Un total de 20.357 personas cobró la Renta Garantizada de Ciudadanía en CyL en 2013, un 42% más que en 2012

Un total de 20.357 personas de Castilla y León cobró la Renta Garantizada del Ciudadanía durante el año 2013, lo que supone un incremento del 42 por ciento con respecto al dato de 2012, cuando lo hicieron 14.639.   

Así lo ha explicado este jueves el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez tras la celebración del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el texto refundido que recoge las reglas de la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de facilitar su conocimiento y aplicación.   

En la reunión del Gobierno de Juan Vicente Herrera, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha detallado los datos de la Renta de Ciudadanía en 2013, cuando se presentaron 11.046 solicitudes, un 41 por ciento más que en 2012. De ellas, se han resuelto 10.238 (92,6 por ciento) y las otras 808 están pendientes porque, ha apuntado De Santiago Juárez, se presentaron a final de año con un plazo de tres meses para su resolución.   

El perfil de los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, como ha señalado el portavoz, es el de una mujer de entre 36 y 45 años que vive en entorno urbano, y que, en un 60 por ciento de los casos, tiene cargas familiares mientras que el siete por ciento son extranjeros. La media de cuantía que perciben los beneficiarios es de 542 euros al mes.   

Con la aprobación del texto refundido, se cumple el mandato que, de forma unánime, dieron las Cortes de Castilla y León al Gobierno autonómico para que en el plazo de dos meses presentara un único texto que recogiera todas las reglas de la prestación de la Renta. Se trató de una enmienda que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la Ley de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público.   

El nuevo texto legal, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, consta de 37 artículos, agrupados en nueve títulos, una disposición adicional y una disposición final. Incorpora los preceptos de la Ley de Renta Garantizada del 30 de agosto de 2010 y las mejoras introducidas en el Decreto-Ley por el que se creó, el pasado 21 de noviembre de 2013, la Red de Protección a las Familias con el objetivo de recoger las nuevas situaciones de vulnerabilidad que han ido surgiendo desde que se aprobara la Ley original hace ahora tres años y medio.   

Ese Decreto-Ley por el que se adoptaron medidas extraordinarias de apoyo a las familias afectadas por la crisis fue convalidado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara el pasado 27 de noviembre y sustentado en un amplísimo acuerdo social y político previo. Con anterioridad, las Cortes, había recibido las aportaciones y el respaldo del Consejo del Diálogo Social, de las organizaciones del Tercer Sector --Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Red de Pobreza-- y de las corporaciones locales.   

El Presupuesto de la Renta Garantizada de Ciudadanía ascendió el pasado año a 46,6 millones de euros, lo que representa un 43 por ciento más que en 2012 para hacer frente a ese incremento del 42 por ciento de beneficiarios. Esta cifra supone 14 millones más de lo presupuestado inicialmente y 4 millones más de lo comprometido con el Diálogo Social.   

Para este año, el presupuesto previsto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para atender la Renta Garantizada supone 53,5 millones de euros, ampliables. A esta cantidad hay que sumar los 11,5 millones consignados en el Plan Especial de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo para favorecer la contratación de las personas que perciben la Renta Garantizada.  
 Este balance, que ya ha sido presentado a los miembros que conforman el Diálogo Social, será expuesto por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades el próximo 4 de marzo ante las Cortes Regionales donde comparecerá para evaluar el sistema de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis y la Renta Garantizada de Ciudadanía, dando cumplimiento así al acuerdo político alcanzado con todos los grupos parlamentarios el 20 de noviembre.