El vicepresidente primero de la FRMP, Fernando Crespo, insta a la "rebelión cívica" contra la reforma local del Gobierno

El vicepresidente primero de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), el socialista Fernando Crespo, ha hecho hoy un llamamiento a los alcaldes de los 2.248 municipios de Castilla y León para que se sumen a una "rebelión cívica y pacífica" en contra de la Ley de Régimen Local aprobada por el Gobierno de Rajoy el pasado mes de enero, en el sentido de incumplir su articulado en todo aquello que suponga la supresión de aquellos servicios municipales que las entidades locales venían ofreciendo hasta ahora.   

El mensaje del a su vez alcalde de Miranda de Ebro (Burgos) ha tenido por escenario el Consejo Regional de la FRMP celebrado hoy en Valladolid, en cuyo acto de apertura y en una jornada centrada, entre otras cuestiones, en el análisis de la compatibilidad entre dicho texto legal y la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) aprobada por la Comunidad de Castilla y León, el munícipe socialista ha aprovechado para denunciar que la norma estatal implica un claro recorte de competencias con respecto a la ley anterior.   

En este sentido, Crespo ha incidido en que al margen de la "confusión de la ley estatal y la ausencia de doctrina" sobre cómo aplicarla, hasta el punto de que los secretarios e interventores municipales ni siquiera se ponen de acuerdo sobre lo que es o no competencia de los ayuntamientos, la nueva normativa impide desarrollar a partir de ahora políticas industriales y de juventud o cuestiones tan importantes como las becas de comedores, las ayudas al alquiler de viviendas o el servicio de información al consumidor.   

"¿Quién me va a impedir traer industrias a Miranda de Ebro, tengo que cerrar el Centro Joven y devolver a la Junta los funcionarios que tuve que contratar, cierro la Oficina del Consumidor y los centros de mayores?", son algunas de las cuestiones que el alcalde ha trasladado a otros alcaldes y presidentes de diputación allí presentes, ante lo cual, tras sentar como premisa que dicha ley es "muy mala" porque cercena competencias municipales, ha lanzado una clara advertencia: "Lo que hay que hacer es una rebelión cívica y pacífica".  
 
Al respecto, Crespo se ha mostrado categórico y ha anunciado su propósito de seguir prestando los servicios que hasta ahora componen la cartera competencial del Consistorio mirandés. "¡No voy a cerrar ningún servicio, me da igual lo que diga la ley porque yo me debo primero a los ciudadanos que me han votado, y los alcaldes son los más peleones de todas las administraciones!", ha sentenciado, no sin antes recordar que los ciudadanos no van a reclamar al despacho del señor Montoro sino a los de sus respectivos alcaldes.

"Las leyes hay que cumplirlas"   

Ante la 'insumisión' del primer edil de Miranda contra la Ley de Régimen Local, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha respondido de forma igualmente directa al recordarle que en un Estado de Derecho "las leyes hay primero que leerlas y luego cumplirlas porque las hacen los ciudadanos a través de sus representantes, no las hace el Gobierno Rajoy".   

Y es que el consejero, quien ha expresado su preocupación tras oír al anterior que "pase lo que pase no va a cumplir la ley", ha defendido que la normativa estatal es "respetuosa con el mundo municipal" y perfectamente "compatible" con la LOT, "pues no tienen nada que ver una con la otra" y además la segunda, tal y como ha apuntado, sirve para "ordenar el territorio, blindar los servicios que presta la Junta, sin hablar de competencias municipales o provinciales, y al tiempo da una herramienta voluntaria de gestión a través de las Mancomunidades de Interés General".   

Con respecto a la ley regional aprobada en septiembre de 2013, De Santiago-Juárez ha abogado por desarrollarla conforme al pacto alcanzado un año antes con el PSCL, algo que entiende que no debería plantear problema alguno al considerar que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo "escrupulosamente" el acuerdo suscrito con los socialistas.

Los tribunales, en lugar de amenazas   

Así, el político 'popular' ha aprovechado para censurar las amenazas del portavoz del PSCL en las Cortes, Óscar López, y del secretario regional de dicha formación, Julio Villarrubia, de romper dicho pacto por la reordenación de la Atención Primaria llevada a cabo por la Consejería de Sanidad, algo que el primero considera que no ha supuesto incumplimiento alguno respecto del compromiso de blindar los servicios básicos esenciales.   

"No es bueno someter al pacto a advertencias, amenazas y ultimátum que se hacen en ruedas de prensa", ha recriminado el consejero de la Presidencia, quien ha invitado a los socialistas a demostrar cuáles son los incumplimientos y, en tal caso, a que acudan a los tribunales, "a los que algunos tienen tanta afición".   

En la misma línea, el presidente de la FRMP y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, y el presidente de la Diputación vallisoletana y vicepresidente de dicha federación, Jesús Julio Carnero, se han posicionado claramente a favor de la Ley de Régimen Local estatal pues la misma, en palabras del primero, "no prohíbe servicio alguno siempre que éste no ponga en peligro la sostenibilidad de la administración", y además no plantea problemas de compatibilidad con la LOT.   

En sus alocuciones, García Nieto ha instado al PP y al PSCL a cumplir los acuerdos del pacto y ha aprovechado para solicitar el mantenimiento de la línea de subvenciones a los municipios para la contratación de desempleados, mientras que Jesús Julio Carnero ha recordado que la ley estatal "ha llegado para quedarse", en el marco de la reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada en septiembre de 2011 para garantizar la estabilidad financiera.   

Por ello, Carnero, quien ha calificado la ley estatal de "garantista" porque permite la pervivencia de los municipios, entidades locales, diputaciones y mancomunidades, ha abogado por el "diálogo y la coordinación" para su feliz desarrollo y ha incidido en que para ello será necesario también diseñar "un nuevo modelo de diputación, la diputación del futuro".   

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, se ha mostrado a favor del lema de Rajoy de "una administración, una competencia" pero, al tiempo, se ha mostrado reivindicativo al reclamar una delimitación de las mismas y, sobre todo, la financiación necesaria y suficiente.   

Pero además, el primer edil vallisoletano ha levantado la voz en representación de sus homólogos en el resto de municipios de Castilla y León para exigir que cuando las Cortes legislen, "y lo hacen demasiado", las nuevas imposiciones recaídas en los ayuntamientos lleguen acompañadas de una memoria económica, "porque están hartos de obligaciones sin la financiación correspondiente".