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UPyD cree que la falta de formación favorecía que los directivos decidieran sin apenas oposición ni control

El juez investiga si los consejeros de Caja Segovia que hipotecaron el Torreón tenían formación suficiente

El juez investiga si los consejeros de Caja Segovia que hipotecaron el Torreón tenían formación suficiente

Por Redacción/Agencias
jueves 06 de febrero de 2014, 16:45h
El juez que investiga la hipoteca del Torreón de Lozoya, edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), trata de determinar si los consejeros de Caja Segovia que aprobaron la solicitud de un crédito de 6,8 millones para cubrir una deuda hipotecaria y ofrecieron el emblemático inmueble como aval contaban con la formación y experiencia suficientes para formar parte del Consejo de Administración de la entidad, hoy integrada en Bankia.   

El abogado Andrés Herzog, en representación de UPyD, que se personó como acusación popular junto con IU, ha explicado este jueves a las puertas del Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia que la titulación y experiencia profesional han sido una de las cuestiones más recurrentes del juez y que la falta de capacitación para actuar como consejeros ha quedado en evidencia durante las comparecencias.   

Ello explica, según ha dicho, el desenlace de la Caja segoviana. "Había un director general y una cúpula directiva que prácticamente decidían todo sin ningún tipo de oposición ni control del Consejo de Administración", ha considerado.   

Al respecto, quien fuera secretario de este órgano, Miguel Ángel de Vicente, actual secretario provincial del PP, ha asegurado que todos aquellos que formaron parte del Consejo cumplían las condiciones fijadas en la Ley de Cajas de Castilla y León y que su actuación dentro del mismo, al menos la suya como representante de los impositores, no estaba marcada por consignas de carácter político.   

De Vicente ha abierto este jueves la segunda y última ronda de declaraciones de los consejeros de Caja Segovia por el caso 'Navicoas'. El magistrado del Juzgado número 5 les imputó la comisión de un presunto delito societario al considerar que el préstamo con avales que se concertó con Bankia para asumir la deuda tributaria carecía de base legal sólida y ocasionaba grave perjuicio económico a la entidad.   

El caso, no obstante, se inició a raíz de una denuncia que el propio De Vicente y otros nueve compañeros  interpusieron en diciembre de 2012 ante la Fiscalía por una presunta "manipulación" de las actas de la sesión del 17 de julio de 2012 del Consejo, en la que se acordó la hipoteca del Torreón --un undécimo se sumaría a ella posteriormente--.   

A pesar de que el juez da validez a los textos tras contrastarlos con las grabaciones de la reunión, los denunciantes alegan que tales actas no reflejan la literalidad de las decisiones que se adoptaron. Además, según ha incidido el también vicepresidente de la Diputación, ni él ni los otros consejeros fueron conscientes de que para asumir la deuda, contraída por la sociedad Navicoas Asturias por una operación inmobiliaria de 2006, se incorporaba el Torreón como aval, y con él otros siete u ocho inmuebles de la Caja.

"Absoluto desconocimiento"   

De Vicente ha afirmado que se conoció este hecho una vez se remitió escrito a los tribunales y hubo acceso a los autos. "Al Consejo nunca se le dio un listado con las garantías que se iban a aportar. Teníamos absoluto desconocimiento", ha aseverado el secretario 'popular', quien ha garantizado que él no llegó a firmar las actas de la sesión por no coincidir con lo tratado y que éstas sólo fueron rubricadas por quienes se encargaron de redactarlas y refrendarlas, el entonces secretario de actas, Fernando Tapias, y el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto. Ambos prestaron declaración judicial en junio del pasado año por este caso.   

La declaración de De Vicente ha sido respaldada por otro exconsejero, el diputado José Luis Sanz Merino (PP), quien ha manifestado a su salida del Juzgado su deseo de colaborar con la justicia para que se arroje luz sobre el asunto. El encargado provincial de Acción Territorial, que ha sido increpado y seguido a lo largo de unos metros por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que protestaban a las puertas, ha eludido hacer comentarios.   

"Me remito a las declaraciones de De Vicente. Siento no poder ser más explícito", ha expresado escuetamente justo antes de enfrentarse  a un manifestante que permanecía detrás de él mientras era grabado por las cámaras de televisión.   

Por el Juzgado han pasado otros cinco exconsejeros, algunos de los cuales han optado por entrar o salir de las dependencias por una puerta trasera para evitar las protestas. Ha sido el caso del presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Pedro Palomo, y de Ana María Valiente Borrego. El actual director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, ha abandonado  el lugar por la entrada principal sin hacer declaraciones por "respeto" --"no me avergüenzo de nada", ha dicho únicamente--.   
Estaban citados asimismo el alcalde de Boceguillas, Alfredo Velasco, y Jesús Manuel Yubero, que ocupó el puesto del alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, tras su dimisión del Consejo. La exalcaldesa de Sepúlveda, María Concepción Monte, ha protagonizado la única ausencia.   

En una de las pausas, Andrés Herzog ha cuestionado ante los medios la intención real de la denuncia interpuesta por los once exconsejeros, pues sospecha que atendiera al deseo de eximirse de su propia responsabilidad y no al de aclarar lo acaecido.   

El abogado de UPyD ha informado de que en sus comparecencias los denunciantes han coincidido en que no hubo claridad en torno a la hipoteca, en que se engañó y se forzó a tomar ciertas decisiones y en que se ocultaron informes, entre ellos uno del gabinete Fuentetaja anterior a la fecha en que se acordó asumir la deuda que fijaba la no obligación de Caja Segovia de responder a la cuantía. De ésta, de acuerdo al documento y según entienden los consejeros que no firmaron la denuncia, era responsable Bankia tras adquirir todos los derechos y obligaciones en la integración.   

Herzog ha subrayado que los imputados no han querido responder a las preguntas de la acusación popular. Así, sólo han atendido a la representación legal de la Fundación Caja Segovia, aún en constitución, personada como acusación particular. A su juicio, "falta por determinar si se interpuso el interés de la Caja al de los consejeros o estaba justificado que la entidad asumiera una deuda tan importante".
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