Los acusados por la 'Ciudad del Golf' niegan presiones o irregularidades para su aprobación

Los cinco acusados por el caso de la 'Ciudad del Golf' de Las Navas del Marqués (Ávila) han negado presiones o irregularidades para su aprobación, han asegurado que las actuaciones que se llevaron a cabo fueron correctas y han aclarado que el terreno de 11,6 hectáreas que gozaba de protección como 'Área Crítica' dejó de serlo y pasó a tener calificación de urbanizable antes de dar el visto bueno al conjunto del proyecto.   

Así lo han manifestado durante la primera sesión de la vista horal que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, en el que comparten banquillo cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, seis años después del inicio de las diligencias y por unos hechos cometidos entre 2000 y 2003.   

Los técnicos imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa son el actual director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz; su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón; el actual jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.   

Los acusados se enfrentan a ocho años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, según los escritos de calificación provisional de los hechos del Ministerio Fiscal y de la acusación popular que ejercen Centaurea y Ecologistas en Acción.   

Los cinco imputados han negado presión alguna ni para elaborar los informes que afectaban a este proyecto urbanístico de 215 hectáreas, parte de las cuales, un total de 11,6, gozaban inicialmente de protección como 'Área Crítica' para la conservación de la Cigüeña Negra en Castilla y León, que las acusaciones consideran que los imputados pudieron modificar para acomodar el proyecto.   

Según han relatado los acusados, las 11,6 hectáreas que se permutaron por las de un monte de utilidad pública para incluirlas en el proyecto, fueron declaradas urbanizables por la Comisión Territorial de Urbanismo, para lo que no era necesario un informe medioambiental.

Dudas sobre la protección   

Sin embargo, su pertenencia a una 'Área Crítica' para la protección de la Cigüeña Negra generó dudas durante la Ponencia de Evaluación Ambiental para la posterior Declaración de Impacto (DIA) del proyecto urbanístico, lo que supuso la petición de un informe a la Dirección General del Medio Natural de la Junta.   

Precisamente el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, quien ha negado interés alguno en que saliera adelante el proyecto o no, ha explicado que esta petición de información se solicitó para evitar problemas en la aprobación de la DIA del proyecto de la 'Ciudad del Golf', ya que dudaban de la protección sobre la zona permutada, aunque ya estuviera declarada urbanizable.   

El actual director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, ha constatado que la consulta inicial se hizo de forma verbal y "chocó" que se hiciera sobre un terreno urbanizable, ya que según la normativa no podría ser también 'Área Crítica', protección de la que dejó de gozar al recalificarse.   

Uno de los acusados, José Ignacio Molina fue quien entonces realizó un informe sobre la afección que podría tener la recalificación de estas 11,6 hectáreas, que concluyó que ésta era "baja" dado que no se habían observado nidos o intentos de nidificación en la zona, según ha explicado durante el juicio.   

En este contexto, José Ángel Arranz ha asegurado que posteriormente, en base a los informes de Sabas Yagüe sobre el conjunto del proyecto, se concluyó que eran favorables aunque con condicionantes. Así, ha incidido en que la posición "más garantista" en lo que se refiere a la protección medioambiental fue la de la Junta, que elaboró los informes a pesar de que no eran necesarios y se embarcó en la evaluación ambiental.   

"Quizá porque nos pierde la pasión por la conservación", ha respondido Arranz preguntado el motivo por el que iniciaron estos trámites que no eran exigidos.

Zonas "vitales"   

El director general del Medio Natural ha aclarado además que el 'Área Crítica' contiene zonas "vitales" que no se encontraban en estas 11,6 hectáreas y de hecho ha añadido que esta protección se mantiene en la zona con el 99,9 por ciento de la superficie.   

En una línea similar se ha expresado Mariano Torre, quien ha aclarado que una zona con esta calificación de 'Área Crítica' tienen unos límites administrativos que pueden ser una carretera o un río, pero normalmente comprende unos terrenos muchos más amplios que los que realmente son sensibles como las zonas de nidificación o alimentación de las especies que se protegen.   

Torre, quien cree que no se hizo bien el acto de declarar urbanizable la zona calificada como 'Área Crítica', ha incidido en que la Junta no tuvo un papel "relevante" en el proyecto y sólo entró en el Consejo de Administración de la empresa Montes de las Navas, S.A, para que ganara en solvencia y pudiera obtener créditos, e incluso ha señalado que él mismo fue impulsor de declaraciones de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) en la zona, lo que no tenía sentido si se trataba de beneficiar al proyecto.   

El quinto de los acusados, Sabas Yagüe ha justificado los tres informes que elaboró para la Ponencia de la Evaluación Ambiental del proyecto urbanístico, dado que hay diferencias entre ellos y además eran desfavorables, a pesar de lo que se aprobó.   

En concreto, ha argumentado que el primero de los informes se realizó por "falta de tiempo" de forma muy generalista, algo que subsanó en un segundo documento al igual que el error de confundir un arroyo con otro que variaba la afección que podía haber sobre la Cigüeña --uno suponía fuente de alimento y otro no--, mientras que el tercer informe sirvió para "refundir" los otros dos.   

Yagüe ha asegurado que el informe fue desfavorable porque su vocación "forestal" hace que cualquier proyecto que suponga pérdida de superficie forestal arbolada sea rechazado, lo que ha identificado en su informe como "pérdida neta de ecosistema", dado que suponía la pérdida de 35.000 árboles.