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Doscientas personas se concentran en Castilla y León contra la Reforma Local y para exigir una nueva Ley de Haciendas Locales

Doscientas personas se concentran en Castilla y León contra la Reforma Local y para exigir una nueva Ley de Haciendas Locales

Por Redacción/Agencias
jueves 19 de diciembre de 2013, 15:07h
   Varios cientos de sindicalistas han secundado este mediodía la concentración convocada por UGT y CC.OO en las distintas capitales de provincia de Castilla y León en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 'ley Montoro', que se aprueba este jueves en el Congreso.
Las movilizaciones más numerosas han tenido por escenario la capital leonesa, con dos concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno y el Edificio Botines, y Salamanca, ante la Subdelegación, en ambos casos con cerca de medio centenar de sindicalistas.    

En León, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Santiago Ordóñez, ha instado a los ciudadanos a la "insumisión" ante esta ley que ha calificado de "inconstitucional" porque regula competencias "que no son propias del Gobierno central", a lo que ha añadido que "hoy es uno día de luto para las juntas vecinales" con la aprobación de esta ley y que pese a que durante el trámite parlamentario se han conseguido avances "el problema es la ley en sí misma".   

En la misma línea, el secretario de UGT en Salamanca, José Luis Hernández Rivas, y Florencio Martín, en representación de CC.OO, han puesto el énfasis en que la 'ley Montoro' supone el paso de competencias a diputaciones para llevar a cabo "privatizaciones" con empleo "privado y precario", lo que se traducirá en la pérdida de bienestar en la provincia.

Ataque sin igual al municipalismo   

Entre los presentes también ha estado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Isidro Rodríguez, que ha reseñado que la decisión del Gobierno es "un ataque al municipalismo como no ha habido otro igual", con un "coste" para el bienestar de los ciudadanos y sin que suponga "ahorro" alguno en las administraciones.   

Palencia ha sido la única capital en la que la concentración se ha escenificado frente a la Diputación Provincial, aprovechando la celebración del pleno de presupuestos, con participación de unas cuarenta personas, mientras que en Valladolid una treintena se ha apostado a las puertas de la Delegación del Gobierno con una gran pancarta bajo el lema 'Es público, es tuyo, sálvalo', tras la cual los participantes no han cesado de corear eslóganes del tipo "menos reformas y más empleo", "ley local, ley fatal" o "los alcaldes de los pueblos se han quedado sin trabajo porque al ministro Montoro le importa un carajo".   

Con esta protesta, a la que se han sumado los concejales de IU Manuel Saravia y María Sánchez, la organizaciones sindicales convocantes, UGT y CC.OO, vuelven a exigir la retirada de dicha ley por entender, en palabras del secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, Carlos López Inclán, "invade las competencias de las administraciones locales y regionales y, sobre todo, va a provocar que un montón de servicios que se venían prestando desde la proximidad recaigan en los gobiernos autonómicos o las diputaciones, lo que se va a traducir en un deterioro de su calidad".   

Pero además, el representante sindical ha advertido que la nueva normativa estatal tendrá una importante repercusión en materia de empleo, "pues la única forma de ahorrar los 8.000 millones de euros que pretende el señor Montoro no sólo es por la vía de reducir la calidad de los servicios sino también de hacer lo propio con el número de trabajadores en el ámbito local", de ahí la petición de retirada y la apertura de negociaciones para una nueva Ley de Haciendas Locales que procure suficiencia económica a los ayuntamientos españoles.    

Aunque el Gobierno justifica esta Ley por una pretendida eficiencia económica en la búsqueda de la reducción del déficit público, UGT y CC.OO la consideran más que dudosa, ya que, recuerdan, la deuda de los ayuntamientos apenas supone un 4% de la total de las administraciones públicas y de ese porcentaje la mayor parte recae en un número muy limitado de grandes municipios y no en los pequeños, que en Castilla y León son más de 2.500.   

En Soria, una docena de representantes sindicales de UGT y CC.OO. han hecho lo propio frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se ha dado lectura a un comunicado en el que se ha puesto de manifiesto que la propuesta del Gobierno "parte de un desconocimiento e incomprensión de la realidad del mundo local" y el convencimiento de que su entrada en vigor "perjudicará al acceso a los servicios públicos locales".   

En Segovia, en una jornada marcada por la lluvia intensa, una decena de personas se ha concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno para reivindicar el municipalismo y rechazar la reforma local por considerarla "antidemocrática" y que "aleja a los representantes de sus representados".

En Segovia sólo quedará el de la capital   

Antes de leer un manifiesto, el secretario provincial de FSC-CC.OO, José Andrés Orejana, ha advertido de que en Segovia la reforma implicará la desaparición de todos los ayuntamientos salvo el de la capital, así como la pérdida de numerosos puestos de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos, que según ha asegurado, serán los "paganos". El sindicato ha pedido al PSOE que, aparte de mostrar su rechazo a la ley como lo ha hecho recientemente en Revenga y La Granja, actúe políticamente en favor del municipalismo.   

Idéntico poder de convocatoria se ha puesto de manifiesto en Burgos en la concentración ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en la calle Vitoria. El secretario de la Federación de Servicios Sociales Locales a la Ciudadanía de CC.OO, Ángel Citores, ha señalado que la reforma local "va en contra de los servicios sociales y también los reduce".   

Asimismo, ha destacado que la futura legislación no plantea ni soluciona cuestiones "importantes" para los ayuntamientos, como su financiación, a la vez que se concede mayores competencias a las diputaciones provinciales.
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