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El servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio interviene en 1.518 casos

Más de 6.000 menores reciben atención gracias a los programas de atención familiar

Más de 6.000 menores reciben atención gracias a los programas de atención familiar

martes 04 de marzo de 2014, 16:56h
Más de 6.000 menores, en concreto 6.030 de 3.786 familias, fueron atendidos por los programas de intervención familiar, incluidos en la Red de protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis, a fecha de 31 de diciembre de 2013.

Estos datos fueron ofrecidos hoy por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que ha comparecido a petición propia ante la comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León.

De acuerdo con estos datos, 1.868 menores están bajo la protección de la Junta de Castilla y León, de los que ha asumido la tutela de un 75 por ciento.

La Red de Protección a las Familias incluye también el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que ha permitido atender a 1.518 de ellas que estaban con dificultades para afrontar las obligaciones derivadas de su hipoteca y evitar la pérdida de su vivienda.

Hasta el 31 de diciembre, se abordaron 800 casos de desahucio, de los 682 llegaron a resolverse, 451 de ellos sin necesidad de interlocución con las entidades implicadas y el resto mediante reestructuraciones de deuda, daciones en pago u otras fórmulas como supresión de las cláusulas suelo o bajada de intereses.

Las personas atendidas por riesgo de desahucio son mayoritariamente de nacionalidad española, el 84 por ciento, con un promedio de edad de 44 años y una media de 2,9 miembros en la unidad familiar.

La residencia de estos afectados se sitúa mayoritariamente en núcleos de más de 20.000 habitantes, el 51,8 por ciento de los casos.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha resaltado que se han incorporado al sistema de apoyo a las familias en riesgo de desahucio 29 entidades financieras que se han sumado a las once que participaron inicialmente en el programa.

La Red de Protección también cuenta con un servicio de distribución coordinada de alimentos, en el que participan empresas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos, y que desde marzo pasado, mes en el que empezó a funcionar, hasta el 31 de diciembre ha atendido a 2.500 personas y en el 60 por ciento de los casos se reconoció que estaba justificada una intervención de urgencia.

La consejera ha advertido de que en 2013, con respecto a 2012, se han incrementado en un 16 por ciento las ayudas para atender necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, que están dotadas con un máximo de 3.195 euros anuales.

A 31 de diciembre de 2013 había 20.357 beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía de 8.039 titulares diferentes.

El perfil de estos titulares de la renta garantizada corresponde a una mujer de entre 36 y 45 años, residente en el medio urbano, y de ellos el 60,6 por ciento tiene cargas familiares, el 13 por ciento es extranjero y percibe una media de 542 euros mensuales.

Durante 2013 se resolvieron 10.238 nuevas solicitudes de renta garantizada de ciudadanía, con un incremento del 42 por ciento en el número de beneficiarios, aunque se denegaron un 58,4 por ciento de las presentadas, bien por no cumplir los requisitos o por desistir cuando se solicita el acceso a sus datos o imposibilidad de localizar a los solicitantes.

Un total de 2.150 personas dejaron durante 2013 de percibir la renta garantizada de ciudadanía, 1.100 de ellos por acceder a un empleo o por tener otros ingresos, 900 por no aceptar un empleo, por tener más capacidad económica de la declarada o por no permitir el preceptivo seguimiento de su situación y 150 al pasar a ser atendidos en centros residenciales o debido a que abandonaron la comunidad autónoma.

La consejera ha resaltado que el Plan Especial de Empleo, dotado con 11,5 millones, permitirá financiar cerca de 2.000 puestos de trabajo, principalmente destinados a la percepción de la renta garantizada de ciudadanía.

El parlamentario del Grupo Socialista Francisco Ramos ha pedido una mayor desarrollo de la Red de protección a las familias afectadas por la crisis y que "llegue a quien tenga que llegar" bajo "el principio de la universalidad de la protección social" por lo que ha reclamado mayores recursos económicos que los 145 millones previstos para la Red en 2014.

Francisco Ramos ha reclamado "responsabilidad compartida" entre la Junta y las corporaciones locales, tras lo que ha criticado la reforma local por considerar que los ayuntamientos son "fundamentales" para el desarrollo del sistema de protección social.

El parlamentario de IU, José María González, portavoz del Grupo Mixto, ha reclamado "más dinamismo" en la protección a las familias afectadas por la crisis y ha advertido de que el "empleo precario" es la alternativa ofrecida a los que dejan la percepción de la renta garantizada de ciudadanía.
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