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"No queremos confrontar, sino garantizar nuestros servicios públicos", señalan

Seis comunidades defenderán que el nuevo sistema de financiación valore más los criterios de territorio, densidad, dispersión y envejecimiento

Seis comunidades defenderán que el nuevo sistema de financiación valore más los criterios de territorio, densidad, dispersión y envejecimiento

Por Redacción/Agencias
viernes 28 de febrero de 2014, 15:33h
Los consejeros competentes en Hacienda de las Comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja han consensuado un documento que recoge unos principios básicos que defenderán todas ellas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que la reforma del sistema de financiación autonómica tenga más en cuenta sus características propias comunes, como el envejecimiento de la población y la extensión del territorio.   

Todas las Comunidades tienen de plazo hasta el 7 de marzo para enviar un documento al Ministerio de Hacienda en el que especifiquen sus necesidades financieras. Estas seis lo harán individualmente, cada una precisando sus peculiaridades, si bien todas ellas incluirán los puntos acordado este viernes en Zaragoza, en una reunión celebrada en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, a la que ha asistido la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi.   

Igualmente, han participado el consejero de Hacienda y Administración Pública de esta Comunidad, José Luis Saz; la consejera de Hacienda de Galicia, Elena Muñoz; la consejera de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, Concepción Arruga; la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias, Dolores Carcedo; la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, y el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández.   

Todos ellos han recalcado en la rueda de prensa posterior a la reunión que "no queremos confrontar", pero "estamos obligados a demostrar y convencer" a las demás Comunidades "por qué el coste de prestar los servicios públicos esenciales es distinto según donde se viva", ha apuntado la consejera asturiana, Dolores Carcedo.   

Al respecto, el documento acordado recalca que la extensión geográfica, la dispersión, la baja densidad de población y el envejecimiento solo suponen el 3 por ciento de la financiación en el modelo actual por lo que el futuro "debe ponderar de forma correcta y en grado suficiente" estas características.   

En este punto, el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández, ha apuntado si bien todavía hay que "perfilar el porcentaje", al menos deberá suponer el diez por ciento.   

El documento también reclama que se reconozca la evolución creciente de las necesidades de gasto de las autonomías, que prestan los servicios que configuran el Estado del bienestar, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales, y por eso "el punto de partida de la reforma debe ser un incremento global de los recursos financieros atribuidos a todas las Comunidades", enfatiza el texto.   

El acuerdo aspira a que el modelo que salga del CPFF se produzca "por consenso de todos las autonomías", si bien la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha reconocido que la negociación "va a ser difícil" puesto que cada Comunidad "quiere lo mejor para sus ciudadanos" y otras puede tener otros criterios, como la población.   
Así, el acuerdo afirma que estos seis territorios están abiertos a que cualquier otra Comunidad pueda integrarse en este grupo puesto que su pretensión es "aunar voluntades y esfuerzos en aras de una mayor cohesión entre todas las Comunidades que forman el Estado español".     

El documento explicita que las seis autonomías que han participado en el encuentro suman el 45 por ciento de la superficie española y en ellas reside el 19 por ciento de la población.   

Asimismo, las seis Comunidades advierten de que el gasto que suponen los servicios públicos de competencia autonómica "no pueden vincularse a la capacidad económica de los ciudadanos residentes en cada Comunidad, ni a través del llamado principio de ordinalidad, ni tampoco de otras variables como los resultados de las balanzas fiscales, que en ningún caso determinan las necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales en los distintos territorios".   

La declaración acordada en Zaragoza recoge la necesidad de que la reforma del sistema de financiación autonómica esté coordinada con la modificación del sistema tributario que ha anunciado el Gobierno central y señala la "conveniencia" de que las Comunidades "tengan voz en la reforma fiscal, dada la relevancia de los recursos procedentes de los impuestos a la hora de garantizar su suficiencia financiera".   
El texto acordado este viernes aboga por que las modificaciones en la financiación autonómica y local sean simultáneas, asegurando el ajuste derivado de la implantación de la recién aprobada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.   

Además, el documento reivindica la "plena eficacia" del principio de lealtad institucional, de modo que se compense a las autonomías por decisiones unilaterales del Estado que les supongan mayores gastos o menores ingresos y que el coste de la aplicación de la Ley de Dependencia se incluya en el modelo de financiación autonómica.   

También incide en la oportunidad de "disminuir la brecha" que existe  entre los recursos financieros de los que disponen los territorios de régimen común y los que disfrutan las Comunidades forales, "que son muy superiores en estas últimas".

"Sencillísimo" pero "muy injusto"

Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que prestar servicios básicos en algunas autonomías, que tienen población dispersa y envejecida, supone el 80 por ciento del presupuesto, a lo que ha añadido que "un modelo donde la financiación se reparta por el número de habitantes es sencillísimo pero muy injusto".   

Así lo ha indicado en una rueda de prensa, este viernes en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza, tras la reunión de trabajo para consensuar un documento donde se recojan los principios básicos de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómico.   

"Estamos seis comunidades que compartimos que todos tenemos que cubrir y prestar unos servicios en territorios donde reside el 19 por ciento de la población española y tenemos el 45 por ciento de extensión", ha explicado Del Olmo.   

De esta forma, ha agregado que en estas seis comunidades autónomas cuesta más prestar los servicios que en otras comunidades con más densidad de población, a lo que ha añadido que los gobiernos de estas comunidades tienen "la obligación de prestar servicios parecidos a toda la población".   

Así, ha ejemplificado que "cuesta mucho más llevar los servicios al medio rural que en una gran ciudad", y ha concretado que Castilla y León es "más grande que 17 estados de la Unión Europea" por lo que ha insistido que aunque se quiera llegar "a la mayor parte del territorio es prácticamente imposible" ya que muchos ciudadanos "tienen que viajar más para acceder a los servicios, por lo que es difícil que los reciban en condiciones similares".   

De esta forma, Pilar del Olmo ha incidido en que un niño escolarizado en un colegio de un pueblo cuesta el doble que en la ciudad, y que la atención sanitaria a una persona mayor "siete veces más" que a una joven, por lo que, según sus propias palabras,  las comunidades autónomas están "muy poco ponderadas en el modelo actual".   

Al respecto, la titular de Hacinda ha indicado que se tiene que destinar el 80 por ciento de todo el presupuesto mantener los servicios básicos esenciales, como es Sanidad, Educación y atención social, mientras que el 20 por ciento restante "también es para aspectos fundamentales" como son el mantenimiento de las carreteras "por las que circula una ambulancia o el transporte escolar" o la prevención y lucha contra los incendios, servicios que, según Del Olmo, "no dependen de la población y sí de otras variables".   

Asimismo, la consejera no ha dudado en explicar que las seis comunidades que se han reunido este viernes en Zaragoza tienen "características parecidas" pero ha subrayado que no habría ningún inconveniente en explicar esta postura al resto de comunidades.   

Pilar del Olmo ha reconocido que la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del nuevo modelo de financiación va a ser "difícil" porque existen planteamientos contrapuestos, pero ha insistido en que estas seis comunidades tienen "características comunes" y cada una de ellas así lo va a defender.
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