gobierno para obligarle a que se pronuncie sobre esta cuestión, en la sesión de control del Congreso de este próximo miércoles.   

Al mismo tiempo, el PSOE ha decidido forzar la votación de una iniciativa en el pleno, donde pediría el cierre de la instalación atómica, según informaron en fuentes parlamentarias.   

Así, la pregunta que el portavoz de la formación 'jeltzale' lanzará al jefe del Ejecutivo reza lo siguiente: "Piensa el Gobierno empeñarse en facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña a pesar del rechazo frontal de la sociedad, las instituciones y los partidos políticos a tal medida?".   

Precisamente, la pasada semana un grupo de unos nueve activistas de Greenpeace protagonizó un acto de protesta contra la previsible reapertura de la central burgalesa en las inmediaciones de la central, donde exigieron el desmantelamiento inmediato de la planta.

Votación para el cierre de Garoña   

Mientras, la intención del PSOE es aprovechar uno de los puntos de una moción relativa a la materia energética para forzar una votación en la que exigir que no se reabra la central, que "ha cumplido su ciclo de vida útil y cuya continuidad no aporta ninguna ventaja ni para la seguridad del suministro ni para el abaratamiento de precios".   

Además, quiere que se vote la posibilidad de impedir que se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años, lo que implicaría el cierre del último reactor en 2028.   

Se trata de una moción consecuencia de la interpelación que la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, planteó hace dos semanas al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, sobre las necesidades del sector energético. El texto será debatido y votado en el Pleno del Congreso esta semana.

La situación de Garoña   

Garoña es la central nuclear más antigua de España y desde diversos ámbitos se ha solicitado su cierre y desmantelamiento total, aparte de porque ya ha cumplido con su vida útil de 40 años, para la que está diseñada para operar, también porque dispone del mismo reactor que el de la central nuclear de Fukushima, que provocó un desastre de enormes dimensiones en marzo de 2011 y que ha conllevado una nueva normativa internacional en material atómica.   

Eso sí, aunque la última palabra la tiene la empresa propietaria de la instalación atómica, Nuclenor (Iberdrola y Endesa, al 50%), el pasado 21 de febrero el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el decreto de combustible nuclear que permitiría a Garoña solicitar su reapertura.   

Esta norma establece la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias.   

Este precisamente es el caso en el que se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que, en la actualidad, se rige por una licencia de cese de explotación.   

Garoña no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares, que estableció la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Nuclenor decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, una cantidad que consideraba "inasumible".   

En un principio la planta debería haberse cerrado en julio de 2009, año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió ampliar su permiso de explotación cuatro años más, hasta el 6 de julio.   

Ya con el Ejecutivo 'popular' de Mariano Rajoy, en julio de 2012, se procedió a modificar este decreto de cierre, concediendo a la instalación burgalesa la posibilidad de solicitar su prórroga de explotación hasta 2019.   

No obstante, Nuclenor no presentó solicitud alguna ante la incertidumbre que a su juicio podría crearse con el nuevo impuesto sobre la energía nuclear antes mencionado, así como la inversión de más de 100 millones de euros que supondría reabrir la planta atómica.