La oposición en las Cortes culpa a la Junta del caos en Valderas (León) por no cubrir la plaza de secretario interventor

Los grupos de oposición en las Cortes han responsabilizado hoy a la Junta de Castilla y León del caos administrativo por el que atraviesa el Ayuntamiento de Valderas (León), uno de los más endeudados de España, con 2,6 millones de euros pendientes de pago, situación que han achacado tanto al "caciqueo" del que fuera alcalde 'popular', Eloy José Rubio, como a la desidia de las distintas administraciones, en especial de la regional, por no haber puesto solución a la provisionalidad e interinidad del puesto de secretario-interventor.   

El informe de fiscalización de la actividad económico financiera y del estado de endeudamiento de dicho Consistorio leonés elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, expuesto hoy en las Cortes por su presidente, Jesús Encabo Terry, ha llevado al socialista Miguel Ángel Fernández Cardo y al leonesista Alejandro Valderas a aseverar que "las administraciones han fallado" y a instar a la Junta a cubrir el puesto de secretario-Interventor en Valderas, en permanente situación de accidentalidad y provisionalidad.   

De hecho, su ausencia actual, en opinión del socialista, impide al Ayuntamiento de Valderas iniciar la 'hoja de ruta' marcada por el Consejo de Cuentas y que pasa por, entre otras muchas medidas, la aprobación de un Plan de Ajuste que permita afrontar los 2,6 millones de deuda que soporta, de ellos 1,4 correspondientes a endeudamiento comercial, 1,2 a deudas con otras administraciones y 39.816 de endeudamiento financiero, cantidades a las que se han sumado ahora otros 200.000 euros más que reclama la Diputación leonesa.   

La situación "es crítica" y limita el presente y el futuro de Valderas, ha advertido Fernández Cardo, quien ha recordado que el Consistorio leonés, hoy dirigido accidentalmente por la socialista Silvia Blanco Morán, tiene "indisponible" el 76 por ciento de sus ingresos, de ellos el 30 por ciento procedentes de su participación en los tributos del Estado, afectados durante tres años a saldar la deuda con éste, mientras que contaría únicamente con un 24 por ciento para hacer frente a servicios públicos esenciales.

Mayor flexibilidad para pagar la deuda   

Por ello, además de reclamar a la Junta que cubra la plaza de secretario-interventor, el socialista ha demandado un acuerdo a tres bandas entre las administraciones central, regional y provincial para que flexibilicen los plazos para la devolución de la deuda y poder evitar así la asfixia del Consistorio leonés.   

Fernández Cardo y el procurador de UPL, Alejandro Valderas, han coincidido al asegurar que las administraciones "han fallado", en concreto el Ministerio de Hacienda, que no reconoce la legitimidad del Consejo de Cuentas de Castilla y León y ha denegado facilitar información, así como la Administración de Justicia, la Subdelegación del Gobierno, la Junta y la Diputación leonesa, que, en palabras del primero de ambos políticos, "se han cruzado de brazos ante los desmanes" del exalcalde del PP, Eloy José Rey, y han desatendido las peticiones de auxilio de la corporación local.   

El representante de UPL, quien ha recordado que en Valderas "es la tercera vez en cien años que tiene agujeros en los papeles", en alusión en los dos casos anteriores a sendos incendios en dependencias municipales, ha ido todavía más allá y ha denunciado que el presente caso es la punta de lanza de otros muchos casos que se dan en pequeños ayuntamientos de Castilla y León, sometidos a los "caciqueos" de los "alcaldillos" de turno.   

Por ello, ha lamentado el "desgobierno" por cuanto durante los últimos ocho años "ninguna institución ha empapelado a alguien, y en ese periodo además son muchas las empresas que se han arruinado por falta de pago", a la vez que ha expresado su deseo de que las recomendaciones del Consejo de Cuentas tengan el efecto esperado ya que sino, como así ha advertido, situaciones tan graves se reproducirán en el "pueblo de al lado".

"Excepcionalidad"   

Por su parte, el portavoz 'popular', Salvador Cruz, ha coincidido con los anteriores respecto de la grave situación financiera y administrativa del Ayuntamiento de Valderas, sin presupuesto desde 2008, sin contabilidad actualizada hasta 2010 y sin contabilidad alguna hasta 2013, si bien ha precisado que se trata de un caso "excepcional, un mal ejemplo de gestión en el que ha fallado todo, con independencia de que haya pasado con un alcalde del PP".   

El procurador del PP, quien ha lamentado que esta situación ha impedido al Consistorio de Valderas el acceso a los beneficios del plan de proveedores del Gobierno central y de otros mecanismos financieros, ha reiterado que la tónica general del resto de ayuntamientos de Castilla y León es el cumplimiento de la legalidad y ha recordado a Fernández Cardo y Valderas que la obligación de cubrir la plaza de secretario-interventor es hoy de la Administración central.   

De hecho, Cruz ha subrayado que cuando tal cometido era potestad de la Junta la Comunidad figuraba como la segunda con más plazas convocadas para cubrir estos puestos.