Las agresiones a sanitarios aumentan por primera vez un 15%, lo que Sanidad atribuye a mejoras en su notificación

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha presidido la reunión del Observatorio de Agresiones del personal de la Gerencia Regional de Salud, en cuyo marco ha señalado que "por primera vez" se modifica la tendencia en cuanto al número de este tipo de incidentes. En concreto, el registro de agresiones señala que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se han producido 291 incidentes, un 15 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior (254).

Por niveles asistenciales, el 62,8 por ciento de los incidentes se han producido en los hospitales (183), con un aumento del 39 por ciento con respecto al año pasado (132 incidentes), mientras que 107 lo han sido en Atención Primaria (36,8 por ciento). Sólo ha habido uno en Emergencias Sanitarias.

El número de trabajadores agredidos en esos incidentes ha ascendido a 355, un 18 por ciento más que el año pasado (302), en su gran mayoría (233) en los hospitales.

En los primeros nueve meses del año se ha detectado que un 66 por ciento de las agresiones registradas han sido verbales, con un 20 por ciento de tipo psicológico y un 14 por ciento con componente físico, cifras muy similares a las del año pasado en el mismo periodo. Precisamente estas últimas han crecido un 36 por ciento este año.
 
Sáez Aguado ha explicado que no hay grandes cambios en cuanto a la tipología y ha atribuido el aumento de las agresiones registradas a una mejora en el protocolo de notificación, que permite comunicar este tipo de incidentes con mayor rapidez, lo que supone que tengan mayor impacto en el registro y su conocimiento, pero además se detectan más.

Reincidentes

El consejero ha incidido en que lo que se ha detectado un aumento del número de personas que acumulan varias agresiones, es decir, reinciden en este comportamiento.
 
En concreto, se han registrado seis incidentes de una misma persona, un acompañante de un paciente, en un servicio de Cardiología en el que se han visto involucrados ocho enfermeros, otros seis en otro servicio de Medicina Interna con seis trabajadores afectados, dos más en otro centro por parte de la hija de un paciente o 16 en el caso de un enfermo psiquiátrico. Es decir, en cuatro casos se suman 31 incidentes.
 
El titular castellanoleonés de Sanidad ha aclarado que no se ha apreciado una relación entre el incremento de las agresiones en relación con la actividad asistencial.
 
En consecuencia, Sáez Aguado considera que hay que seguir con la mejora del protocolo de notificación y que, por otro lado, hay que concentrar las actuaciones en las reincidencias. En cuanto a la primera cuestión, ha señalado que habrá que intentar analizar la relación de estos incidentes, especialmente los reincidentes, con las posibles quejas, reclamaciones o sugerencias.
 
Otros datos que se han presentado en la reunión del Observatorio de Agresiones se refiere a los relativos al seguro de defensa jurídica para los profesionales, que ha registrado desde hace dos años un total de 78 expedientes de defensa penal abiertos, de los que un 66 por ciento corresponden a médicos y un 23 por ciento a enfermería, con un total de 158 profesionales atendidos.
 
Además, se han registrado 128 sentencias en los tribunales, 23 de ellas condenatorias por delito, 20 de ellas por delito de atentado, una por lesiones, otra por tentativa de agresión sexual y amenazas y otra por robo con fuerza en las cosas. Por su parte, los 23 expedientes administrativos incoados han culminado con 12 resoluciones sancionadoras, que suman 3.700 euros de multa, habiendo otros seis casos pendientes por encontrarse al mismo tiempo en proceso judicial.
 
En estos nueve meses, ha concretado el consejero, se ha registrado una sentencia sobre una agresión ocurrida en el Centro de Salud de Guardo (Palencia), que ha condenado a una persona a un año de prisión, indemnización de 350 euros y multa de 90.
 
En cuanto a los expedientes administrativos, se han registrado 36 peticiones de incoación, se han iniciado 23 y, al margen de los procedimientos judiciales, se han producido doce sanciones, se han archivado cinco y seis se han suspendido por estar en curso en los tribunales.

Más datos

Por otro lado, se ha abordado la evolución de la situación en los 49 puntos conflictivos detectados en 2012. Así, en 24 de ellos no se ha registrado ningún incidente (el 49 por ciento), mientras que en 14 ha habido uno (el 29 por ciento) y en once se han registrados dos o más (22 por ciento). Sáez Aguado ha adelantado que el próximo año se elaborará una nueva relación de estos puntos.
 
El consejero también ha destacado el aspecto formativo relacionado con la prevención de las agresiones, de manera que este año se han impartido 36 cursos para más de 700 profesionales. Los temas tratados han tenido que ver con las técnicas de detección de conductas violentas, habilidades de comunicación o manejo de pacientes agitados.
 
Además, Sáez Aguado ha recordado que dentro de las medidas que se han implantado en esta materia, se ha impulsado un protocolo que permita a los trabajadores de Sacyl la utilización del teléfono 012 de información de la Junta en caso de sufrir una agresión.
 
Por otro lado, ha recordado que se modificará la ley, a través del proyecto de Ley de Medidas Financieras de la Junta para 2014, con el fin de incluir a los profesionales como autoridad pública, de manera que gozarán de la presunción de veracidad en su testimonio en caso de agresión.
 
Las categorías profesionales que se verán amparadas por esta nueva figura jurídica serán todas las referidas a licenciados superiores, diplomados, técnicos, personal de gestión, de servicios y personal directivo, con una mención especial en la norma a los trabajadores sociales.
 
Como también se anunció en el último pleno del Observatorio de Agresiones, se ha modificado la página de prevención de riesgos laborales en el Portal de Salud de Castilla y León, de manera que se ha hecho más accesible y aporta más información. Dicha página es accesible desde el mes de octubre.
 
Por último, el consejero ha destacado su departamento colabora con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un grupo de trabajo surgido de una moción aprobada en el Senado en 2012 y centrado en el análisis de las medidas adoptadas hasta la fecha en el conjunto del estado, la búsqueda de nuevas medidas y las recomendaciones y propuestas para afrontar este problema.

Copago farmacéutico hospitalario

La Consejería de Sanidad prepara la posible implantación del copago en farmacia hospitalaria para su puesta en marcha a lo largo del mes de enero y al mismo ritmo que el resto de comunidades autónomas al margen del efecto que pueda tener el recurso que presentará la próxima semana contra esta medida.    Así lo ha expresado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha presidido este viernes el Observatorio de agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.
 
Sáez Aguado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que el Ministerio, "informalmente" señaló el mes de enero para la puesta en marcha de este copago, a pesar de que se publicara el decreto para su entrada en vigor en octubre, pero como consecuencia de que las cosas "se hacen mal", ninguna comunidad podía ponerlo en marcha.
 
De esta forma, ha indicado que se ha empezado a trabajar con este escenario con los servicios de farmacia, al mismo ritmo que otras comunidades, independientemente de los efectos que tenga el recurso judicial contra la medida que la Junta presentará la próxima semana.
 
A este respecto, el titular de Sanidad ha aclarado que aunque van a reclamar la paralización cautelar de la resolución, si la petición no se satisface, "habrá que entender que la norma está en vigor" y cumplirla, ya que "los gobiernos no pueden incumplir las normas".
 
Sáez Aguado ha insistido en que si los resultados del recurso no son los que se pretenden, mantendrán que la medida es negativa y que no debería adoptarse, pero al mismo tiempo cumplirán con la obligación de implantarla. "Haremos todo lo que podamos desde el punto de vista jurídico y político, pero los gobiernos no pueden incumplir las normas", ha añadido.
 
Además, ha criticado que algunos gobiernos autonómicos digan que no van a aplicar algunas normas nacionales, unas declaraciones "retóricas" a su juicio porque al final no presentan recurso contra ellas y las acaban cumpliendo.