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Reitera que ambas normas son "perfectamente compatibles"

La Junta espera que se despejen las dudas sobre la Reforma Local y la ordenación territorial para marcar el desarrollo de la ley regional

La Junta espera que se despejen las dudas sobre la Reforma Local y la ordenación territorial para marcar el desarrollo de la ley regional

De Santiago-Juárez defiende que en la reunión del grupo de trabajo sobre financiación "triunfó" su modelo, que rechaza las prisas

Por Redacción/Agencias
jueves 23 de enero de 2014, 16:24h
El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha expresado este jueves su deseo de que se despejen cuanto antes las dudas de los socialistas respecto a la compatibilidad de la Reforma Local del Gobierno de la nación y la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad para poder marcar después el desarrollo de la norma regional, una de las prioridades del año 2014.   

De este modo se ha pronunciado De Santiago-Juárez en su análisis de la reunión mantenida ayer entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, un encuentro "positivo, cordial, agradable y prolongado" en el que "con ánimo constructivo" las dos partes se comprometieron a avanzar en "una cuestión de Comunidad".   

Para ello, el portavoz y consejero de la Presidencia se pondrá en contacto el próximo lunes con el secretario de Organización del PSCL, Julián Simón de la Torre, para retomar e impulsar el grupo de trabajo "que tan buenos resultados ha dado" y que analizará ahora la compatibilidad de ambas normas para, una vez que se despejen las dudas --"entendemos que sí", ha considerado--, marcar los plazos y los objetivos a alcanzar este año.   

Dicho esto, ha recordado que la Junta de Castilla y León ha trabajado en este cometido desde que se aprobó la Reforma Local del Gobierno de la nación con un estudio técnico que corrobora que ambas normas son "perfectamente compatibles".   

De Santiago-Juárez ha explicado también que en el grupo de trabajo acordado entre Herrera y Villarrubia la Junta estará representada por sus propios técnicos mientras que los socialistas se fundamentarán por decisión propia en los asesores de las Cortes de Castilla y León. "El Grupo Socialista trae los asesores que quiere", ha añadido el portavoz.   

Del mismo modo, ha asegurado que en el encuentro entre Herrera y Villarrubia quedó "claro" que se diferenciaba este análisis del recurso de inconstitucionalidad anunciado por los socialistas ya que ambos políticos no hablaron de ese asunto sino del desarrollo de la ordenación del territorio.   

"Eso quedó aparte", ha aseverado el portavoz, que ha explicado también que Herrera y Villarrubia tampoco hablaron del sector público donde el consejero de la Presidencia aboga por "mirar para adelante" y "de forma positiva".

Financiación

Por otra parte, José Antonio de Santiago-Juárez se ha mostrado convencido de que en la reunión del grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que iniciará las labores para la reforma de la financiación autonómica "triunfó" el modelo de esta Comunidad, que rechaza las prisas de otros territorios para el cambio y es más proclive a un proceso más lento para hacer las cosas "mejor y bien".   

De este modo ha analizado el portavoz de la Junta la reunión ayer, miércoles, de ese grupo de trabajo creado en el seno del CPFF al que acudieron los directores generales competentes en la materia y en el que se acordó hacer una primera evaluación "seria y rigurosa" del actual modelo para poner sobre la mesa lo que ha supuesto en cada territorio.   

Según ha explicado, se ha acordado que cada comunidad remita ese informe antes del 7 de marzo para que el Ministerio de Hacienda haga una puesta en común a finales del citado mes o a principios de abril, lo que permitirá iniciar después el proceso de mejora del modelo de financiación.   

Preguntado por la anunciada publicación de las balanzas fiscales, ha recordado que se trata de una iniciativa del Gobierno de la nación que se comprometió a publicarlas en el mes de enero de 2014 si bien ha aprovechado la ocasión para aclarar que la Junta de Castilla y León fue "muy crítica" en su día respecto a la publicación de esos datos, donde, en cualquier caso, pide que se hagan constar todos los detalles.

Ciudad del Golf  

El portavoz de la Junta también ha expresado el "absoluto respeto" y la "colaboración absoluta" del Gobierno regional en el caso de la 'Ciudad del golf' de Las Navas del Marqués (Ávila), tras conocer que el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha fijado para el próximo día 3 de marzo el inicio del juicio por este asunto.   

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta ha reiterado el respeto del Gobierno autonómico a todas las decisiones que adopten los jueces y ha recordado asimismo que el de la 'Ciudad del golf' es un proceso "muy largo" que se prolonga desde hace más de seis años y en el que ha habido "vaivenes".   

Dicho esto, ha apelado también a la presunción de inocencia ya que, según ha recordado, en estos años ha habido imputaciones que luego no han salido adelante.   

En el próximo juicio por el caso de la 'Ciudad del Golf' de Las Navas del Marqués compartirán banquillo cinco altos cartos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiene de Castilla y León, seis años después del inicio de las diligencias.   

Los técnicos imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa son el actual director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz; su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón; el actual jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.   

El auto de imputación de enero de 2012, tras resumir el cúmulo de informes falsos realizados por los procesados para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la entonces consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, señalaba que "la actuación de los imputados, bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacían, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso, en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente--aunque con medidas correctoras--el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida".
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