Clemente se reunirá la próxima semana con las organizaciones agrarias para analizar el acuerdo sobre la PAC

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se reunirá la próxima semana con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para analizar el acuerdo para el reparto de las ayudas de la PAC que inyectará 7.430 millones de euros al campo de Castilla y León en el horizonte 2014-2020.   

Así lo ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha analizado el reparto de los fondos de la PAC y del Programa de Desarrollo Rural tras una "buena negociación" por parte del Gobierno de la nación y un "muy buen trabajo" del equipo de la Consejería de Agricultura que trabajó "hasta el último minuto" para conseguir arañar "entre 10 y 15 millones de euros" en la recta final de la negociación para el reparto.   

Según ha reconocido De Santiago-Juárez, Castilla y León recibirá en la nueva programación de la PAC fondos europeos por 7.430 millones de euros, una cantidad que se esperaba cuando se inició la negociación en el año 2010.   

"Es una excelente noticia para el sector", ha defendido el portavoz, que ha destacado especialmente la definición de agricultor activo, "que no se esperaba para nada en 2010", y el mayor trozo del pastel del desarrollo rural que llegará a Castilla y León (un 12 por ciento del total, frente al 10 por ciento de la anterior programación). "Hemos ganado peso y recibimos más dinero", ha significado.

Cazaprimas

Por su parte, la Alianza UPA-COAG considera que la aplicación de la Política Agrícola Común en España supondrá la consolidación de los "cazaprimas" y "agricultores de sofá" al no regular al agricultor activo, pero además perjudica a cultivos como la remolacha o deja como "gran olvidada" a la ganadería.   

Así lo han expresado los responsables autonómicos de UPA y COAG, Julio López y Aurelio Pérez, respectivamente, quienes han analizado el acuerdo de reparto de los fondos y sus condiciones aprobado en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Ganadería.   

A este respecto, Julio López ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) no haya "querido" entrar a regular la figura de agricultor activo, algo para lo que había acuerdo en Castilla y León, pero además fija en un 20 por ciento de ingresos "de la explotación" procedentes de actividad agrícola la condición para percibir ayudas. De esta manera, el 80 por ciento de los ingresos podrían proceder de las subvenciones.   

López ha asegurado que de esta forma se "consolida" a los "cazaprimas", los llamados "agricultores de sofá" y a los "especuladores", algo con lo que no están de acuerdo, ya que se tendría que haber regulado la figura del agricultor activo como acordaron organizaciones agrarias, cooperativas y Junta, que apoyaban que las rentas procedentes de la agricultura llegaran al 50 por ciento y que estuvieran al día en el cumplimiento de obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, algo que tampoco se ha establecido.   

A este respecto, han señalado que en Castilla y León hay cerca de 87.000 solicitudes de ayudas PAC, de las que en 6.000 casos no se declara actividad agraria alguna y han incidido en que con la reforma se continuará como hasta ahora, cuando se calcula que un 20 por ciento de perceptores cobran el 80 por ciento de las ayudas, por lo que se ha pedido que se publiquen los beneficiarios.   

En cuanto a los pagos acoplados, el máximo responsable de UPA en Castilla y León ha incidido en que sólo se llega a un 12 por ciento, cuando se defendía un 15, "lo que hubiera cubierto las necesidades de todos los sectores que están en crisis y necesitan ayuda" y también a la ganadería, "la gran marginada de la reforma", aunque entrará en las ayudas junto a los proteicos y la remolacha.   

Sin embargo, ha incidido en que éste último cultivo, del que ya se ha perdido el 50 por ciento en la Comunidad, sólo contará con una ayuda acoplada de 4,3 euros por tonelada, cuando actualmente es de 9,5 euros, y ha cuestionado si esto se cubrirá con precio o será la "puntilla" al sector.

Escasos avances   

López, quien ha confesado que se sienten "frustrados", cree que se ha avanzado "algo", pero no lo suficiente, y ha asegurado que ha ocurrido lo "habitual" con el ministro Miguel Arias Cañete, al que considera "el mayor enemigo" de los agricultores y ganaderos de la Comunidad y ha añadido que las diferencias que tengan en el seno del PP son "su problema" pero no tienen que suponer un "daño" a la gente del campo.   

Además, considera que la reforma de la PAC, tal y como se aplicará en España, irá contra el modelo social agrario porque no facilita la incorporación de jóvenes y mujeres, ni un relevo generacional, pero tampoco permitirá redimensionar y modernizar explotaciones. En este sentido, ha señalado que se ha perdido una "oportunidad magnífica" para cambiar la pirámide generacional, ya que el 32 por ciento de los agricultores son mayores de 65 años y sólo el 10 por ciento tiene menos de 35, algo que se "arrastrará" hasta 2020.   

Por su parte, Aurelio Pérez ha afirmado que el acuerdo al que se ha llegado en la Sectorial es "político" y permite que cada uno "vuelva con su cheque" a su comunidad y pueda "vender" que no ha perdido fondos, ya que el Ministerio "impone criterios" y "contenta a los consejeros", al tiempo que mantiene el "status quo" de los grandes perceptores y a la "nobleza" como beneficiaria de las ayudas.   

Pérez ha puesto ejemplos de tres sectores que se verán perjudicados con esta reforma como la remolacha, ya que las ayudas acopladas sólo cubren el 60 por ciento de lo que hasta ahora tenían, mientras que el viñedo queda "marginado" y en el lácteo las ayudas a los productores sólo cubrirán un 24 por ciento de las inversiones en compra de cuotas de derechos de producción de los últimos años.   

"Si nos roban 100 y nos devuelven 25, por lo menos que no digan que es un éxito", ha señalado el responsable de COAG, quien ha incidido en que tampoco se han abordado los topes en las ayudas y cree una "vergüenza" que una sola persona pueda recibir entre 500.000 y 2 millones de euros de ayudas.   

Así, ha reiterado que se ha "institucionalizado" el modelo especulativo que Arias Cañete dice que se combatía, pero además ha señalado que el Ministerio es el gran "beneficiado" en todo lo que se refiere a Desarrollo Rural, ya que su aportación baja de un 50 a un 30 por ciento, por lo que la Consejería de Agricultura tendrá que aportar el 70.   

Por ello ha cuestionado si la Junta de Castilla y León será capaz de aportar la cuantía, que podría suponer 765 de los 1.093 millones de euros, mientras que el Ministerio pondría 328, más aún cuando el Gobierno central no paga las ayudas que debe a los jóvenes, para planes de mejora o para zonas desfavorecidas, por ejemplo.   

Además de preguntar a la Junta si aumentará el presupuesto de la Consejería para alcanzar estas cifras, Pérez ha cuestionado si la Comunidad desarrollará la figura del agricultor activo aunque el Ministerio no lo haya hecho.