La Fiscalía reclama ocho años de inhabilitación para la senadora del PSOE Elena Diego

El fiscal ha pedido al Tribunal Supremo que abra juicio oral contra la senadora socialista Elena Diego, acusada de contratar irregularmente a dos monitoras en el Ayuntamiento salmantino de Villamayor, y pide que sea condenada a ocho años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.    

El fiscal José María Casado ha dirigido esta petición de pena al alto tribunal, después de que el magistrado Francisco Monterde diera el pasado enero por concluida la instrucción contra la senadora y contra la que fuera concejala de este municipio Cándida Egido González por cooperación necesaria en la misma conducta.

El instructor del Supremo encontró indicios de que Diego colocó 'a dedo' en el año 2008 a dos monitoras de tiempo libre que fueron contratadas por el consistorio de Villamayor sin haber superado la correspondiente convocatoria pública de empleo. El delito de prevaricación administrativa está penado con la inhabilitación para empleo o cargo público de siete a 10 años.   

El Ministerio Público entiende que la socialista, entonces alcaldesa de Villamayor, dictó un decreto en el que acordaba la contratación de dos empleadas, aunque una de ellas "ni siquiera" había participado en el concurso de méritos y otra no figuraba en la propuesta que elevó el tribunal calificador con los aspirantes que habían superado las pruebas con mejor puntuación. El interventor formuló reparos sobre este hecho.

Suplicatorio    

El pasado 3 se septiembre, la Mesa del Senado aceptó  tramitar el suplicatorio del Tribunal Supremo contra la senadora  Diego, que se concedió a mediados del mes de octubre.   
 El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.   

La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.   

El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.   

En la documentación obrante en el caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la baremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado al concurso.